Por: Línea Democracia y Gobernabilidad
Es abogado de la Universidad del Rosario, especializado en derecho tributario de la misma universidad. Además, es magíster en filosofía del derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España, y cuenta con un doctorado en filosofía del derecho, moral y política de la misma universidad.
Hizo parte de la creación del movimiento Séptima Papeleta, que fue nombrado en 1991 como asesor de la Asamblea Constituyente de Colombia que redactó la Constitución Política de 1991. Posterior a ello, fue magistrado auxiliar en la Corte Constitucional entre 1992 y el 2000. Después pasó a ser ministro consejero de la Embajada de Colombia ante las Naciones Unidas, ejerciendo como vicepresidente de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales del ECOSOC, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y vicepresidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
Entre 2002 y 2006 fue magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), desde donde fundó y presidió el Consejo Electoral Andino de la Comunidad Andina de Naciones. Tras su paso por el CNE, fue nombrado viceministro de justicia en 2007 durante el segundo periodo de Álvaro Uribe Vélez. Además de ello, ha sido presidente de la Comisión Interamericana Contra las Drogas (CICAD) de la OEA, presidente del Consejo Directivo de la Superintendencia de Notariado, presidente del Consejo Directivo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, presidente del Consejo Directivo de la Imprenta Nacional y presidente de las Comisiones para la Reforma de los Código de Procedimiento Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Sumado a ello, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la universidad Católica y director la Universidad del Sinú, aparte de ser profesor de la Universidad del Rosario, la Universidad Libre y la Universidad de Los Andes.
Toda su trayectoria ha ido de la mano con el Partido Conservador, siendo uno de los pupilos de Carlos Holguín. Por su trayectoria conservadora, ha tenido nexos con personajes cuestionados del partido. Uno de ellos es Camilo Bula, exfiscal de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y artífice del desfalco que tuvo la entidad, que llevó a su condena a 18 años de prisión. Según Bula, Guillermo Reyes habría ayudado a su nombramiento en el DNE, por lo que se vio beneficiado con dádivas. Tras sus declaraciones, Reyes fue citado a interrogatorio, aunque no se conoce ninguna acción judicial en su contra por estos hechos.
A parte de ello, tiene nexos fuertes con el actual senador y jefe del Partido Conservador, Carlos Andrés Trujillo. El nexo entre Reyes y Trujillo data desde que este último fungió como alcalde del municipio de Itagüí, donde Reyes se benefició de un contrato por 208 millones de pesos, a un término de 10 meses. Según denuncias de concejales del municipio recogidas por Vorágine, este contrato habría sido para pagar un favor personal del exalcalde, ya que Reyes impulsó la candidatura de Trujillo por el Partido Conservador para la alcaldía de Itagüí en 2011 sobre otros accionados.
Aparte de dicho contrato, los concejales también denunciaron que el buffet de abogados de Reyes, llamado ‘Reyes & González abogados S.A.S’, desde el 2008 tenía contratos que sumaban casi mil millones de pesos con la Alcaldía de Itagüí. Como señaló en La W Nelson Acevedo, exconcejal del municipio, Reyes habría obtenido contratos “en 2012 por 348 millones de pesos. Luego en 2013, le entregó un contrato de 208 millones de pesos, en 2014 le adiciona otro contrato por 257 millones y en 2015, en su último periodo, firma otro contrato por 135 millones. Un total de 848 millones de pesos le hizo Trujillo a este señor”. Incluso tras la salida de Trujillo, Reyes ha logrado mantener contratos con la Alcaldía de Itagüí, señalado de ser un fortín burocrático y clientelar de Trujillo.
De la cercanía entre Reyes y Trujillo es que su nombramiento como ministro de Transporte es señalado de ser la representación en el ejecutivo del Partido Conservador. Aunque cabe señalar que Reyes ha sabido moverse con la contratación estatal, ya que, como señala Yohir Akerman, ha tenido contratos con “la Alcaldía de Bello, con las gobernaciones del Quindío, Bolívar y Tolima, con la Alcaldía de Chámeza en Casanare, en Samacá en Boyacá, en la Cámara de Comercio de Villavicencio y, ¡oh sorpresa!, con la Alcaldía de Bogotá, mientras Gustavo Petro fue alcalde de esa ciudad”. Con el distrito llego a tener 3 contratos con un valor total por $515 millones.
A sus nexos se le suma el cuestionamiento de haber cometido plagio en dos textos académicos, utilizando ideas de Juan Fernando Jaramillo, el exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional y fundador de Dejusticia. Según sostuvo La Silla Vacía, en su libro ‘El nuevo orden político y electoral en Colombia’, publicado en 2004, Reyes tomó cuatro capítulos de un ensayo de Jaramillo llamado ‘Los órganos electorales supremos’ sin citarlos. Esos mismos capítulos los utilizó en el artículo ‘Régimen electoral y de partidos políticos. Elecciones presidenciales y parlamentarias’, publicado en 2014. Eso, pese a Jaramillo había escrito a la editorial Carsten Wieland por el presunto plagio que cometió Reyes. Estos señalamientos siempre fueron negados por Reyes.
Tras el triunfo de Gustavo Petro el pasado 19 de junio, el Partido Conservador dio a conocer el apoyo a su gobierno, lo que llevó a que Guillermo Reyes fuera nombrado en el equipo de empalme del sector justicia. Eso hizo que sonara como ministro de justicia, pero los cuestionamientos por plagio y una denuncia realizada por Daniel Coronell en la que afirmó que Reyes, cuando hizo parte del equipo diplomático de Colombia en Estados Unidos, obtuvo la nacionalidad estadounidense para su hijo, violando la ley, ya que hay una prohibición legal que impide esos actos, llevaron a que su aspiración al Ministerio de Justicia se cayera, aunque logró quedarse con la cartera de transporte.
Así, tras el proceso de empalme y su respectivo informe, las tres políticas del gobierno del expresidente Iván Duque alineadas con el de Gustavo Petro (semáforo verde) en materia transporte que seguirá Reyes son:
Se mantendrán los programas enfocados en impulsar la infraestructura del país en los diferentes modos de transporte, impulsando especialmente el modo férreo y fluvial para promover la intermodalidad y reducir los costos del transporte dentro de la cadena logística.
Los programas para la modernización de la infraestructura aérea, servicios aéreos esenciales y programa de rutas sociales vinculadas al turismo.
Los procesos de fortalecimiento institucional y la consecución de nuevas fuentes de recursos como titularización de peajes, gestión de valor residual de concesiones y valorización.
Por su parte, no hay políticas que el gobierno de Gustavo Petro no vaya a continuar (semáforo rojo), porque el nuevo gobierno se encuentra en necesidad de:
Impulsar y escalar las iniciativas relacionadas con el ascenso tecnológico de vehículos, más asignación de recursos para programas ambientales dentro del sector, promoción y financiación de tecnologías de cero y bajas emisiones, la necesidad de revisar la operación de los sistemas de transporte público masivo y su déficit, combatir la informalidad en el sector y mejorar las vías terciarias.
Incluir una planeación integral que incluya las condiciones de sostenibilidad en la gestión del río Magdalena.
Revisar los modelos de las concesiones en la gestión de infraestructura a través del mecanismo de Alianza Público Privada (APP).