Mujeres del Bajo Cauca y sus luchas por un país mejor

Por: Ximena Sierra Pérez. Enlace Regional Bajo Cauca. Pares.

Históricamente, la subregión del Bajo Cauca ha sido un territorio con presencia de actores armados ilegales que han ejercido violencia armada hacia los diferentes sectores de la sociedad civil, entre ellos las mujeres. Actualmente en la región hacen presencia grupos armados ilegales como ‘El Clan del Golfo’, ‘Los Caparrapos’, el ELN y disidencias del Frente 18 y 36 de las extintas FARC-EP que disputan el territorio por rentas de economías ilegales derivadas del oro y la coca, lo cual se deriva en sistemáticas violaciones a Derechos Humanos y violación del Derecho Internacional Humanitario hacia la población civil, especialmente la ubicada en las áreas rurales de los municipios.

Después de la dejación de armas de las FARC-EP en el año 2016, la concentración de las estructuras armadas ilegales y, por tanto, la violencia homicida en esta zona de Antioquia ha aumentado. El 2018, con un total de 319 homicidios, 35 de estos a mujeres, fue el año con mayor número de homicidios en esta subregión en los últimos seis años. En Cáceres y Caucasia estos alcanzaron un aumento de más del 150% y del 300% en Tarazá.

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gún cifras de la Unidad para Reparación de Víctimas en 2018 había un total de 685,087 mujeres desplazadas en Antioquia. El desplazamiento y el abandono de sus lugares de arraigo, maximiza las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de las mujeres, acentuadas por el difícil acceso a las oportunidades y los menores niveles de escolaridad registrados en los territorios rurales. Fotografía: Pares.

En el año 2019 esta cifra total disminuyó a 269 asesinatos, 21 correspondiente a mujeres, manteniéndose Caucasia, Tarazá y Cáceres como los más violentos de la región desde 2017. Según cifras de Medicina Legal, entre 2017 y 2019 fueron asesinadas 67 mujeres en Bajo Cauca, y al mes de septiembre de 2020 se han registrado 14 asesinatos a mujeres, 3 de ellas menores de edad.

Uno de los casos más impactantes en la región, fue el asesinato de la lideresa social Mabel Sandra Banda Meneses, quien era la presidenta de la junta de acción comunal del barrio El Paraíso en el corregimiento La Caucana y quien fue asesinada por el GAO ‘Caparrapos’ el 30 de agosto.

Además de esta violencia homicida, las mujeres deben enfrentarse a múltiples hechos de victimización como el desplazamiento forzado u otros hechos de violencia que presentan preocupantes subregistros en esta parte del país, tal como ocurre con las amenazas, secuestros, abusos sexuales, desapariciones forzadas* y reclutamiento forzado. La mayoría de los casos no son denunciados ante las instituciones, debido a que, las mujeres sienten temor por las represalias que puedan tener los grupos armados y por la falta de confianza en la institucionalidad.

Desde el 1 de enero de 2020 al 20 de noviembre del mismo año, dos lideresas sociales han sido asesinadas en Bajo Cauca, una de ellas en el municipio de Tarazá y la otra en el municipio de El Bagre. A su vez, muchas de ellas han sido víctimas de desplazamiento forzado a causa de amenazas a sus vidas en algunos municipios de esta subregión**, sus liderazgos sociales y los procesos organizacionales que jalonan en sus diferentes organizaciones, las han puesto en la mira de los actores armados ilegales, que, a través, del uso de la violencia armada, las han asesinado, amenazado, desplazado y ejercen control sobre sus relaciones sociales.

La mayoría de estas victimizaciones se presentan en áreas rurales de los municipios, debido a, que existe poca presencia de institucionalidad y de fuerza pública. También, las mujeres campesinas, deben vivir en medio de las confrontaciones entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales, o los enfrentamientos entre estos mismos grupos, lo cual, las obliga a vivir en medio de las balas, con el temor de perder su vida, la de sus hijos o esposos en el marco de la violencia.

Según cifras de la Unidad para Reparación de Víctimas en 2018 había un total de 685,087 mujeres desplazadas en Antioquia. El desplazamiento y el abandono de sus lugares de arraigo, maximiza las condiciones de vulnerabilidad y pobreza de las mujeres, acentuadas por el difícil acceso a las oportunidades y los menores niveles de escolaridad registrados en los territorios rurales.

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medio de la pobreza, el desempleo, el desamparo institucional y el miedo, sus poderosos procesos organizativos en defensa de la vida y el territorio son ejemplo y esperanza para las comunidades. Fotografía: Cortesía ASOMUCA.

Uno de los hechos más recientes de violación de Derechos Humanos hacia mujeres residentes en esta región del país, que involucran integrantes de grupos armados ilegales, sucedió el pasado 23 de julio, donde 10 hombres armados ingresaron a la finca ubicada en el corregimiento El Guáimaro del municipio de Tarazá, en busca del esposo de la señora Arleth Cecilia Estrada de 39 años y al no encontrarlo, la asesinaron frente a su hija de 16 años. Antes de quitarle la vida, la torturaron.

Condiciones de vida precarias

En la subregión del Bajo Cauca Antioqueño la mayoría del empleo es informal***, no existen grandes industrias o empresas generadoras de empleo, los principales renglones de la economía son la minería, la ganadería y el comercio, los cuales en su mayoría son ejercidos por hombres, relegando así a la mayoría de mujeres a trabajos domésticos.