Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El año 2020 significó en muchos territorios el aumento de la violencia, incluso cuando desde marzo se entró en aislamiento preventivo obligatorio este panorama no se redujo ni en ese momento ni en los meses entrantes. En ese año se registraron cerca de 90 masacres, el asesinato de más de 300 líderes/as sociales, y de 64 firmantes de paz, y aunque durante el inicio de 2021 el panorama no parece cambiar mucho, es necesario continuar haciendo una radiografía de lo sucedido en el año pasado para seguir instando a que se tomen medidas de forma urgente.
Recientemente desde la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia (OCHA), se presentó un informe que da cuenta de la situación de desplazamiento forzado y confinamiento durante el 2020, lo cual, entre otras cosas, sigue demostrando como se ha acentuado el deterioro de la seguridad en el país, afectando mayormente a zonas que históricamente han estado atravesadas por el olvido estatal.
Así, hay que señalar que los desplazamientos masivos dejaron más de 25.300 personas víctimas de este tipo de vulneración, es decir más de 7.300 familias desplazadas en 94 eventos masivos, nombrando que una de las principales razones que desencadenaron esta crítica situación fueron los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales, los cuales durante el año pasado demostraron estar fortalecidos y además ganando territorio en el país.
La Fundación Paz y Reconciliación logró establecer que durante 2020 los Grupos PostFarc o Disidencias, el ELN y los Grupos Armados Organizados, doblaron su presencia armada territorial en los últimos dos años. Los Grupos Armados PostFarc pasaron de operar en 56 municipios en 2018, a 113 a agosto de 2020. El ELN pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020, y el Clan del Golfo opera en algo más de 200 municipios actualmente. Imagen: Pares.
En ese sentido hay que señalar que estos enfrentamientos entre grupos armados organizados y delictivos produjeron el 57% de los casos, mientras que por amenazas directas contra la población civil se reportó un 37%. Los departamentos más afectados por estos hechos fueron Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Cauca. Asimismo, hay que indicar que al menos 14.400, es decir el 57% de las víctimas, regresaron a sus hogares.
Las cifras del drama
Recientemente se informó desde la Defensoría del Pueblo que en lo que va del 2021 se han dado más de 200 desplazamientos interurbanos forzados en Buenaventura, Nariño, de donde 10 familias abandonaron sus viviendas ubicadas en los barrios Pampalinda, San Luis, Bellavista, San Francisco, Camilo Torres y Jorge Eliécer Gaitán, en las comunas 10, 12 y 7 de Buenaventura, Valle de Cauca, tras presentarse varios enfrentamientos armados que han puesto en riesgo la vida de los/as habitantes de esta comunidad.
Adicionalmente, desde el sistema de información SIPARES se indica que en Antioquia durante el año pasado se reportaron 15 hechos de desplazamiento forzado, los cuales tuvieron lugar en Tarazá (6), Yarumal (1), Ituango (4), Cáceres (3) y Caucasia (1). Sobre éstos el mayor responsable fue el Clan del Golfo, grupo que estuvo involucrado en el 35.7% de los casos, seguido de Los Caparros, quienes tuvieron responsabilidad en el 14.3% de los mismos.
Por su parte, en el Chocó se tiene el reporte de tres hechos: dos en Bojayá, uno en Alto Baudó y uno más en Bahía Solano. El primero ocurrido en el Alto Baudó en marzo, allí hubo 2025 personas desplazadas, de 462 Familias y 10 comunidades. Igualmente, en abril en Bojayá durante los días 4 y 7 del mismo mes, 393 personas pertenecientes a la comunidad indígena Emberá se desplazaron forzosamente desde la vereda Nueva Jerusalén y Guayabal del Resguardo Pichicora Chicué-Punto Alegre, hacia la vereda Las Peñitas, en zona rural del municipio de Bojayá, Chocó producto de enfrentamientos que se presentaban en la zona entre el ELN y las AGC/Clan del Golfo.
Además, finalizando año y tras el asesinato del líder indígena Miguel Tapí Rito en Bahía Solano, Chocó a manos de integrantes del Clan del Golfo y tras la incursión armada de este grupo, se generó el desplazamiento forzado masivo de 906 personas de las comunidades de Posa Mansa, el Brazo, Bakuru Purru y Boroboro, quienes se movilizaron hacia el casco urbano del corregimiento El Valle.
