Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El pasado 28 de mayo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) cumplieron sus primeros cinco años de vida, exactamente la mitad de lo que durará su existencia, según el Decreto Ley 898 de 2017 que los creó y que estableció una década para su implementación.
Estos programas tienen como propósito mejorar las condiciones del campo y el ámbito rural en todo el territorio nacional. Sin embargo, inicialmente, se han planteado atender solo a 11 mil veredas en los 170 municipios más afectados por el conflicto armado con las FARC, que se agrupan en 16 subregiones de 19 departamentos.
Es decir, la idea que tienen estos programas es desarrollar proyectos económicos y sociales estratégicos para los territorios locales, de manera que se avance con la presencia de la estatalidad en el desarrollo regional y se reduzca la desigualdad entre el campo y la ciudad para frenar las disputas territoriales.
Estos programas permiten observar que en el Acuerdo Final de Paz se reconoció y tuvo en cuenta que, así como el conflicto tuvo y tiene una presencia dispar en el territorio nacional, también las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y sus comunidades son diferentes, por lo que se requiere implementar políticas con un enfoque diferencial y territorial, que prioricen aquellos territorios que más lo necesitan. En esta medida, los PDET se convierten en Colombia en el componente más importante para la construcción de una paz con enfoque territorial.
A pesar de su importancia y la necesidad que se tiene de la implementación de estos programas para la paz, los múltiples problemas que hasta hoy se han identificado, en su corta existencia, evidencian el mal proceder del Estado en el cumplimiento de esta promesa del Acuerdo a las víctimas.
Varios hechos dan cuenta de las grandes debilidades que se tienen en torno a los PDET en Colombia.
El primero fue las dificultades para que se lograra la participación de la ciudadanía en su construcción. La apuesta inicial fue que los programas se elaboraran en los mismos territorios con la participación de los diferentes sectores de la sociedad –entre estos las asociaciones de víctimas, minorías étnicas, organizaciones de mujeres y población LGTBI– y de las autoridades territoriales.
Sin embargo, debido a complejidades geográficas, demográficas y de orden público no se logró una participación real y efectiva de las comunidades y pobladores de los territorios en los Núcleos Veredales, las Comisiones Municipales y Subregionales en el diseño de los programas. En breve, no hubo la extensa participación que se quería, además las autoridades departamentales y municipales no tuvieron el protagonismo esperado.
Lo que provocó que al final solo se tuviera, según los informes de la Procuraduría General de la Nación en 2021, una participación de 200 mil personas en torno a las asambleas comunitarias y grupos motores en la elaboración de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), en un proceso multinivel –veredal, municipal y regional–.
Segundo, en la fase de la planeación presupuestal y de inversiones (no todos los proyectos priorizados por las comunidades se iban a gestionar y realizar las inversiones) se sacó a las comunidades de estas decisiones, quitándole la naturaleza participativa a los programas. El Gobierno Nacional cerró las puertas a las comunidades y monopolizó el proceso de las Hojas de Ruta de los 16 PDET.
Tercero, una vez construido el camino para las inversiones, estas se retrasaron y manipularon por los organismos de planificación del Estado central. A un año de aprobados todos los PDET, las inversiones en los municipios priorizados eran escasas. El tercer informe del Instituto Kroc advertía que les preocupaba “que la implementación de este punto continúa siendo lenta”.
Lo que significa que la oferta de bienes y servicios públicos prometidos en los territorios apartados e históricamente olvidados por la institucionalidad, para así saldar la deuda histórica que tiene con sus pobladores, no se estaba logrando.
Y, por último, cuando se pensaba que se estaba avanzando con las inversiones, se observa que los pocos o muchos recursos que llegaron a los proyectos PDET han sufrido del mal de la corrupción. La trágica noticia que todos hemos escuchado en las últimas semanas sobre las inversiones del OCAD-Paz, que han sido aprovechadas por políticos y funcionarios públicos, muestran que continuamos por el camino equivocado.
El Gobierno Nacional ha llegado a la mitad de la vida de los PDET en medio de la denuncia de unos mandatarios locales sobre el cobro de unas coimas de los recursos destinados a financiar las iniciativas priorizadas por la ciudadanía más abandonada y pobre –en su mayoría son municipios de sexta categoría caracterizados por una débil capacidad administrativa–.
En conclusión, la celebración de los cinco años de los PDET es triste. Y nos debe de hacer pensar y reflexionar si queremos que el resto de la historia siga construyéndose así. Debemos hacer un giro para que realmente se avance y se cumpla con el conjunto de medidas para transformar el campo colombiano, con miras a reducir la inequidad social, el atraso productivo y la situación de marginalidad.
No debemos permitirnos dejar sumidas a comunidades rurales en la pobreza y padeciendo de las múltiples violencias en un conflicto armado interno que se está reactivando. Podemos tomar acciones urgentes como aprovechar las iniciativas de gestión y proyectos que fueron priorizados por las comunidades y que no han sido viabilizadas aún para ejecutarlas.
Acciones como estas podrían, de alguna forma, comenzar a remediar la ineficiencia que ha tenido el Estado en los primeros cinco años de la vida de los PDET. Trabajar para que se remedie en parte la legitimidad y la confianza en las instituciones. Y, finalmente, avanzar en la reconstrucción del tejido social, la profundización democrática y la recuperación de condiciones cívicas de convivencia y cooperación.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.