• Web

Nada más que discursos

Al alto consejero para paz, Sergio Jaramillo, ha venido desarrollando el concepto de paz territorial, según el cual la aplicación de los acuerdos de paz de La Habana debe, al menos, garantizar tres cosas.

En primer lugar, lograr construir Estado, lo que significa mejorar la eficiencia y eficacia de las instituciones estatales, así como mejorar la legitimidad del Estado y crear ciudadanía en las regiones. En segundo lugar, profundizar la democracia, es decir, garantizar la participación política y movilización ciudadana. Por último, intentar saldar la deuda del Estado Central con las regiones más afectadas por el conflicto, es decir, comenzar a superar las causas estructurales del conflicto. En todo caso este discurso bien articulado y bien intencionado se ha quedado en eso, en un buen discurso.

El gran tema con esto es que la paz territorial aspira a lograr la construcción de Estado en las regiones con la abolición de la corrupción estatal. Se concibe que la corrupción es más fuete en las administraciones municipales y departamentales, por ello existe un miedo a involucrar los municipios y departamentos de forma activa en la aplicación de los acuerdos de paz. La molestia es inmensa por parte de las autoridades locales. De hecho, varios gobernadores y alcaldes manifiestan que el modelo institucional propuesto por el gobierno nacional se los pasa por encima y les crea una institucionalidad paralela. Además, en la propuesta de la nueva institucionalidad el gobierno tampoco le asigna ningún papel a las FARC, es decir, del discurso de inclusión política poco.

La idea de los que han planeado dicha institucionalidad para el posconflicto son dos. Por un lado, que se deben blindar los recursos para el posconflicto de la corrupción local, se presume que este dinero sería malversado por alcaldes y gobernadores o, al menos, mal dirigido. El segundo postulado es que las regiones son ineptas y no tienen capacidad técnica ni política para liderar estos procesos. Se piensa que la corrupción solo ocurre en el nivel local o regional y no en el nacional, lo cual está bastante alejado de la realidad. Sin fortalecer la institucionalidad local y departamental es imposible que la aplicación de los acuerdos y el posconflicto salgan bien.

A nivel nacional suceden varios problemas, por un lado los funcionarios públicos no conocen las regiones lo cual a su vez impide el diálogo con las comunidades y sobre todo la priorización de obras para el posconflicto. Además, si no se integran las élites políticas locales y regionales, así sean corruptas, será difícil por no decir que imposible la implementación de medidas como la restitución de tierras, la movilización ciudadana y la ejecución de proyectos como la formalización de predios rurales. Lo importante es crear medidas para proteger los recursos y mecanismo de transparencia.

Por último, si no se entiende que se deben fortalecer las entidades administrativas no se logrará la inclusión política de minorías y la profundización de la democracia. Es decir, al ganar una alcaldía o departamento los nuevos movimientos sociales se ganarán algo así como la rifa de un tigre. Por ejemplo, la gobernación del Caquetá se encuentra en ley 550 o ley de quiebras así es imposible avanzar en el posconflicto.