Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
Los estudiantes de la Universidad de La Guajira llevan más de un mes pidiéndole al gobierno departamental un subsidio que les garantiza el acceso a la educación superior. Sin embargo, las manifestaciones han terminado en disturbios los últimos días, al mismo tiempo que, en el Congreso de la República se aprobaba el presupuesto nacional que incluyó un artículo que afecta a las universidades.
En ese sentido, hay dos ‘micos’ que salieron a la luz pública y afectan a la educación superior, sin contar la histórica ausencia estatal en la promoción de una educación de alta calidad a nivel nacional.
El primero es la falta de recursos para subsidiar a los jóvenes guajiros que ingresan a la educación superior; y el segundo, es el artículo 44 enmarcado en la ley 30 de 1992, que fue aprobado este miércoles en la ley de presupuesto Nacional, promovido por el gobierno de Iván Duque, en cabeza de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
El caso de La Guajira
En el año 2007 la Asamblea Departamental acordó la ordenanza 214 bajo el amparo de la ley 30 por medio de la cual se estableció una política de subsidios y becas a los jóvenes guajiros que quieren acceder a la educación superior. Por consiguiente, el Ministerio de Educación certificó esta norma y creó un fondo educativo para apoyar a los bachilleres que estuvieran ad-portas de graduarse.
Luego fue modificada con la ordenanza 232 de 2008 con la adición de unos artículos, y desde ese momento, más de 15.000 jóvenes empezaron a beneficiarse. No obstante, desde que el gobierno centralizó los recursos en el 2018, debido a los casos de corrupción que llevaron a La Guajira a un estado de ingobernabilidad, aparentemente dichos recursos dejaron de girarse.
Y es que estos recursos no están destinados directamente a las universidades, sino a los estudiantes que son los beneficiarios de estos pagos; pero lógicamente la institución educativa se ve afectada por la ausencia de los dineros de miles de jóvenes. Esa es la razón por la cual han salido a las calles a protestar porque están a un paso de quedarse sin estudio.
Tal es la magnitud del problema que, si el aportante no desembolsa el dinero, el cobro deberá ser para los beneficiarios, y los universitarios no tienen cómo pagar esto. Esto significa que la ordenanza que rige hace doce años, paga la matrícula de miles de estudiantes.
“Al incumplimiento del gobierno, incumple el estudiante, al incumplir el estudiante, no entran recursos correspondientes al funcionamiento, y por ende no estamos funcionando de la mejor manera porque están atrasados los salarios de los docentes, del personal”, explicó a la Fundación Paz & Reconciliación-Pares, uno de los líderes estudiantiles de la Universidad de La Guajira, una de las que más se ve beneficiada por los subsidios debido a que aglomera a la mayor cantidad de jóvenes de ese territorio.
De acuerdo con el líder, que prefiere ocultar su nombre por motivos de seguridad, desde que el gobierno nacional centralizó los recursos del departamento, el gobierno departamental no cuenta con los recursos, y como los gobernadores que han ostentado el cargo no son elegidos popularmente sino designados por la ingobernabilidad esto hace que no se gestione nada.
Pero el subsidio sigue siendo un derecho adquirido, que si no se cumple afectaría directamente a más de 15.000 jovenes que están en la Universidad de la Guajira y unos 3.000 alrededor en otras instituciones de educación superior.
“No es puntual un beneficio para la Universidad, es un beneficio para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior, pero la Universidad de La Guajira al ser pública, acoge a más estudiantes y se ven más beneficiados”, agregó el estudiante.
Por eso, los estudiantes presentarán un pliego de propuestas para intentar llegar a un acuerdo. Puesto que, las directivas ordenaron este jueves suspender el calendario académico tras los disturbios con el Esmad, mientras el consejo toma una decisión final.
Así las cosas, este viernes se decide si se cancela o no el semestre, en medio de las protestas que han agrupado a más de 3.000 estudiantes. Pero hasta ahora ninguna institución oficial se ha pronunciado frente a esta problemática.
El dinero de la educación, a pagar demandas del Estado
La Fundación Pares habló con la representante estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, también miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), Jennifer Pedraza, quien contó sobre las dificultades del articulado, y las acciones que tomarán como agrupación.
“Vale la pena aclarar que ese artículo ha estado en el presupuesto general de la nación desde el 2009, realmente no es algo nuevo. En este momento lo que quiere decir es que por parte del gobierno nacional podría acceder a las finanzas de las universidades públicas para financiar las sentencias en su contra”, expresó Pedraza.
Según la representante, este punto es difícil de concebir en la práctica dado que las demandas millonarias no se podrían saldar con el presupuesto de las universidades públicas, que de por sí ya carece. Y por otro lado, la redacción del artículo en principio invoca a la autonomía universitaria, pero realmente la interpretación que hasta ahora se muestra no tiene que ver con autonomía.
“Hay otra interpretación que se puede hacer a ese artículo que es la que se ha venido haciendo en los últimos años, y señala que ante cualquier fallo en el cual pierda una universidad o institución, entonces tendrá que asumir esos gastos que se derivan de esa sentencia”, apuntó.
Esa sería entre comillas la mejor interpretación. Pero aún en esa interpretación, esta decisión es muy grave porque las universidades públicas tienen en muy mal estado su presupuesto. En ese sentido, descargar sobre ellas cualquier fallo o demanda implicaría que para que ellas pagaran esto, tendrían que dejar de contratar profesores.
“En el caso de la Nacional existe ese rubro en caso de demandas, pero tocaría ver cómo está clasificado en todas las universidades. Pero así sean 100 pesos o más, esa plata ya está comprometida para el pago de los salarios de los profesores, entonces es muy preocupante”, señaló Pedraza.
Según contó a Pares, ya ocurrió un episodio similar, cuando la Universidad del Atlántico fue demandada y el gobierno apeló a este tipo de artículos para decir que era la universidad quien tenia que asumir el pasivo pensional.
Por eso, los pensionados apelaron al Consejo de Estado y este emitió una sentencia en la cual la mayor parte de estos recursos de pensiones tendría que ponerlos el gobierno nacional. Es decir, que el Consejo de Estado ya ha fallado y ha dicho que las universidades no tienen que asumir estos costos en su totalidad.
Para poner más claro el panorama, si el pasivo pensional de la Universidad Nacional que es de 1,2 billones de pesos, es decir, todo su presupuesto, fuese adquirido por la Universidad Nacional tendría que cerrar un año entero.
Así las cosas, se pueden hacer muchas cosas, pero lo primero que hará el ACREES es esperar a que sea un artículo de la nación y demandarlo por inconstitucionalidad. Por ahora, estos son dos ejemplos de un sistema educativo inestable, de muchos más que viven a diario los estudiantes en todo el país.