Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
A Gustavo Petro no se le puede indicar de ser un presidente que está entregando el país o parte de él a los actores ilegales para negociar la paz. A pesar de que actualmente tiene abiertos nueve frentes de paz, donde se involucran por lo menos a 27 grupos armados, todos los procesos se están realizando en mesas de diálogo donde no ha sido necesario despejar ni un metro de territorio para adelantar dichas transacciones.
El tema del despeje de territorios para negociar con grupos armados ilegales ha sido uno de los más discutidos y de mayor controversia en la historia de los procesos de paz en el país (*). Las experiencias de separar la Fuerza Pública de los espacios soberanos y dejar que el grupo armado irregular ejerza dominio sobre ellos ha dejado muy malas experiencias que se buscan no repetir.
El despeje fue una práctica que se popularizó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en la década de 1990. Durante el gobierno de Ernesto Samper, esta guerrilla exigió el despeje de cuatro municipios —La Uribe, La Macarena, Mesetas y Vistahermosa— para poder sentarse a negociar. Situación que fue analizada y llevó a una contrapropuesta gubernamental de solo despejar un municipio —Cartagena del Chairá, Caquetá—, la cual no fue aceptada por la organización insurgente en septiembre de 1997.
Luego le siguió el período de Andrés Pastrana que, como recordamos, despejó un territorio bastante grande de Colombia —42 000 kilómetros cuadrados—. Mediante la Resolución 85 del 14 de octubre de 1998 el Gobierno autorizó el despeje de los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta y de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. Permitió que la guerrilla de las FARC-EP ocupara este territorio para avanzar en un proceso de diálogo y negociación.
Sin embargo, estos territorios fueron aprovechados por el grupo insurgente para fortalecerse como organización armada y aumentar su poder en el país. La gota que rebosó la copa ocurrió el 20 de febrero de 2002 cuando se dio el secuestro del avión donde viajaba el senador Jorge Eduardo Gechem, el cual fue llevado a la Zona de Distensión y con ello, un día después, el presidente Pastrana puso fin a los diálogos de paz.
Toda esta experiencia sirvió para que, de allí en adelante, los diversos gobiernos que buscan la paz por la vía negociada decidieran no despejar ningún territorio. En las conversaciones de paz con las FARC-EP, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2010 y 2016, tanto los acercamientos como la negociación se realizaron en el exterior. Lo mismo pasó con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quien se iniciaron los diálogos en Quito, Ecuador, pero debido a dificultades con este actor se pasó luego a La Habana.
En síntesis, a pesar de que ha sido importante para los actores armados el lugar para negociar la paz —para que se sientan seguros, tranquilos y alejados de intromisiones externas—, la decisión actual del Gobierno es no despejar ni un metro del territorio nacional para negociar la paz. No quieren ceder a los armados ilegales la soberanía del territorio nacional, por pequeño que sea.
Hoy la paz se negocia en el exterior con el ELN y la Segunda Marquetalia. Con el ELN se tiene una Mesa de Diálogo itinerante: inició en noviembre de 2022 en Caracas, Venezuela, continuó en la ciudad de México, se fue para La Habana, Cuba, vino a Bogotá, Colombia, y ahora está de nuevo en Caracas. Además, se espera que continúe en otros lugares del mundo, incluyendo a Europa.
Lo mismo pasa con la mesa que se tiene con la reincidencia de la Segunda Marquetalia. Este proceso se instaló el 24 de junio de 2024 y la Mesa de Diálogos de Paz operó en su primer ciclo de negociaciones en Caracas, Venezuela. También se espera que estos diálogos sigan realizándose en el exterior, pues están vinculados al proceso los países de Cuba, Noruega y Venezuela.
En cuanto a los grupos que negocian en el territorio nacional, hasta el momento no se ha pactado el despeje de ningún territorio. En los diálogos con el Estado Mayor Central (EMC), que empezaron el 13 de marzo de 2023, los cuatro ciclos se han dado en lugares donde la Fuerza Pública ejerce soberanía y brinda seguridad. Como lo fue en el cuarto ciclo de conversaciones, realizado en la capital del departamento, en el Centro Cultural de San José del Guaviare.
Frente a los Espacio de Conversación Sociojurídico con los grupos armados de alto impacto, las mesas están instaladas en la cárceles o lugares administrados por la Policía, el Ejército y los demás organismos de seguridad. Con las bandas del Valle de Aburrá, la mesa se ubica en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, lugar donde se encuentran recluidos los cabecillas de las 14 estructuras armadas que están en el proceso.
Lo mismo pasa con la mesas de Buenaventura y Quibdó. Los acercamientos y diálogos con los grupos criminales como Los Shottas y Los Espartanos, en Buenaventura, o con Los RPS, Los Locos Yam y Los Mexicanos, en Quibdó, se hacen en lugares públicos de la ciudad, que son usados ocasionalmente por los representantes del Gobierno y le las estructuras armadas para hablar y acordar.
Finalmente, lo más seguro es que en los Espacios de Conversación con el Clan del Golfo o el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), al igual que con la Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS), “Los Pachenca”, también se siga está práctica del no despeje. Y que próximamente, cuando se informe sobre el lugar y la fecha de los diálogos, se mantenga la disposición a realizarlo en lugares públicos y con presencia de las autoridades oficiales, donde la ciudadanía, incluso, tenga acceso y pueda participar.
En conclusión, para el Gobierno nacional ha quedado claro que no es conveniente en las negociaciones de paz hablar de un despeje territorial. Que tanto los acercamientos como los diálogos se pueden hacer por fuera del país o en Colombia sin necesidad de sacar a las autoridades estatales de los espacios donde estarán las mesas de conversación. Es posible ofrecer seguridad y facilidad de acceso a espacios de diálogo sin necesidad del despeje.
Para finalizar hay que recordar que hablar de despeje territorial no es lo mismo que acordar un cese al fuego bilateral. Este último es una promesa entre dos ejércitos de no enfrentarse en guerra, de evitar a toda costa no agredir al otro actor. En el despeje se saca a la Fuerza Pública, en los ceses al fuego esta sigue presente en el territorio, defendiendo el orden y la seguridad.
* Para profundizar más en la historia reciente de los espacios para las negociaciones de paz en Colombia, puede consultarse un texto que recién publique con Laura Ocampo, “Dónde negociar la paz: la internacionalización de la paz colombiana, 1980-2023” que lo encontrarán en la Revista Latinoamericana Estudios de Paz y Conflicto, 5(10), 98–112. https://doi.org/10.5377/rlpc.v5i10.17876
**Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
***Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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