Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
De nuevo, uno de los grupos armados organizados más grande del país demostró su poder. El Clan del Golfo, en esta cuarta oportunidad –si hacemos un balance del pasado reciente–, logró paralizar más de 120 municipios en seis departamentos del país. Le exigió a la ciudadanía que no abriera el comercio ni se movilizara; recordándole el lema de la pandemia en su peor momento: todos en casa y sin salir de ella.
Y lo hizo en una fecha especial: justo cuando se extraditó a Estados Unidos a alias “Otoniel” y en los días en que el país acostumbra a festejar el día de la madre. Logrando configurar un fin de semana que recordaremos como el más extenso, aburrido y tensionante del 2022 –al menos en lo que va del año–; un largo paro armado que se ejecutó entre el jueves 5 y el martes 10 de mayo.
Dado que muchos no hicieron caso –ya que confiaron ingenuamente que la Fuerza Pública los protegería y que los armados respetarían sus bienes y vidas–, las consecuencias fueron nefastas. Además de incrementar de forma alarmante la sensación de miedo, de inseguridad y de falta de autoridad estatal entre la ciudadanía, se generó la destrucción de centenares de bienes civiles, el cierre de miles de establecimientos comerciales y, lo peor, varios civiles y miembros de la Policía y el Ejército fueron asesinados.
El mensaje que dejó el Clan del Golfo fue claro. Le habló al menos a tres públicos: primero a la comunidad internacional –su principal cliente en los mercados ilegales de la cocaína–, a quien le dio a entender que, a pesar de la extradición de su máximo jefe, la organización criminal está intacta, que incluso sin contar con una estructura piramidal, el Clan está unificado como organización ilegal para actuar en más de 230 municipios donde tiene presencia.
Que como clientes no se estresen por la producción y comercialización de cocaína en Colombia, que la cuota del mercado mundial –que está entre un 20 y un 30%– se mantendrá. Que la estabilidad de su negocio no está en riesgo y que seguirán manteniendo el poder en las diversas subregiones y mercados ilegales que administran: en el tráfico de armas, en la venta de insumos para la producción de drogas, en la minería ilegal y en la venta de servicios a las personas que quieren llegar ilegalmente a Estados Unidos.
Segundo, le habló al Estado colombiano. Le dijo que su organización criminal crece y se mantiene firme en la idea de continuar lucrándose de las rentas ilícitas. Que es una gran organización que tiene más de 3.804 hombres y mujeres –según datos de inteligencia–, entre estos una gran red de apoyo. Que son un grupo armado organizado criminal que tienen el poder para golpear y hacer temblar a la ciudadanía y también a las autoridades.
Que un enfrentamiento directo con ellos le traería al país, necesariamente, una afectación del orden público. Que al igual que ocurrió este fin de semana, su poder criminal podría activarse con paros armados sistemáticos y golpear territorios desde la Guajira hasta Nariño y afectar seriamente la economía de departamentos como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Chocó Santander, Magdalena, Sucre… incidiendo en la labor constitucional del Estado de mantener la seguridad interna del país.
Y tercero, le dijo a la sociedad civil que, como organización armada, tienen el poder de causar mucho daño, tanto físico como económico. El físico, por supuesto, es evidente con el asesinato de civiles y miembros de la Fuerza Pública. Y el económico, con los centenares de vuelos regionales cancelados, los establecimientos comerciales cerrados, las rutas terrestres suspendidas y los eventos cancelados.
El Clan del Golfo quiso enviar la señal a la economía de lo importante que es su organización ilegal. Les dijo a empresarios y comerciantes que una eventual guerra contra ellos traería como consecuencia calles vacías, comercio y empresas de transporte cerradas y actividades escolares paralizadas, entre otras. En pocas palabras, como lo hicieron saber en los mensajes por redes, el Clan no quiere ver a “nadie moviéndose ni trabajando” cuando ellos lo indiquen.
En síntesis, el Clan del Golfo le informó a la comunidad internacional –justo el día en que extraditaron a su exjefe a Estados Unidos– que su organización es sólida y que confíen en su capacidad para seguir operando sus negocios ilegales. Al Estado colombiano –en el contexto de unas elecciones para el cambio de poder– que su política de seguridad no funciona y tiene pocos efectos negativos sobre ellos; y que su poder armado en los territorios sigue intacto y creciendo.
Finalmente, a la sociedad civil y a los empresarios –justo el fin de semana donde se festeja el día de las madres– que como empresa armada tienen el poder para afectar sus celebraciones y negocios. Que el largo fin de semana evidenció el alto costo que puede tener para empresarios y comerciantes sus actuaciones. Efectos negativos que se dan en un momento como este, en el que se tiene una presión inflacionaria y una decidida política de enfriamiento de la economía.
Lo único bueno de lo ocurrido este fin de semana es que estos tres mensajes permiten leer también los puntos críticos de la organización armada ilegal. Al menos le dijeron al mundo y a las autoridades lo estratégico que es para ellos el relacionamiento con el mercado mundial y la importancia de mantener sus negocios ilícitos activos y ganancias a salvo, en territorios donde el Estado y la ciudadanía no los moleste. Mensajes o señales relacionadas esencialmente con lo económico y financiero, que bien leídas pueden servir para diseñar políticas efectivas para la lucha contra estas organizaciones armadas criminales.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.