Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Históricamente ha sido una realidad que parte de las victimizaciones cometidas en el marco del conflicto armado han sido dirigidas específicamente dirigidas contra jóvenes. Solo un escenario por el cual se puede denotar esto es el reclutamiento forzado a niños, niñas y adolescentes; según el informe ‘Una guerra sin edad’ del Centro Nacional de Memoria Histórica publicado en el 2017, se registran 16.879 casos concentrados principalmente en el Meta, Tolima, Cauca, Urabá, Santa Marta, Medellín, Montería y Bogotá. Además, se estableció que en la mayoría de los casos los menores fueron reclutados a los 14 años, sin embargo, 910 de estos fueron menores de esta edad.
Ahora bien, a la fecha el panorama en general no ha cambiado mucho, pues varios de los hechos violentos en los últimos años han sido cometidos directamente contra menores. Esta es una realidad que se sigue demostrando, y la que se puede evidenciar incluso sin ir mucho tiempo atrás.
El pasado martes a través de Pares y distintos medios de comunicación se informó que en el casco urbano del municipio de Tazará, más exactamente en el barrio Palmas Altas, habían sido asesinadas tres personas en medio de una masacre cometida en la zona luego que hombres armados llegaran hasta este punto y comenzaran a disparar indiscriminadamente. Las víctimas: Deibinson Jarmillo, de 17 años; Jhon Cuello Jaramillo, de 18, y Brayan Duván Tapias, de quien todavía no se ha establecido la edad.
Solo un día pasó desde este hecho para que también en Antioquia -uno de los departamentos con mayores índices de violencia en lo corrido del 2020-, más exactamente en Segovia y Remedios, comenzara a circular un panfleto que ponía como objetivo militar del frente Virgilio Peralta Arenas de Los Caparros a 19 jóvenes, a quienes señalan de ser colaboradores del Clan del Golfo, grupo con el que libran una disputa, que ha venido afectando especialmente a varios de los municipios del nordeste antioqueño.
En el panfleto se lee: “Este comunicado es con el fin de advertir a todo el comercio en general y a las minas que se le están cobrando por extorsiones en nombre de nuestra organización frente Virgilio Peralta Arenas Caparrapos, se hace un llamado a los individuos los cuales tenemos identificados, entre ellos unos del famoso Clan del Golfo, que a partir de la fecha enero 16 del 2021 desde las 00:00 horas son declarados objetivo militar de nuestra organización a los siguientes individuos y otros más que están plenamente identificados. Todos los informantes y colaboradores del Clan (del Golfo) y Libertadores están plenamente identificados. Llega la hora de la verdad, porque están desangrando el pueblo, les pagan y siguen mandando a los bandidos a las minas y al comercio a nombre de nuestra organización”.
Según se informó, el panfleto está siendo investigado para conocer la veracidad de este. No obstante, desde la Defensoría del Pueblo de Antioquia, una vez se conoció que uno de los amenazados/as era un líder comunitario del municipio de Segovia, el defensor Yesid Zapata, indicó a través de Caracol Radio que “Por medio de esta denuncia solicitarles a todas las autoridades activar todas las rutas y mecanismos para proteger a este líder, sobre todo en este momento que viene atravesando el país. Este líder y al igual que muchos otros en el municipio de Segovia lamentablemente siguen siendo objeto de graves amenazas por el fortalecimiento de estos grupos ilegales en la zona”.
Fuentes en esta zona de Antioquia afirmaron que es inminente el riesgo en el que están los jóvenes en este punto de Antioquia, pues a través del reclutamiento forzado estos grupos armados ilegales se han ido fortaleciendo, a tal punto que estas estructuras están siendo altamente formadas por menores, lo cual la comunidad ha podido evidenciar en incursiones armadas, en las cuales, como se narra, “es gente muy joven la que llega armada”.
