Por: Camilo Díaz Suárez
Investigador nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad
El día de hoy se ha conocido que la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar, ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2015. Por este hecho ya se le habían imputado cargos el 8 de julio del presente año.
Las irregularidades se habrían presentado en la tramitación de un contrato entre el departamento y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, el cual tenía un valor de 17.140 millones de pesos y un plazo de ejecución por 59 días. Dicho contrato fue firmado durante su primer periodo como gobernador del Cesar, entre 2012 y 2015.
La Fiscalía encontró nueve inconsistencias en el proceso de contratación, entre las que se encuentran: falta de estudios previos, prepliegos amañados y omisiones a requisitos de ley en el proceso de contratación, evaluación y liquidación, lo que habría ocasionado un peculado estimado en 3.172 millones de pesos.
También se habrían encontrado sobrecostos en la adquisición de productos, como fue el caso de un avalúo de 1 kilogramo de hígado en $65.000 mil pesos, cuando 1 kilo de carne se estima en $14.000 pesos. Además, se habría evidenciado la entrega de alimentos en mal estado, como lo sucedido en la Institución Educativa Distrital Sagrado Corazón en Aguachica.
Este mismo contrato es investigado por la Contraloría General y la Procuraduría y, por estos hechos, Monsalvo fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
Los otros cuestionamientos de Luis Alberto Monsalvo
Este es otro enredo judicial al que se enfrenta el gobernador del Cesar, quien fue electo por primera vez para ese cargo en 2011. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) anunció, en agosto de este año, que Monsalvo Gnecco ha sido investigado desde 2016 por la Contraloría General debido a 11 contratos celebrados por la Gobernación, con recursos del Sistema General de Regalías, en los que habría obras inconclusas y un detrimento patrimonial.
En el marco de un proceso de responsabilidad fiscal por 50.893 millones de pesos, la Contraloría habría impuesto una medida cautelar en contra de Monsalvo. Este proceso se dio en razón a un contrato firmado en 2014 para la construcción de dos centros de desarrollo tecnológico de investigación ganadera y pesquera que no se han concluido.
Dichas obras, de acuerdo con la Contraloría, estaban previstas para ser ejecutadas en 9 meses y 20 días, pero su ejecución se desarrolló en 21 meses y 14 días, 354 días más del plazo previsto inicialmente. Adicionalmente, para el equipo auditor, no se cumplió el objeto del contrato, lo que ha llevado a retrasos en las obras hasta este momento. También en estas obras habría irregularidades en los gastos de materiales.
De igual forma, Pares había denunciado 32 contratos con irregularidades suscritos por Monsalvo Gnecco durante la crisis sanitaria del covid-19 en el informe “El cuestionado manejo de recursos públicos en medio de la pandemia”. Los contratos tenían por objeto la provisión de kits de alimentación para la población vulnerable, en los que se habrían presentado sobrecostos de alrededor $4.589.144.000 y doble contabilidad de $375.251.474. De estos 32 contratos, solo 24 tenían soportes públicos.
Añadido a lo anterior, en 2020, la Corte Suprema de Justicia lo había relacionado con el delito de corrupción al elector en su primera campaña electoral hacia la Gobernación del Cesar. Esto debido a que habría realizado una alianza con líderes de las zonas de invasión en Valledupar de Tierra Prometida, Guasimales y Emmanuel. Con las personas que habitan estas zonas, entre las que hay varias víctimas del conflicto armado, presuntamente realizó un compromiso de mantenerles la situación de ilegalidad a cambio de votos.
Por estos hechos, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a un mes y 16 días de prisión, el pago de una multa de 301 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante su condena. Sin embargo, fue absuelto y puesto en libertad en septiembre de 2020, al considerar la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que sus acciones no constituyeron un comportamiento de tipo penal.
Por otro lado, en agosto del presente año, el senador Antonio Sanguino publicó pruebas para demostrar que el gobernador del Cesar estaría beneficiando a su hermana, Paola Monsalvo Gnecco, con contratos estatales. El senador denunció un entramado de corrupción, al descubrir una presunta relación entre particulares que contratan obras civiles con la Gobernación y una cantera ubicada en un predio El Consuelo, de los Monsalvo Gnecco, llamada La Peña de Horeb, desde donde se proveen materiales e insumos para esas obras. El Consuelo es una sociedad constituida para realizar actividades comerciales como explotación de minas, cría de animales y construcción de obras de ingeniería civil, cuya representante legal es Paola Monsalvo. Empresas contratadas para suministrar materiales de obra (como GEICAR S.A.S.) se abastecerían de esos suministros en El Consuelo.
El ‘Clan Gnecco’
Los Gnecco son una familia con gran poder político en el departamento del Cesar, aunque son de origen guajiro. Durante la bonanza marimbera y el contrabando de café, la familia amasó una gran fortuna.
Jorge Gnecco Cerchar fue el patriarca de la familia y diferentes sentencias dieron a conocer que él fue uno de los precursores del paramilitarismo. Tuvo su propia Convivir llamada Sociedad Guaymaral Ltda, y mantuvo varias reuniones con jefes paramilitares como Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Jorge fue quien decidió la incursión familiar en la política, logrando varios cargos como la Gobernación del Cesar con su hermano Lucas Gnecco, un escaño en el Congreso con su otro hermano ‘Pepe’ Gnecco, la Alcaldía de Santa Marta con su sobrino Hugo Gnecco, un puesto en el Senado con su sobrina Flor Gnecco, y otra vez la Gobernación con su cuñado Rafael Bolaños. Lucas y Hugo Gnecco han enfrentado diversas acusaciones por corrupción. En cuanto a su primo, el senador José Alfredo Gnecco, tiene tres procesos penales en la Corte Suprema de Justicia de los que, por ser privados, se desconoce su contenido.