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  • Laura Natali Cano Murillo

Malgastar el dinero para la paz es una afrenta contra el país

Por: Laura Cano. Periodista Pares.


El Gobierno ha hecho un llamado a la austeridad en tiempo de pandemia, llamado que al parecer no es muy aplicado en la agenda de la presidencia, pues mientras se pasan tiempos difíciles socialmente y se auguran situaciones complicadas económicamente, los contratos con altas cifras de por medio siguen celebrándose, y estos justamente no van hacia la población que lleva semanas solicitando que se den mínimos vitales para poder pasar la cuarentena. Con dineros de la Paz, Duque contrata empresa que financió la campaña del No en el plebiscito. Es una decisión tan descarada, tan afrentosa, tan burlesca, que solo se le puede ocurrir a una mente muy perversa, manifestó León Valencia, director de Pares.


Este martes se conoció a través de la emisora La FM, que el pasado 30 de abril se firmó un contrato por $3.350 millones con Du Brands S.A.S, bajo el objeto que: “el contratista se obliga a prestar a la entidad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales especializados de apoyo a la gestión de la Consejería Presidencial para las Comunicaciones en la elaboración, implementación y seguimiento de estrategias digitales integrales, así como la producción de contenidos y la administración de los canales digitales de comunicación del Presidente y de la Presidencia de la República”.


Esta compañía, creada hace once años, dedicada a brindar asesoría en comunicaciones, logística de eventos comerciales, también a la recolección y análisis de datos, mercadeo y manejo de redes sociales, ha tenido relación con el actual Gobierno por lo menos en tres ocasiones. En un primer momento, esta empresa otorgó un crédito a la campaña del NO por el plebiscito por un monto de $330 millones al Centro Democrático.


En un segundo escenario, durante la campaña electoral de 2018, se le destinó la suma de $15.000 millones para asesorar la promoción del candidato, ahora presidente, Iván Duque. Más recientemente, en enero de este año la empresa fue contratada con un fin relacionado con el de las comunicaciones por un total de $1.561.075.584, informó El Espectador.


Los otros contratos con Du Brands S.A.S


Recientemente a través de Revista Semana se conocieron otros contratos que fueron realizados con Du Brands S.A.S, la agencia encargada de posicionar la imagen de Iván Duque. Uno de estos fue por de $999 millones, el cual fue firmado el 30 de agosto, cuando todavía no había pasado el primer mes de posesión. Éste iría hasta el 20 de diciembre del mismo año y tenía en sus tareas: “adquirir, depurar, verificar lista de influenciadores digitales con el propósito de interactuar con estos usuarios”.


Poco después de la finalización del contrato anterior se dio vía a uno nuevo el 30 de abril de 2019 al 15 de diciembre del mismo año por $2.698 millones. Este regía con el mismo objeto de realizar actividades relacionadas con estrategias digitales para posicionar al Presidente. Además, en el medio de comunicación también se aseveró que durante enero del presente año y el 29 de febrero había uno más por $780 millones el cual estaba relacionado con tareas de comunicación.


Llama la atención que en los contratos se incluyen costos por “proyectos especiales”, los cuales se ven reflejados en desplazamientos nacionales e internacionales, al parecer del equipo digital y los que superan los $40 millones. Igualmente, se informó que: “los cuatro contratos que se suscribieron con la Presidencia suman más de $8.000 mil millones, los cuales, según logró conocer Semana Noticias, se realizaron por prestación de servicios.”


Dinero para la paz a posicionar al Presidente


Una millonada. $3.350.000.000 fue la cifra que se destinó para, como lo indica el contrato, servicios de estrategia digital, en la que se incluye, entre otras cosas, el posicionamiento on-line del presidente y la presidencia. Éste comenzó a regir desde el pasado 01 de mayo e iría hasta 15 de diciembre de 2020, siendo Hassan Nassar, jefe de comunicaciones de la Casa de Nariño, quien supervisará el contrato.


Pero, ha surgido una duda ¿de dónde está saliendo este dinero?, cuestionamiento no menor dada la coyuntura y las exigencias que se le están haciendo al Gobierno para que atienda de manera efectiva las problemáticas que ha agudizado el COVID-19.


Situaciones en las que se incluyen las precarias condiciones en las que están los 24 Espacios Territoriales en donde 2.893 firmantes de paz que se encuentran llevando a cabo su proceso de reincorporación, que como se indicó recientemente en el portal de Pares, tan solo en el ETCR Heiler Mosquera de Puerto Asís, Putumayo, no hay hospitales en condiciones para atender la pandemia que aqueja a todo el territorio nacional.


