Por: Observatorio para la Defensa de la Vida
Nota Evento Escazú
El Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) escuchó a líderes de tres organizaciones sociales de las regiones de Catatumbo, Putumayo y Norte del Cauca. Desde los territorios, las organizaciones, los líderes y las comunidades exigen la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso en Colombia.
El Acuerdo de Escazú es una herramienta internacional que busca proteger el patrimonio natural y la vida de quienes lo defienden desde las organizaciones sociales y comunitarias de base. Por esto, ODEVIDA les preguntó a los líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA) y la Asociación de Consejos Comunitarios de Norte del Cauca (ACONC), por las afectaciones ambientales a las que se han visto enfrentadas sus territorios.
En las tres regiones coinciden las afectaciones causadas por aspersiones con glifosato. Las aspersiones, que hacen parte de la estrategia de guerra del gobierno contra las drogas, no han aportado a la solución de la violencia asociada a la cadena del narcotráfico. Al contrario, resaltan las organizaciones, las fumigaciones con glifosato contaminan los suelos y las fuentes hídricas, dejando sin recursos fundamentales a los habitantes de los territorios en que se hacen, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de las comunidades que dependen principalmente de la agricultura, la ganadería y la pesca. Pero también, nos cuentan los líderes, las comunidades de estas regiones ven amenazada su permanencia en el territorio debido a la actividad de explotación de recursos minerales, energéticos y el monocultivo de productos como caña de azúcar y palma de aceite.
Estas actividades de monocultivo, extracción, explotación y fumigación se alinean con un modelo económico insostenible que invisibiliza los conocimientos de las comunidades. Juan Carlos Quintero, directivo de ASCAMCAT, nos cuenta que, desde los años treinta del siglo pasado, distintos frentes empresariales han ejecutado sus procesos económicos a costa de la exterminación étnica y ambiental. Para esto han contado con el aval de los gobiernos en la región del Catatumbo.
Las organizaciones sociales de base como ASCAMCAT, ACONC y la ZRCPA, realizan labores de defensa, pero además adelantan un proceso juicioso alrededor de la generación de propuestas de trabajo para el buen vivir en sus territorios. Rubén Pastrana, desde Putumayo, hace hincapié en las herramientas jurídicas a las que las organizaciones han logrado acceder mediante la incidencia y la movilización social. Entre estas herramientas destaca la Sentencia T-052 de la Corte Constitucional que manda la ampliación de los resguardos indígenas en la región y la constitución de la Zona de Reserva Campesina. El Acuerdo de Paz también es, sin duda, una hoja de ruta para la defensa del territorio y la protección de la vida de sus habitantes y defensores. Plinio Mina, coordinador de derechos humanos de ACONC, hizo énfasis en la urgencia de su implementación.
Sin embargo, estos documentos existentes no han sido implementados. Para que sean efectivos es necesario que haya voluntad y entendimiento sobre su pertinencia en los órganos del Estado Social de Derecho. En este sentido, los líderes hacen un llamado al Congreso electo y al gobierno que inicie su mandato este año, a ratificar el Acuerdo de Escazú; a garantizar su implementación y la del Acuerdo de Paz; y a cumplir efectivamente los mecanismos que garanticen los derechos de las comunidades a permanecer y vivir bien en sus territorios.