• Laura Natali Cano Murillo

Más de mil indígenas se concentran en Bogotá reclamando sus derechos

Laura Cano Periodista – Pares


Son cerca de 1.300 personas indígenas las que permanecen en el Parque Nacional, en Bogotá, exigiendo al Gobierno nacional y a la administración Distrital atención, garantías y acompañamiento para que se respeten y se hagan cumplir sus derechos a una vida digna, a una vivienda, a alimentación, a educación, a salud, entre otros derechos fundamentales.


En el importante punto de Bogotá, según lo dió a conocer la concejala Ati Quigua en su cuenta de Twitter, entre las personas congregadas, se encuentran 280 niños y niñas entre 0 y 7 años, 140 entre 7 y 13 años, 60 madres gestantes, 90 lactantes, 40 abuelos y jóvenes de 13 pueblos indígenas. La mayoría de estas personas llegaron a la capital como víctimas del conflicto armado y, además, sus comunidades han estado marcadas por el olvido estatal en muchos de sus territorios indígenas.


Buena parte de las personas que hoy se encuentran en el Parque Nacional, hicieron parte, también, de los campamentos que tuvieron lugar en el Parque Tercer Milenio, en abril del 2020, también al centro de Bogotá. A ese lugar llegaron varios centenares de indígenas que, en medio de la época más dura de confinamiento, tuvieron que salir a la calles a raíz de no poder solventar sus gastos básicos, pues muchas de estas personas trabajaban de manera informal (en su mayoría vendiendo artesanías), y justamente el trabajo informal, durante lo que ha sido la pandemia en el país, ha sido una de las economías más afectadas. Sobre esto, vale la pena señalar que, según el DANE, «la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,9% para el trimestre móvil mayo – julio 2021. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,1%».


Otra parte considerable de las personas que se encuentran en el Parque Nacional llegaron a este punto como consecuencia del conflicto que se mantiene en muchas zonas con alta población indígena, donde la violencia que se ha ido agravando ha dejado a su paso una serie de victimizaciones, pues gran parte de los territorios indígenas también son disputados por grupos armados ilegales. Esta situación ha provocado, por ejemplo, y dentro del amplio repertorio de violencias que padecen diversas comunidades indígenas, asesinatos contra esta población. Señalaba Gerardo Jumi, consejero General de la ONIC, que durante «este año han sido asesinados 39 indígenas, lo que significa, 4 personas asesinadas al mes por intereses económicos, el narcotráfico, el incumplimiento del Acuerdo de Paz, y por la ausencia de una política se protección de derechos humanos».


Además, a partir de datos de la Defensoría del Pueblo, se conoció que, durante el primer semestre de este año, se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo, donde al menos 44.290 personas, de 15.340 familias, se movilizaron de manera forzada a otros lugares por cuenta del conflicto armado. Adicionalmente, en su informe del primer semestre del año, la entidad registró 68 eventos de confinamiento que obligaron a 36.101 personas, de 192 comunidades, a quedarse dentro de sus territorios. Sobre estas cifras, la Defensoría señaló que parte de las víctimas hacían parte de comunidades indígenas: «Las más afectadas por desplazamiento forzado son las comunidades étnicas (indígenas y afrodescendientes), en el 59% de los casos, y el 41% de los casos no étnicas (campesinos principalmente). Afectados por el confinamiento el 98,5% fueron étnicas y el 1,5% no étnicas».

Por otra parte, hay que resaltar que, entre las poblaciones indígenas que se encuentran en el el Parque Nacional, también se señala que muchas de estas personas llegaron a este punto de la ciudad ante una situación de precariedad similar a la que vivieron en el 2020, pues muchas de estas personas se quedaron sin poder solventar gastos de arriendo. De acuerdo a algunas de sus intervenciones en medios, en su momento, se les dio un subsidio que no abarcó un tiempo y presupuesto idóneo. Ante esto, han exigido que la Alcaldía implemente un diálogo amplio y abierto, donde puedan participar todas las personas afectadas y que se concentran en el Parque Nacional.

Desde la Alcaldía ya se han pronunciado sobre la situación. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, ha asegurado que: “desde marzo del 2020 y en el marco de la emergencia sanitaria, la Alcaldía Mayor, en garantía de los derechos diferenciales étnicos, ha destinado 1.895 millones de pesos en el marco de la atención inmediata a 1.277 personas. Estos recursos fueron entregados a través de bonos canjeables por alimentos, transferencias monetarias del Programa Bogotá Solidaria en Casa, pago de arrendamiento y mercados”.

Además, Gómez señaló que parte de esos 1.896 millones se repartieron así: 508 han sido para garantía de alojamiento, alimento y enseres; y 692 millones se dieron como bonos de arriendo durante la emergencia sanitaria. Asimismo, también se aseguró que la Secretaría Distrital del Hábitat entregó 181 millones de pesos en arriendos y la Secretaría de Integración Social 161 bonos de arriendo por 4 meses, kits de alimentos y aseo, mercado y 396 alojamientos de emergencia por un valor de 514 millones pesos. A lo que se sumarían 482 millones de giros humanitarios de la Unidad para la Atención a las Víctimas de 2020 a 2021.

Sin embargo, desde el Distrito se responsabiliza al Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), como las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de los territorios indígenas.

Hay que traer a colación que, de acuerdo a lo establecido por El Espectador, se logró saber que, según «el Registro Único de Víctimas, en los tres primeros meses de este año habrían llegado alrededor de 6.500 indígenas a la capital». Así las cosas, se espera que los organismos nacionales y distritales puedan generar espacios de diálogo con esta población, y así llegar a acuerdos y la toma de acciones que permitan resolver parte de las problemáticas estructurales que han afectado a las comunidades indígenas por años.