Mientras que en el ETCR Martín Villa, ubicado en el municipio de Arauquita, Arauca, se expresa que los proyectos productivos de los excombatientes se están viendo afectados por la actual emergencia sanitaria y que la situación es crítica porque la población no cuenta con ningún recurso para suplir sus necesidades básicas.


Acá algunos que se encuentran en el ETCR, se les ha solucionado el tema de los víveres, pero para quienes no residen dentro del ETCR ha sido muy difícil porque no están recibiendo ni suministro de víveres ni la asignación mensual. Esto necesita unas acciones de urgencia. Hemos hecho peticiones y hasta el momento no han dado trámite.


Bajo este panorama, que no solo está afectando a los Espacios nombrados anteriormente, sino que se está generalizando en los otros 22, es necesario resaltar que el dinero con el que se realizó el contrato con Du Brands S.A.S salió del del Fondo de Programas Especiales para la Paz, el cual de acuerdo con la Ley 368 de 1997 y el artículo 2.2.2.1.1 del Decreto 1081 de 2015, compilatorio del Decreto Reglamentario 2429 de 1997, tiene como objeto “la financiación de programas de paz encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas, que demuestren su voluntad de incorporarse a la vida civil mediante su desmovilización y la dejación de armas.”


A pesar de esta claridad, de las necesidades apenas notorias en los ETCR y de las personas reincorporadas, además de los incumplimientos en los que el Gobierno actual ha resaltado con el Proceso de Paz, el Presidente decide direccionar el dinero dispuesto para dar garantías a quienes dejaron las armas y le apostaron a la paz, a posicionar su imagen en plena emergencia social, sanitaria y económica. Presidente, ¿esas son sus prioridades? ¿Esas son sus formas de ‘fortalecer la democracia’?


Otros gastos de la presidencia


Hacer un repaso por otras acciones que se han hecho desde el Gobierno antes y durante el virus en el país es necesario. Esto porque muchas de las problemáticas sociales que se han mostrado más cercanas con el virus, son el resultado del sistema económico desigual que nos rige, las políticas sin diferenciación que se implementan y unas dinámicas de corrupción y detrimento de los recursos públicos que han estado presentes de forma trasversal en la crisis que hoy nos está tocando en todas las flaquezas que tenemos como país.


Hace tan solo una semana, cuando desde la bancada de oposición del Congreso se hacía la propuesta del Mínimo para la Vida, lo que funcionaría como un recurso económico para garantizar condiciones adecuadas para que las poblaciones más vulnerables puedan pasar con dignidad la cuarentena, el senador Wilson Arias hizo pública la denuncia sobre la compra de 23 camionetas por $9.600 millones de pesos, lo que representaría cerca de 96.000 mercados de $100.000 para familias de cuatro personas. A eso agregándose la compra que se había hecho días antes de 10 tanquetas para el ESMAD, lo cual significó otros $7.900 millones.


La compra de estas camionetas fue autorizada por el Departamento Administrativo de la Presidencia y Jefatura de Protección Presidencial a través de recursos destinados desde el Ministerio de Hacienda y como petición de la Policía Nacional para el esquema de seguridad del presidente, de miembros de la vicepresidencia y algunos consejeros. Asimismo, se advirtió que cada una de estas camioneras estarían en un costo cercano a los $391 millones, las cuales estarían llegando a lo largo del próximo semestre.


Aunque desde las vocerías del Gobierno se ha salido a decir que estos dos últimos hechos solo respondían a unas dinámicas de contratación y compra de años anteriores, cabe señalar que desde muchos sectores se ha hecho la invitación al redireccionamiento de recursos para atender la situación que se ha agudizado con el COVID-19.


Sin embargo, pareciera que ésta, como otras peticiones que se han hecho, han caído en oídos sordos; en el mismo dirigente que hace tan solo unos meses decidió utilizar el avión presidencial para transportar los invitados a la celebración del cumpleaños de su hija.


Esto mientras la historia sigue repitiéndose: zonas con un olvido estatal histórico, gente exigiendo que no la dejen morir hambre, escenarios de violencia agudizándose, y ahora un virus que de nuevo deja a los mismo de siempre sometidos a las políticas de alguien que pone como prioridad figurar en medios, redes sociales y en dar garantías principalmente a su seguridad y a la de su gabinete.

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