Por: Laura Cano
Periodista Pares
De nuevo, como una noticia constante en Colombia, se resportó un nuevo asesinato selectivo cometido contra un líder social. Esta vez el hecho se registró en Montelíbano, Córdoba, y la víctima fue Luis Alberto Ramos Vertel, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Antonio, y líder activo de la red de Derechos Humanos de la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba, ASCSUCOR.
Sobre estos hechos se conoció que el líder fue asesinado cerca a su vivienda por sujetos aún no identificados. Además, se ha informado que le fue propinada una herida a la altura del corazón con un arma cortopunzante, así como otros impactos corporales con un objeto contundente. Hay que señalar que el líder comunal era altamente reconocido en la región del alto San Jorge.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">En mi visita al corregimiento Juan José, Puerto Libertador, conocí a Luis Alberto Ramos Vertel y el trabajo que hacía por su comunidad. Es inaceptable que diariamente contemos asesinatos a líderes, lideresas y firmantes ¡La implementación del Acuerdo es un compromiso de Estado! <a href="https://t.co/NKB7n9ySXg">https://t.co/NKB7n9ySXg</a></p>— Victoria Sandino (@SandinoVictoria) <a href="https://twitter.com/SandinoVictoria/status/1457779606879047690?ref_src=twsrc%5Etfw">November 8, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Sobre los hechos desde El Heraldo se citó lo comunicado por la Fundación Social Cordoberxia: “Creemos que ha habido desatención de la Alerta Temprana, creemos que el ente territorial ha hecho caso omiso a las obligaciones que tiene enmarcadas en la protección de los líderes y lideresas, especialmente en la implementación del Programa Integral de Seguridad y Protección”.
Sobre esto, hay que señalar que desde la Defensoría del Pueblo se había emitido en diciembre de 2016 la Alerta Temprana 054, en la que se advertía el riesgo en relación con la disputa entre actores armados ilegales por el control de los corredores de movilidad para el tráfico de armas y el narcotráfico. Este documento había estado enfocado en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta.
Vale la pena señalar que por medio de esta acción de la Defensoría, se llamaba la atención sobre la seguridad de los líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal. Adicionalmente, se identificaba como focos de riesgo a los dirigentes campesinos vinculados a ASODECAS, ASCSUCOR, COCCAM, FUNSACP, ANZORC y CORDOBERXIA; así como a quienes participan del Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, PNIS. Es decir, desde el 2019 había sido identificados varios factores de riesgo que abarcaban la condición de dirigente y líder de Luis Alberto Ramos Verte.
Sobre el contexto de estas zonas la Defensoría exponía: “En este espacio confluyen los intereses de diversos actores armados legales e ilegales atraídos por la fertilidad de los valles del Sinú y el San Jorge, la riqueza hídrica y los recursos del subsuelo que han dado origen a la creación del Distrito Minero Montelíbano en la subregión del San Jorge, cuyos principales recursos minerales están representados en ferroníquel, carbón, oro, plata y cobre. Ello ha favorecido la implementación de una economía extractiva de enclave que permite la transferencia de la mayor parte de las ganancias a urbes lejanas, a costa de la explotación de los recursos y pobladores locales que se ven impactados por el incremento de la concentración de la tierra, la pérdida de referentes culturales, sitios de culto y la afectación a los medios de vida derivados de la economía campesina e indígena de subsistencia. Tal escenario ha impelido a los campesinos a la ampliación de la frontera agrícola, a costa de las zonas amortiguadoras y ecosistemas estratégicos del Parque Nacional Natural Paramillo y ha sido un factor de vulnerabilidad frente a su vinculación a economías ilícitas para poder sobrevivir”.
Hay que recordar que e estos municipios de C´rdoba operaban los frentes 5, 18 y 58 de las desmovilizadas FARC-EP, y luego de la firma del Acuerdo la zona ha ido siendo copada y controlada por las AGC, los disidentes de las Farc Frente 18, quienes tendrían una alianza con el Bloque Virgilio Peralta Arenas –conocido por la fuerza pública como ‘Caparrapos’ o ‘Caparros’- y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“A partir de la presencia de estos actores armados ilegales, con intereses antagónicos sobre las economías ilícitas y el control del territorio, se han reconfigurado las dinámicas territoriales de violencia en Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré: de tal suerte, se ha dado un tránsito de zonas de control hegemónico de las AGC a zonas en disputa”, se afirmaba desde la Defensoría del Pueblo.
Así las cosas, vale la pena traer a colación que entre 2020 y lo que va del 2021 en el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación, SIPARES, se han registrado 15 asesinatos contra personas que ejercen liderazgos sociales en este departamento.
Asimismo, durante este periodo de tiempo se identificó desde el SIPARES que los líderes más afectados por cuenta de los asesinatos selectivos, fueron los pertenecientes a juntas de acción comunal. Además, y como es común en este tipo de hechos, en la mayoría no se ha identificado al actor victimario. Adicionalmente, dos de estos asesinatos fueron cometidos contra mujeres lideresas.
Con este contexto, el llamado es a activar las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana 054, así como a que las instituciones con injerencia tengan en cuenta y actúen frente a las denuncias hechas por las organizaciones sociales del sur de Córdoba. Por otro lado, el caso de Luis Alberto Ramos Verte se convierte en una nueva exigencia en todos los casos de líderes sociales asesinados en Colombia.