Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: El Tiempo
Desde hace más de un año, un grupo de mujeres indígenas pertenecientes a la comunidad Embera Chamí ha estado asentado en Bogotá en condiciones temporales, a la espera de que el Gobierno Nacional les ofrezca garantías para regresar de manera segura y digna a sus territorios en el Chocó. Este grupo, conformado por cerca de 170 personas, entre ellas mujeres, niños y ancianos, ha enfrentado una serie de desafíos que han llevado a estas familias a interponer una tutela para exigir la atención del Estado, tras más de un año de diálogos fallidos y promesas incumplidas.
El origen de la problemática se remonta a septiembre de 2023, cuando las familias Embera Chamí fueron desplazadas de un albergue conocido como La Rioja, ubicado en Bogotá, debido a un grave incidente de violencia protagonizado por otra comunidad indígena, los Embera Katío.
Según los testimonios de las afectadas, durante su estancia en La Rioja fueron víctimas de amenazas, secuestro e incluso estuvieron al borde de ser sometidas a abusos sexuales masivos. Luz Mery Queragama, lideresa de las mujeres desplazadas, recuerda con dolor aquel episodio y les dijo a un medio de comunicación que: "Casi nos violan, nos secuestran. Cerraron un salón donde nos mantenían por dos días".
A partir de ese momento, las condiciones de vida para las familias Embera Chamí se deterioraron considerablemente, obligándolas a abandonar La Rioja y buscar refugio en otro lugar.
En medio de este contexto, el Gobierno Nacional y la Defensoría del Pueblo intervinieron, logrando rescatar a los miembros de la comunidad y reubicarlos temporalmente en la fundación Predicadores de la Misericordia, ubicada en el centro de Bogotá. La intervención fue crucial para proteger a las mujeres y niños de nuevos ataques, pero las soluciones planteadas por las autoridades fueron insuficientes. Inicialmente, se había estipulado que la estancia en la fundación sería por un periodo de solo ocho días. No obstante, tras más de un año, las familias continúan en el lugar, sin que las autoridades les ofrezcan una solución definitiva para su retorno o una alternativa viable para mejorar sus condiciones de vida en la capital.
El padre Michel Daniel Cuevas, representante legal de la fundación y quien ha asumido la vocería de este grupo de mujeres, ha sido enfático en denunciar el abandono que estas familias han sufrido a manos del Gobierno Nacional y Distrital. En declaraciones a medios de comunicación, Cuevas señaló que la situación es insostenible, tanto para la comunidad indígena como para la fundación, que se ha visto sobrecargada por la falta de apoyo gubernamental: “Para nosotros fue una necesidad acudir a los tribunales de la república para exigir garantías al Gobierno nacional y distrital para estas 170 personas que viven aquí, ochenta niños y aproximadamente unas treinta mujeres. Ciertamente es muy grave la situación que vivió la UPI La Rioja. Después de un año de diálogos, un año de que el padre vaya y hable con las instituciones, no se nos escuchó”.
La fundación Predicadores de la Misericordia, que acoge a las familias Embera Chamí, es una organización sin ánimo de lucro que subsiste gracias a las donaciones voluntarias y el diezmo que recibe de la comunidad. Sin embargo, esta ayuda resulta insuficiente para cubrir los gastos generados por el alojamiento y los servicios que demandan las 170 personas que residen allí. Las deudas por concepto de arriendo se han acumulado, y la fundación se encuentra en una situación económica crítica, al punto de que han solicitado el apoyo estatal para cubrir estos costos.
A pesar de los intentos de la fundación por garantizar condiciones dignas para las familias, el padre Cuevas subraya que el Gobierno ha ignorado sus peticiones. “No les gusta escuchar familias autosostenibles, no les gusta el proyecto que hemos llevado con ellos, pero nosotros como fundación hemos abierto las puertas y ciertamente nos han abandonado y dejado solos”, afirmó. La autosostenibilidad ha sido un tema central en la defensa de la comunidad Embera Chamí, ya que las mujeres y sus familias han mostrado disposición para integrarse en la ciudad de Bogotá, siempre y cuando se les garantice acceso a servicios básicos y espacios adecuados para continuar su desarrollo.
Sin embargo, a pesar de la disposición de estas familias para integrarse en la capital, el proceso ha estado marcado por la invisibilización y la falta de respuesta por parte del Estado. “Hoy más que nunca hemos pedido a los tribunales que intervengan y soliciten a las instituciones mejores garantías y mejores espacios para que ellos puedan vivir y seguir creciendo y formándose en Bogotá”, expresó Cuevas, quien además destacó que solo doce personas de las 170 quieren retornar a su territorio original, mientras que el resto busca establecerse en la ciudad bajo condiciones dignas.
Una de las particularidades de la comunidad Embera Chamí es que, a diferencia de otros grupos indígenas desplazados en la ciudad, han optado por no recurrir a manifestaciones públicas o bloqueos que alteren el orden público y la movilidad en Bogotá. Este hecho, sin embargo, ha jugado en su contra, ya que su lucha ha pasado desapercibida para muchos. Las familias han permanecido en la fundación sin llamar la atención a través de protestas, lo que ha contribuido a que sus demandas no sean priorizadas por el Gobierno.
La situación de estas mujeres indígenas y sus familias refleja una crisis más amplia de atención a las comunidades indígenas en Colombia, especialmente aquellas desplazadas hacia las grandes ciudades. En muchos casos, estos grupos son víctimas de violencia y abandono, sin que el Estado les garantice las condiciones necesarias para un retorno digno a sus territorios o para su integración en el tejido social y económico de las ciudades. En el caso de las familias Embera Chamí, su permanencia en Bogotá ha estado marcada por la espera y la incertidumbre.
Mientras tanto, la tutela interpuesta por las mujeres indígenas sigue su curso en los tribunales, con la esperanza de que esta acción legal finalmente obligue al Estado a ofrecer las garantías necesarias para que puedan continuar su vida con dignidad, ya sea en Bogotá o en su tierra natal. Sin embargo, hasta el momento, la respuesta ha sido insuficiente y las familias siguen esperando una solución que parece estar cada vez más lejana.
La lucha por el reconocimiento de sus derechos y la exigencia de soluciones dignas continúan siendo el motor de estas mujeres, quienes, junto a sus hijos, se aferran a la esperanza de que algún día su voz será escuchada.
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