Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Tras conocerse que, por un lado, el pasado 16 de septiembre fue atacado con un machete Jorge Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Bioguí en el municipio antioqueño de Toledo y, por otro lado, se diera a conocer que alrededor de 75 líderes sociales en Antioquia han sido amenazados en 2019; las organizaciones sociales han levantado nuevamente su voz para que las autoridades tomen medidas que mitiguen la delicada situación de Derechos Humanos que no cesa en contra de los liderazgos sociales en Antioquia.
Tal como lo han señalado organizaciones como la ONG Nodo Antioquia, Fundación Sumapaz y Fundación Jurídica Libertad, los hechos victimizantes que se han registrado en el presente año los han hecho por medio de mensajes de Whatsapp, panfletos amenazantes, llamadas intimidantes, mensajes de texto, entre otros. Esta situación ha generado que, entre otras cosas, se produzcan desplazamientos masivos y confinamientos en subregiones del departamento antioqueño.
Recrudecimiento de las amenazas
Frente al recrudecimiento de las amenazas contra los y las lideresas sociales y la preocupación que ha desatado en Antioquia, cabe señalar que según el Registro Único de Víctimas —de enero a agosto de 2018—; se han registrado 2.039 víctimas de amenazas. De esta manera, las amenazas en 2019 se acercan a las registradas en el año 2016 (2.430) y 2017 (2.206 casos) y, de seguir en crecimiento por el resto de 2019, configurarían una tendencia al aumento que se registró en 2018 cuando los casos de amenaza alcanzaron los 3.592 casos.
En este sentido, a pesar de que la victimización por asesinato selectivo a líderes y lideresas sociales se ha reducido en el último mes, Antioquia sigue siendo el segundo departamento más violento para los liderazgos sociales, después del Cauca.
Según cifras de la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, desde la firma del Acuerdo de Paz a la fecha, han sido asesinados 46 líderes y lideresas. Asimismo, los municipios más victimizados son Ituango, Valdivia y Cáceres. Además, sobre la gran mayoría de hechos las autoridades no han podido determinar el actor perpetrador, ni la estructura ilegal, hay casos que sí se le han atribuido al Clan del Golfo.
Ahora bien, de acuerdo con los informes de Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en el departamento antioqueño en el ultimo mes se han registrado cerca de 4.000 indígenas en condición de confinamiento, lo que representan 1.000 familias en esta condición.
A su vez, la victimización se focaliza en Dadeiba, Murindó, Frontino y Urrao. Sobre la situación de desplazamiento forzado según el Registro Único de Víctimas —del 1 de enero a el 1 de agosto de 2019—; se han registrado 8.341 personas expulsadas, 8.731 personas recibidas y 11.463 personas declaradas como víctimas de desplazamiento forzado.
Presencia y accionar de grupos Armados
Paralelamente a esta situación, las organizaciones alertaron que las regiones como el Bajo Cauca y el Valle de Aburrá están siendo declarados como ‘objetivos militares’ por parte de grupos armados ilegales que operan en la zona.
Frente a los recientes hechos en el departamento de Antioquia, desde Medellín el Procurador General, Fernando Carrillo, manifestó la necesidad de que las autoridades locales refuercen estrategias que permitan garantías para el ejercicio que adelantan las y los líderes en los diferentes municipios antioqueños.
En este contexto, Carrillo lanzó la estrategia denominada ‘Lidera la Vida’ que pretende proteger los liderazgos sociales a nivel nacional.
Expansión territorial
De hecho, con respecto a la presencia de grupos armados en el departamento de Antioquia, en el informe “Más sombras que luces, la seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque”, elaborado por la Fundación Paz & Reconciliación, se evidencia que, desde la firma del Acuerdo de paz hasta la actualidad, el Clan del Golfo se ha expandido en seis (6) municipios de Antioquia: Anorí, Ituango, Vigía del Fuerte, Peque, Urrao y Amalfi. Por su parte, el ELN dentro del mismo lapso del tiempo se expandió en dos municipios antioqueños: Yondó y Murindó.
A su vez, el informe de Pares arroja que, en el norte y el nordeste de Antioquia, en los municipios de Yarumal, Briceño e Ituango, se registra presencia de Grupos Armados Postfarc—GAPF. Dicha presencia, tal como lo señaló Pares, proviene de los extintos Frentes 18 y 36, logrando que su influencia se extienda hasta el Urabá, sobre todo en Dabeiba.
De igual forma, preocupa la situación en Antioquia por cuenta del homicidio, pues de los 30 municipios con mayor aumento de homicidio se encuentra Valdivia en segundo lugar, Cocorná en séptimo lugar, Don Matías en noveno lugar, Nechí en el decimosegundo lugar y Tarazá en el lugar número 20.