En Nariño, este escenario no cambió mucho, hubo 15 casos de desplazamiento forzado, los cuales ocurrieron en Roberto Payán (7), Santa Bárbara (1), Cumbitara (1), Barbacoas (2), Olaya Herrera (1) y Tumaco (3). Sobre estos casos los mayores responsables son el ELN con el 20% y el Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc con otro 20%.
Por su parte en Norte de Santander el Sipares reportó seis (6) hechos en Ábrego (2), Puerto Santander, Sardinata, Tibú y Los Patios. En esta zona los principales actores determinadores fueron el ELN 27.3%, Los Rastrojos 18.2, Los Pelusos 18.2%. Mientras que en el Cauca hubo, al menos, 8 casos que se concentraron en Argelia (3) y El Tambo (5), donde el grupo que causó mayores victimizaciones fue el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, quienes cometieron y causaron un poco más del 50% de los hechos.
“El 73% de las personas que se desplazaron en 2020 pertenecen a grupos étnicos (indígenas y afrodescendientes). Llama la atención departamentos como Huila y Bolívar donde no se registraban este tipo de eventos desde hace varios años, evidenciando la expansión y deterioro de la situación en zonas del país donde se percibía aparente calma”, se informa desde la OCHA.
Otras advertencias de la OCHA
A
lo anterior se suma que se alertó sobre el índice de confinamientos en el 2020, pues durante el año pasado fueron, al menos, 74.300 personas confinadas a causa de la violencia, lo que representó un incremento del 163% respecto al año anterior. De estas personas solo el 52% pudieron retomar el acceso a sus bienes básicos y derechos fundamentales. Además, de nuevo, los departamentos más afectados por estos casos fueron Chocó, Nariño y Antioquia, donde habitan cerca de 42.100 de las víctimas, todas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, las cuales en general representan el 58% del total.
Hay que recordar que hace justamente un año la Organización Indígena de Antioquia Mesa Interétnica de Paz de Blanquita-Murrí denunció que los/as habitantes de Amparradó Alto, Amparradó Medio, Amoladora, Cañaveral, Antadó Guabina,Cañaveral Arenera y Genaturadó (Dabeiba), cumplían 10 días de confinamiento debido a los enfrentamientos entre actores armados desconocidos.
Adicionalmente, durante los meses de enero, marzo y abril en Chocó hubo un recrudecimiento de la violencia que llevó a que en este periodo se concentraran los casos de confinamiento en el departamento; solo durante tres meses se reportaron 7 casos en Bojayá, el Litoral del San Juan, Alto Baudó y Riosucio. Esta situación de cierta forma se repitió en Nariño, pues solo entre febrero y abril se denunciaron tres casos de confinamiento en Tumaco, Barbacoas y Magüí Payán, en este último, además, otro caso se presentó en el mes de junio.
Por otra parte desde la OCHA se afirmó que “las víctimas de minas antipersonal aumentaron un 49% en relación con el 2019. El 85% de las víctimas son hombres y un 11.6% del total corresponde a niños y niñas. Los departamentos con más víctimas de minas antipersonal y municiones usadas sin explotar son Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Putumayo y Guaviare. Los principales ataques contra infraestructura y bienes civiles que afectan la supervivencia de las poblaciones, incluyendo misiones médicas, se concentran en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Antioquia, los dos primeros con presencia de cultivos ilícitos y gran afectación de víctimas por minas antipersonales”.
Con este panorama vale la pena señalar que en lo que va del 2021 muchos de los escenarios de violencia de 2020 se están repitiendo. A la fecha y desde el 01 de enero, la OCHA registra que 411 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado, reportándose un hecho en Buenaventura, Valle del Cauca ocurrido el 06 de enero que obligó a 70 personas a desplazarse forzosamente; otro en Tibú que el 10 de enero dejó 67 víctimas; mientras que en Barbacoas, Nariño ya son 243 personas que se han tenido que ir de sus territorios; 11 personas dejaron obligadamente por amenazas el municipio de Argelia, Cauca y 20 más fueron víctimas de estos hechos en Antioquia en dos casos ocurrido en Yarumal e Ituango.