Por otra parte, es necesario señalar que se ha denunciado que este no es el primer panfleto o amenaza que llega a los municipios, por el contrario, se ha vuelto una constante que circulen audios, documentos, mensajes, señalando a la población civil, sin embargo, la poca investigación sobre éstos y acciones concretas para mitigar los riesgos, lo que ha terminado provocando es que sea muy poca la atención y relevancia de estas amenazas, incluso desde la misma comunidad.
Asimismo, hay que señalar, en esta zona de Antioquia una de las principales actividades económicas es la minería, la cual se realiza a pequeña escala como parte de una labor tradicional de los habitantes de los municipios, pero también se han dado licencias a grandes proyectos mineros lo que ha afectado a los primeros, y a su vez ha generado otra clase de conflictos ambientales y sociales, e intereses como lo son las rentas a quienes realizan estas labores por parte de los grupos armados ilegales.
Con este primer panorama desde Pares se habló con Carlos Morales, dirigente campesino y representante legal de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño -Cahucopana-.
Pares: Se nombraba que esta situación de amenaza, bajo esta dinámica, es recurrente en los municipios. ¿Es así? ¿A qué obedece que no cesen estos hechos?
Carlos Morales: Es así. Hace poco circuló un audio, pero realmente después de analizarlo lo primero que se puede decir es que era un audio irresponsable porque no da temor realmente. Ese es un ejemplo, porque así que nos la pasamos; entre amenaza y amenaza que sacan varios grupos para atemorizar principalmente al comercio y a la minería. Por otro lado, también pasa que hay personas que se hacen pasar como miembros de estos grupos para cobrar impuestos y por eso es que se asesinan entre ellos.
Pares: Actualmente, tras lo sucedido, se ha enunciado que se iniciará verificando la veracidad de este panfleto por parte de las autoridades. Sin embargo, como se enfatiza, esta no es la primera amenaza. ¿Se ha hecho algo o se ha tomado alguna acción por anteriormente?
C.M: Esto que te voy a decir lo hemos venido diciendo también ante agentes institucionales. En Remedios y Segovia hay varias bases militares, hay un batallón, está la Policía, y lo que hay que decir es que tanto la Policía como el Ejército saben dónde se mantienen estas estructuras delinquiendo. Eso es descarado porque se le da el lujo a los paramilitares de patrullar las calles de Remedios y Segovia, especialmente, con fusil en mano, quemando tierra por todas las calles y nadie dice nada; no hay ni siquiera capturas, o algún operativo, para neutralizar o tomar alguna acción sobre estas estructuras.
Ya estamos cansados de los discursos de las autoridades, que siempre salen a decir que están investigando, pero mientras dicen eso hay más asesinados/as, y los grupos se la pasan por los territorios haciendo lo que quieran, cobrando impuestos. Mientras esto sí pasa no hay ningún resultado de esas investigaciones que dicen hacer. Es un actuar descarado porque no se está haciendo nada.
En Segovia, por ejemplo, reina la ley del silencio; matan a la gente delante de todo el mundo y nadie puede decir nada, ni siquiera para que levanten a quienes asesinan, ni para avisarle a sus familiares.
Pares: En los últimos días, como una radiografía de lo que viene pasando en Antioquia, se conoció que había sido cometida una masacre en Tarazá, anteriormente una en Betania y además en solo este año se han registrado cerca de 05 asesinatos de líderes sociales y una firmante de paz en el departamento, además de dos secuestros que terminaron en asesinatos. ¿En Remedios y Segovia qué hecho victimizantes están siendo cometidos y qué acciones están siendo cometidas contra la población civil por parte de Los Caparros y el Clan del Golfo?
C.M: En esta región una de las consecuencias ha sido el desplazamiento forzado, pero un desplazamiento silencioso porque las victimas no tienen garantías de que el Gobierno las escuche. También se han vivido múltiples asesinatos; unos de población civil, y otros por retaliaciones entre miembros de estos dos grupos.
