Una vez firmado el acuerdo Colombia ya no será la misma, porque la implementación de los acuerdos traerá un paquete de acciones institucionales de alto impacto territorial que permitirá crear un ambiente de favorabilidad al proceso.
El postconflicto como proceso tendrá diferentes momentos y entre estos se contempla la focalización de las acciones de política pública a los municipios que se han visto más afectados por la violencia. Según la Fundación Paz y Reconciliación, son 281 municipios en los que se tendrá que aumentar el esfuerzo para evitar nuevas olas de violencia. Por supuesto el primer termómetro para estos municipios fueron las elecciones de las autoridades locales, porque el apoyo o rechazo de los mandatarios locales para la aplicación del proceso es fundamental para el éxito o fracaso del mismo.
De los 281 municipios identificados por la Fundación tres de ellos son categorizados como corregimientos departamentales y por ende no eligen alcaldías, es por esta razón que el análisis de los resultados se enfoca en los 278 municipios restantes, los cuales se agrupan en 25 departamentos.
En primer lugar se puede afirmar que el mapa de los 281 municipios coincide con una tendencia nacional, ganaron las coaliciones (sin criterios ideológicos, por supuesto). En total 51 administraciones llegan con el aval de más de una colectividad, fenómeno que se generalizó en las elecciones y que da cuenta de la debilidad de los partidos políticos.
No sorprende que dentro de las alianzas sea común encontrar uniones entre Cambio Radical, Centro Democrático , Partido Liberal u Opción Ciudadana; Partido Liberal, ASI y AICO, en fin, cualquier tipo de coalición es posible en la medida en que las colectividades no representan intereses, objetivos o posiciones comunes y más bien actúan como fábricas de avales.
Es en este sentido, rastrear la favorabilidad o el rechazo de la nueva administración en estas 51 colectividades termina siendo un ejercicio difuso, salvo algunos casos como en Granada (Meta) en donde la elección fue ganada por coalición entre el Partido Conservador y el Centro Democrático, los cuales hicieron explícita la postura de rechazo al proceso de paz. Poco se conoce de la posición e interés de las demás coaliciones.
Para el caso de las colectividades que han mostrado abiertamente el rechazo de los acuerdos, llama la atención el caso de Caquetá, en donde el Centro Democrático ganó dos de las alcaldías más importantes del departamento, (Florencia y San Vicente del Caguán), en donde las campañas se movieron bajo el discurso de la Seguridad Democrática y rechazo al Proceso de Paz. Si bien el Centro Democrático y buena parte de los sectores del Partido Conservador (en total sumaron 34 alcaldías) se han mostrado en contra del proceso de paz, preocupa más aquellos partidos que desde los directorios nacionales han empujado y acompañado la mesa de negociación, pero que desde los territorios poco o nada han hecho para fortalecer y acompañar el proceso de paz.
Si se hace el ejercicio -simple- de sumar las administraciones que fueron ganadas por los partidos de la Unidad Nacional y movimientos alternativos, se obtiene que en 183 municipios en los que se supone existirá un apoyo decidió al proceso de paz. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. La Fundación Paz y Reconciliación eligió de manera aleatoria 25 planes de gobiernos de los futuros gobernantes, en ninguno de ellos encontró una apuesta hacía el postconflicto, lo que quiere decir que pese a que este es una realidad y tanto retos como oportunidades para estos territorios son innumerables, los futuros alcaldes no dimensionaron la complejidad del tema y no conocen los acuerdos, en síntesis, no hay un interés sobre el impacto territorial que tendrá la firma del acuerdo de paz.
Adicionalmente, dentro de los candidatos electos al menos cinco de ellos cuentan con cuestionamientos, por mencionar dos ejemplos: en Caucasia el ganador de la contienda electoral fue Oscar Aníbal Suarez quien llega con el aval del MAIS, tres días antes de las elecciones se conoció una denuncia que relaciona al alcalde electo con la muerte de Sergio Guerra.
Otro caso de cuestionados en estos municipios tiene que ver con el alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, quien ganó la alcaldía pese a estar en la cárcel. Torres fue capturado por presuntamente estar relacionado con Germán Gonzalo Sánchez Rey, alias “Coletas”, quien a su vez tenía vínculos con Daniel Barrera, alias el ‘Loco Barrera’.
La sombra de la relación entre las estructuras criminales y los políticos sigue latente en estos territorios y por ende el acompañamiento al proceso de paz y la ejecución del mismo no será en escenario de priorización para la agenda de estas administraciones.
Por supuesto, el panorama para la aplicación de los acuerdos en estos municipios no es muy favorable, es urgente que desde ya se establezcan estrategias que permitan hacer acompañamiento técnico y asistencial a los planes de desarrollo y de esa manera se garanticen desde el nivel territorial, acciones que apalanquen la implementación de los acuerdos de paz y más urgente de esto, es indispensable que se ahonde en los procesos de pedagogía para la paz. Los acuerdos deben llegar a los territorios y los nuevos mandatarios deben tener la capacidad de dimensionar tanto los retos como las oportunidades que tendrá este proceso en cada uno de los municipios.