Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
El Instituto Nacional de Medicina Legal lanzó este martes su informe Forensis 2018 el cual describe, mide y analiza el nivel de violencia del país. Uno de los puntos que abordó el texto fue el fenómeno de la desaparición forzada que ha estado ligado directamente con el conflicto armado.
De acuerdo con la investigación, 97.036 personas continúan desaparecidas; sin embargo, el Instituto pudo contrastar que a partir del 2012, fecha en la que iniciaron los diálogos de paz con la exguerrilla de las Farc, descendieron las cifras de personas reportadas como desaparecidas.
Uno de los mecanismos extrajudiciales creados a partir del texto firmado en La Habana es la Unidad de Búsque de Personas Dadas por Desaparecidas en razón del conflicto armado, la cual pretende consolidar una metodología y estrategia para encontrar a las personas desaparecidas en como consecuencia de la conflagración entre guerrillas, paramilitares y agentes estatales.
Otro punto en el que también hizo énfasis el informe fue el de los homicidios, y que si bien bajaron gracias al pacto de paz, ha habido nuevas violencias emergentes que perjudican los logros alcanzados previamente.
“En el Bajo Cauca, el Catatumbo, Putumayo, Cauca y Nariño, principalmente, la violencia ha reaparecido con toda fuerza. Los homicidios se han multiplicado recordándonos que los intereses territoriales son tan fuertes que las vidas humanas pierden todo valor allí”, sentenció Claudia Adriana García Fino, Directora del Instituto de Medicina Legal en el marco del texto.
Y agregó que, tras ocho años de reportar cómo venía descendiendo la violencia letal en el territorio nacional, “debemos hacer aquí un llamado de alerta pues el 2018 marcó el fin de esta tendencia”.
El caso de la desaparición
De acuerdo con Medicina Legal, desde 1930 hasta 2018 se evidenció que el 70,61 % del total de la población víctima de desaparición, corresponde a hombres y el 29 % mujeres, caso contrario en la población adolescente donde se registró el 60 % víctimas mujeres y el 40 % hombres. En ese periodo de un poco más de 80 años se observó un comportamiento “relativamente estable de éste fenómeno aunque con una leve tendencia al aumento”.
Pero a partir del año 1985, época de la expansión del narcotráfico, el paramilitarismo y los grupos guerrilleros, la desaparición forzada irrumpió como estrategia de la confrontación armada y en connivencia con algunas agencias de las Fuerzas del Estado.
Asimismo del total de personas desaparecidas, el 5,56 % apareció muerta; 26,41 % apareció viva y el 68,02 % continúa desaparecida. Cabe destacar que hay dos tipos de desaparición: la voluntaria, e involuntaria. Esta segunda, la más común, cometida por actores independientes, agentes estatales u oganizaciones criminales.
El informe también destacó que desde el año 2006 y hasta el año 2011 los casos de desaparición (forzada o no) de personas “presentó una escalada sin precedentes en la historia del país”. Y solo hasta el año 2012, y sin una explicación consistente se observa una caída significativa del reporte de casos de personas dadas por desaparecidas.
Una de las posibles razones que generaron picos del fenómeno podría coincidir con los períodos electorales y tensos episodios en el marco de la confrontación de los actores armados en el conflicto armado colombiano. Y a razón de que se firmó un pacto con la guerrilla más grande del continente, pudo mitigar este delito.
Victimización a familiares de mujeres desaparecidas
El Instituto también advirtió sobre la problemática de género en este delito en el que si bien los hombres son en su gran mayoría las víctimas, existe una victimización secundaria de familiares, que recae en el género femenino.
Ellas “se enfrentan a innumerables instancias de discriminación, prejuicio y violencia derivada de su condición de mujeres”, reza el informe, pues son quienes viven y sifren tanto la búsqueda de su ser querido desaparecido, como en el arduo proyecto de rehacer sus vidas.
Pero eso no es lo único. Cuando las mujeres son las víctimas directas se encuentra que los derechos humanos vulnerados se dan de manera diferenciada con respecto a los hombres. Sin embargo, el Instituto reconoció que aún hace falta un análisis más profundo sobre la perspectiva de género.