Por: Línea Democracia y Gobernabilidad
Carolina Corcho nació en 1983 en Medellín. Sus padres son Freddy Corcho, ex diputado por Antioquia y profesor de la Universidad Nacional y Amparo Mejía, ex alcaldesa del municipio de Zaragoza, Antioquia. Carolina Corcho es médica de la Universidad de Antioquia, psiquiatra de la Universidad Nacional y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional.
Corcho ha sido docente adjunta del servicio de psiquiatría de la Universidad Nacional y ha trabajado como psiquiatra en el Hospital Universitario de la Universidad Nacional. También ha sido profesora del posgrado en salud mental de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
Durante la administración de Gustavo Petro en Bogotá, Corcho fue directora de Participación Social y Atención al Ciudadano de la Secretaría de Bogotá y también fue subsecretaria en Gestión Territorial de Salud.
Trabajó en la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) y desde allí fue coautora de la Ley de Residencias Médicas, que aseguró un ingreso económico para médicos en proceso de especialización. Su nombre es recordado por el activismo que realizó en torno al hospital San Juan de Dios de Bogotá y por pertenecer a la Red de Mujeres Progresistas de América Latina.
A nivel internacional, Corcho fue presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur y perteneció a una de las Promotoras de la Cumbre Social y Política que buscaba la reforma estructural del sistema de salud. Sumado a lo anterior, Carolina Corcho fue vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, consultora de la Organización Panamericana de la Salud y parte del equipo evaluador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Siendo vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Corcho denunció las condiciones que rodeaban al personal de salud durante el gobierno de Iván Duque, criticando el papel que tenían las Entidades Promotoras de Salud (EPS) durante la pandemia del Covid-19.
El nombramiento de Corcho como ministra de salud generó diversas opiniones: mientras algunos sectores aplaudieron la designación, resaltando que Corcho ha sido promotora de mejorar el sistema de salud, otros sectores manifestaron que Carolina Corcho no otorga garantías para el sistema salud colombiano y en cambio, propuestas como acabar las EPS, son asuntos de alto riesgo que no pueden tomarse a la ligera.
¿Cuáles son los compromisos de la próxima ministra?
De acuerdo con el empalme del nuevo gobierno, es importante reconocer que las iniciativas de este sector implementadas en el periodo 2018-2022 que son catalogadas como sustanciales y que deben procurar mantenerse, fortalecerse y/o vigilar para el siguiente periodo son:
El fortalecimiento y giro de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) en cuanto al recaudo de las diferentes fuentes y el pago de la UPC y otros recursos, incluso por el mecanismo de giro directo a prestadores.
La ampliación de las capacidades de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) para liquidar EPS y para intervenir prestadores, en especial de la red pública, y ampliar el número de afiliados de unas pocas EPS.
La constitución del Observatorio Nacional de Equidad en Salud (ONES).
Por otro lado, entre las alertas que recibe este ministerio y que estarán en manos de la ministra Carolina Corcho son:
Desfinanciación del sector salud: el Ministerio de Salud solamente cuenta con el 3,2% de recursos presupuestales que no están comprometidos para 2022, destacando que el presupuesto general presentado por el Ministerio de Hacienda para 2023 se encuentra desfinanciado en 4,26 billones de pesos. También existen 14 EPS con riesgo de liquidación que tienen a cargo 10 millones de afiliados. Asimismo, la red pública hospitalaria que atiende migrantes y nacionales, se encuentra desfinanciada en 36 mil millones de pesos para 2022. Se destaca que el 68% de los departamentos en Colombia no tienen actualizada la documentación de la red, por lo que es imposible crear un mapa de necesidades de inversión en infraestructura y dotación.
Pandemia: se debe evaluar la necesidad y el uso de Unidades de Cuidado Intensivas (UCI) creadas a partir de la pandemia, así mismo se debe revisar el mecanismo de recobro por las pruebas Covid por parte de las EPS y las condiciones de compra, aplicación y riesgo de vencimiento de vacunas.
Normatividad: el actual gobierno debe asumir con urgencia la normatividad relacionada a la ruta de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el suicidio asistido, el trabajo decente en salud y las sentencias relacionadas con las demandas ambientales en el país y su relación con la salud de las poblaciones.
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