Línea Democracia y Gobernabilidad
Cecilia Matilde López Montaño es economista, nació en Bogotá pero ante el desplazamiento de su familia en medio de La Violencia creció en Barranquilla. En la década de los 70 se graduó del programa de economía en la Universidad de los Andes y luego se especializó en demografía, en la misma universidad.
El extenso recorrido de Cecilia López en el sector público inició acompañando al presidente liberal Julio César Turbay en la elaboración de su plan de gobierno y de allí pasó a ser jefe de la Unidad de Planeación Nacional entre 1978 y 1980. Luego, en 1981 dirigió el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
Durante el gobierno de Belisario Betancur, López fue viceministra de agricultura entre 1982 y 1985, y desde allí fomentó el reconocimiento y la participación política de las mujeres campesinas creando la Política de la Mujer Campesina, el primer Conpes en el tema. Fue impulsora de la creación de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic).
Tras su labor en el Ministerio de Agricultura y durante el gobierno de Virgilio Barco fue embajadora de Colombia en Holanda entre 1985 y 1988, donde desempeñó una importante tarea en la resolución de conflictos diplomáticos entre Colombia y Venezuela en la Corte Internacional de La Haya.
Después de su paso por el sector diplomático, Cecilia López fue directora del Programa de Empleo en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal. Con la llegada de César Gaviria a la presidencia, López fue nombrada directora del Seguro Social y desde allí se opuso a la privatización y la creación de fondos privados de pensiones. Esta oposición la llevó a renunciar al Seguro Social.
También hizo parte del gobierno de Ernesto Samper: fue ministra de ambiente entre 1994 y 1996, y luego entre 1996 y 1997 fue ministra de agricultura, trabajando por el mejoramiento de las cadenas productivas de alimentos y la eliminación del Instituto de Mercadeo Agropecuario (Idema). Cerró su participación en el gobierno de Samper siendo directora del Departamento Nacional de Planeación entre 1997 y 1998.
Tras su recorrido público pasó a ser consultora del BID, del Banco Mundial y la Cepal. En 2006 fue elegida senadora por el Partido Liberal. Desde su curul lideró debates sobre las ejecuciones extrajudiciales conocidos como “falso positivos” y fue ponente, junto con Gloria Inés Ramírez, de la Ley de Economía del Cuidado en el país.
Su llegada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es, por un lado, el resultado de una amplia trayectoria en el sector público y la esperanza de la configuración de políticas y mecanismos que marquen un punto de quiebre para la historia rural del país y los derechos del campesinado; y, por el otro, un golpe al Partido Conservador, colectividad que tradicionalmente se quedaba con esta cartera.
¿Cuáles son los retos de la ministra de agricultura entrante?
Proponer y tramitar una reforma agraria que se ajuste a las necesidades históricas del país y que tenga directa relación con las causas estructurales del conflicto armado en el país: la distribución y el uso de la tierra.
El establecimiento y la implementación de un censo rural capaz de diagnosticar exitosamente la existencia y la diversidad de las condiciones del campesinado nacional.
Entablar relaciones cordiales con los gremios colombianos que se concentran en este primer sector de la economía: el azucarero, el ganadero, el cafetero, el arrocero, el palmero, entre otros.
Semáforo de políticas públicas En el marco del balance de las comisiones de empalme entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, se definieron las políticas susceptibles de continuar o que deben ser repensadas para el cuatrienio 2022-2026. En el balance se definieron las políticas, programas y proyectos que se cambiarán y las que supuestamente se mantendrían, sin embargo, de acuerdo con el balance del Ministerio de Agricultura, no se definieron las políticas que tendrían continuidad en el sector.
¿Qué se cambiará?
Se reorientará la política actual del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, debido a que va en detrimento de la economía campesina, familiar y comunitaria; la política de crédito agropecuario es casi exclusivamente para la agroindustria y los grandes capitales, y no fomentan la pequeña y mediana agricultura o la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC). Así mismo, no incluyen tampoco elementos de la relación ambiental-rural.
Los proyectos de inversión y programas/líneas de acción del Ministerio de Desarrollo Rural deberán ser analizados en todos los casos, pues la orientación de la política apalanca el desarrollo de la agroindustria, en detrimento de medidas para el fortalecimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria como potencia de la producción y el abastecimiento alimentario en Colombia.
Se revisará la reglamentación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES). Se revisará el decreto de delimitación, el decreto de Banco de Proyectos y la resolución de lineamientos para el Banco de Proyectos.
En la Agencia de Desarrollo Rural se implementará la construcción, terminación, puesta en marcha y operación del distrito de mediana escala San Juan, municipio de San Juan del Cesar.
Se buscará la articulación intersectorial eficiente para la actualización del catastro rural con enfoque multipropósito, que incluya la interoperabilidad de los sistemas de información, así como medidas para su continuo mantenimiento.