Si nos enfocamos en lo que pasa en las zonas rurales de Remedios y Segovia la mayor problemática son los asesinatos, donde hay que decir hay guerrilla, paramilitares, Ejército. Cuando pasan estos casos le toca a la misma comunidad gestionar ambulancias y atención porque por parte de las autoridades no se hace mucho; lo que dicen siempre es que no hay seguridad para que la policía judicial entré a hacer el levantamiento de los cuerpos. Ese siempre es el argumento.
A eso se suma el abandono estatal histórico, nunca se han dado garantías para que la gente permanezca en el territorio. Hay que nombrar que en lo que va luego de la firma del Acuerdo de Paz no han parado los asesinatos, los desplazamientos, lo que ha terminado acentuando el desgaste político y social de nuestras comunidades, que incluso, con todo esto, le siguen apostando a la organización y a los propios mecanismos de protección y autoprotección, los cuales han permitido que se siga resistiendo de una forma pacífica y organizada.
Pares: A pesar de que estas amenazas son constantes, en esta ocasión hubo un especial cubrimiento mediático. ¿A qué puede responder que este panfleto haya tenido tal atención?
C.M: Desde las organizaciones hemos estado constantemente denunciando todo el tiempo lo que ha venido pasando, algunas no con la misma insistencia por el tema de seguridad que se está viviendo en la zona. Creo que lo de ahora se debe precisamente a eso, a ese trabajo organizativo que ha logrado que, por ejemplo, ahora, los medios vuelquen el interés hacia estos casos, incluso cuando pareciera que desde el Gobierno el tema pasa sin relevancia.
Porque si realmente hubiera ese interés del Gobierno en lo primero que se vería reflejado sería en la pronta implementación de lo acordado en la Habana, si eso fuera así el contexto de Antioquia sería distinto.
Pares: Una de las razones por las que los grupos armados ilegales se disputan estos territorios es, como se ha venido advirtiendo, el interés minero y las rentas que obtienen de allí. Sabiendo esto, ¿qué se ha hecho al respecto? ¿O cómo esa inacción ha acentuado la situación de violencia en la región?
C.M: Hay que iniciar diciendo que esto no es minería ilegal, pues lo que se ha vivido acá es que se ha dado ese discurso para estigmatizar y criminalizar la minería ancestral y la pequeña y mediana minería. Las comunidades mineras y los mineros a pequeña escala han hecho varias acciones, como el Paro Agrario en el 2013, que llamó la atención frente al tema minero y permitió que se llegara a algunos acuerdos e interlocuciones frente a las peticiones.
En nuestra región están las comunidades mineras organizadas por comités mineros; es decir, allí están quienes hacen minería ancestral, la minería tradicional, la minería que no está formalizada, de allí ha salido una mesa minera, que es desde donde hacen su propuesta reivindicativa.
Con esto claro hay que decir que hay un problema grave: no va a haber nunca una formalización porque el Estado colombiano con las leyes que tiene sobre el tema de la minería no fomenta para nada esa formalización. Hasta que no saquen la multinacional que está ahí y hasta que no se reforme código minero esto va a seguir igual; porque el código minero que está actualmente lo que hace es entregarles la minería tradicional a las multinacionales.
Ese es un tema que debe tratar el Senado, pero también tenemos que hablar con más fuerza en todo el territorio colombiano, porque hay que defender es el bien de la gente, de las comunidades, del medio ambiente, generando que se instalen otras leyes.
Pares: Por último, ¿hoy cuál es la situación en Remedios y Segovia?
C.M: Por ejemplo, desde Cahucopana estamos en constantes reuniones para analizar este contexto. También vamos a insistir en reuniones con las instituciones encargadas para que se generen mecanismo que realmente sí sean efectivos. Pero, más que eso, lo que se sabe es que hay que priorizar nuestros mecanismos de protección y autoprotección con la comunidad. Hay mucho temor, aun así, creemos en el sentido organizativo que históricamente ha tenido esta región.