Por: Redacción Pares
Este miércoles en la sede del colegio San Isidro Labrador, en el noroccidente del corregimiento de Atanquez, en Valledupar (Cesar), los familiares de ocho víctimas de ejecuciones presentadas ilegítimamente como muertes en combate y las autoridades tradicionales pertenecientes al Pueblo Indígena Kankuamo le presentaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sus observaciones a las versiones voluntarias de miembros del Ejército Nacional de Colombia, en el marco del caso 03 de la Jurisdicción.
La JEP escuchó las observaciones, presentadas oralmente en la audiencia, que duró alrededor de nueve horas, sobre los hechos atribuidos a miembros del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, ocurridos entre 2002 y 2005. Esta modalidad de participación de las víctimas, ocurrida el 21 de enero de 2020, se desarrolló precisamente en Atanquez, donde ocurrieron gran parte de estos graves hechos.
La Sala escuchó las observaciones de los familiares de las víctimas kankuamas Uriel Evangelista Arias Martínez, Carlos Arturo Cáceres, Ever de Jesús Montero Mindiola, Juan Enemías Daza Carrillo, Néstor Raúl Oñate, Víctor Hugo Maestre Rodríguez, Hermes Enrique Carrillo Arias, Enrique Laines Arias, quienes fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate.
«Mi papá falleció a causa del asesinato de mi hermano»
En el desarrollo del caso 03 de la JEP, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate», la Sala ha recibido veintidós (22) informes y ha acreditado a 373 víctimas, incluyendo la intervención especial de las autoridades de los pueblos Kankuamo y Wiwa. Además, ha realizado doscientas (200) versiones voluntarias a comparecientes vinculados a las unidades militares mencionadas anteriormente. 59 de ellos estaban vinculados al Batallón La Popa, con sede en Valledupar.
“Mi hermano era un muchacho humilde de 22 años, no era miliciano ni guerrillero. Mi papá falleció del corazón, a causa de la muerte de mi hermano. En nuestra familia mataron primos, tíos y esposos», expresó Sol Maestre, hermana de Víctor Hugo Maestre, quien fue una de las beneficiarias del acompañamiento psicosocial que ofreció la JEP a cada núcleo familiar el día anterior a la audiencia, para que las familias construyeran sus reflexiones y sus reacciones a lo que, hasta el momento, ha sido aportado como verdad por parte de los comparecientes involucrados en los hechos que las afectaron.
Al cierre de la diligencia, el Presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad y uno de los magistrados relatores del caso 3, Óscar Parra Vera, recordó el valor de esta diligencia si se tiene en cuenta algunos antecedentes. Por ejemplo, las medidas provisionales que durante varios años mantuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con hechos de extrema gravedad y urgencia asociados a la victimización sufrida por el Pueblo Kankuamo.
El Magistrado Parra resaltó que uno de los propósitos de la Justicia Restaurativa es esclarecer aquellos sucesos que dejaron una profunda afectación comunitaria, teniendo en cuenta los alegatos en el sentido de señalamientos y sospechas en las que quedaron enmarcados los miembros de la comunidad.
La Sala de Reconocimiento resaltó que una verdad plena y exhaustiva supone el reconocimiento de las víctimas y su dolor e implica reconocer las afectaciones al Pueblo Kankuamo como sujeto colectivo de derechos. La audiencia constituyó entonces una oportunidad, en el marco de la contrastación, de hacer de la voz de las víctimas un elemento constitutivo de la verdad y con ello desmontar la impotencia y rabia causada por silenciamientos previos.