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Los Frentes de Seguridad en Bogotá de 2020 a 2022: de la política pública a la implementación

Por: Santiago Medina Ramos, Asistente de Investigación

Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana


Los Frentes de Seguridad se han convertido en los últimos años en un mecanismo ampliamente adoptado por las comunidades de los barrios de la ciudad de Bogotá para abordar las problemáticas de seguridad, sobre todo en las localidades y sectores con los más altos índices de actividades delictivas y de percepción de inseguridad. En esta misma línea, los Frentes de Seguridad también han sido incluidos en las políticas y estrategias de seguridad y convivencia a nivel nacional y distrital, con la intención de ser reforzados y aumentados en número. La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, ha instado en algunas ocasiones a las comunidades a hacer parte de los frentes de seguridad existentes, o a formar nuevos, con el fin de que participen activamente en la mejora de las condiciones de seguridad en sus barrios (Infobae, 2021).


En vista de lo anterior vale la pena revisar de dónde vienen los frentes de seguridad, cuál es su reglamentación, cómo se han incluido en la política pública y cuál ha sido su nivel de implementación en la ciudad de Bogotá, específicamente durante el mandato de Claudia López, de 2020 a 2022.


¿Qué son los Frentes de Seguridad?


Los frentes de seguridad son organizaciones de carácter comunitario lideradas por la Policía Nacional y formadas de manera voluntaria por los habitantes de un barrio o sector específico, que tienen el objetivo de vincular directamente a las comunidades con las actividades dedicadas a garantizar la seguridad y mejorar la convivencia pacífica en sus territorios. Esta figura se encuentra reglamentada desde 1995 a partir de la Directiva Permanente 14 de la Policía Nacional (Moreno Vanegas, 2021), la cual fue complementada y reiterada mediante el instructivo No. 213/DIROP-ASECI de 2002 y el No. 005 DISEC GRUPE de 2018 (Márquez, 2020).


Normalmente operan a través de canales de comunicación en los que participan miembros y líderes de la comunidad, coordinadores por cuadras y agentes de la Policía del Cuadrante al que pertenece el barrio o sector. A través de estos canales se alerta sobre actividades consideradas sospechosas y sobre afectaciones a la seguridad y la convivencia; también se establecen sistemas de alarmas y cámaras de vigilancia para contribuir a esta actividad. Se busca, en últimas, tanto la disuasión como la acción oportuna por parte de las autoridades.


Presentes en la planeación y la política pública


Desde su reglamentación, los frentes de seguridad han sido incluidos en los distintos planes, programas y proyectos en cuanto a seguridad y convivencia en todo el país, pero interesa identificar cómo han sido referenciados en las políticas nacional y de Bogotá de los últimos años.


  • Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC): este modelo se basa en la creación de unidades geográficas con características específicas (cuadrantes) a través de las cuales se determinan y organizan las actividades de la Policía Nacional a nivel territorial. Si bien aquí no se mencionan directamente a los frentes de seguridad, se resalta que el trabajo de la policía por cuadrantes debe estar articulado y coordinado con las comunidades, mencionando la figura de corresponsabilidad, que implica la responsabilidad compartida que tienen tanto las instituciones y la fuerza pública, como actores privados, cívicos y comunitarios en contribuir a la seguridad (Policía Nacional, 2014).

  • Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana: en esta política formulada por el gobierno de Iván Duque (2018-2022) se tiene como principio rector la inclusión, que hace referencia a la participación de la ciudadanía en la contribución a la seguridad y la convivencia basada en la corresponsabilidad. A este respecto se menciona a la participación cívica como un punto clave, para lo cual, los Ministerios de Defensa y del Interior serán encargados de promover y fortalecer los frentes de seguridad ciudadana (Ministerio de Defensa Nacional, 2019a, p. 57).

  • Política de Defensa y Seguridad: también del gobierno de Iván Duque, en la que se plantea la figura de una Red de Participación Cívica que funcionaría como un canal de comunicación directo y constante entre la ciudadanía y las autoridades para enfrentar la delincuencia, así como otras situaciones referentes a la seguridad y la convivencia (Ministerio de Defensa Nacional, 2019b, p. 58). Se menciona a los frentes de seguridad en cuanto a la posibilidad de que permitan articular a la Policía Nacional con las empresas de seguridad y vigilancia privada (p.61).

  • Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (PISCCJ) de Bogotá: formulado por la alcaldesa Claudia López para implementar en el periodo 2020-2023. En este plan no se hace referencia directa a los frentes de seguridad, sin embargo, existen algunos elementos que se podrían articular o complementar con estas organizaciones. Primero, se reitera la necesidad de la participación ciudadana en las acciones que se lleven a cabo en los territorios por parte de las instituciones y las autoridades. Se plantean los Planes Territoriales de Convivencia y Seguridad, que serían instrumentos para identificar zonas prioritarias y adelantar la articulación con las comunidades a la hora de generar intervenciones; para esto también se crea la figura de Grupos de ciudadanos comprometidos con la seguridad y la convivencia en la ciudad. También se menciona el programa Policía de Vecindario, que buscaría un mayor acercamiento entre la Policía Nacional y la ciudadanía, incorporando a esta última en actividades de planeación, ejecución y evaluación en materia de seguridad, basado en el MNVCC y con un enfoque preventivo (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2020).

Datos y cifras en Bogotá


A pesar de que en el PISCCJ de Bogotá no se menciona directamente la creación o el fortalecimiento de frentes de seguridad, en los informes de seguimiento a la implementación de este plan sí se mencionan y se evidencian además algunas cifras sobre su evolución.


En el informe de seguimiento del PISCCJ correspondiente al último trimestre de 2020, se menciona que, mediante el programa Policía de Vecindario, se fortalecieron varios frentes de seguridad con actividades de acompañamiento. En los informes trimestrales del año 2021 se menciona que se crearon 98 nuevos frentes de seguridad en la ciudad, se fortalecieron 453 frentes ya existentes, y se vinculó a 2993 personas a los mismos. Para el año 2022 se tienen informes de los primeros dos trimestres y en estos se registra la creación de 8 nuevos frentes, y el fortalecimiento de 200, vinculando a 1697 personas (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2023). Esto demuestra que los frentes de seguridad han sido un punto central en la implementación del plan y en las estrategias de seguridad y convivencia de las instituciones distritales y la Policía Metropolitana.


Según datos de la Dirección de Seguridad y Convivencia de la Policía Nacional, en Bogotá existían, a julio de 2022, 1234 frentes de seguridad activos, siendo la localidad de Kennedy la que más frentes tiene, con 227, seguida por Ciudad Bolívar con 119 y Fontibón con 109. Para el caso de Kennedy sería importante revisar el impacto que han tenido los frentes de seguridad desde su creación, principalmente debido a la existencia de puntos críticos de seguridad en la localidad como lo son la zona de Corabastos y barrios cercanos como Patio Bonito, Tintal y María Paz, donde grupos delincuenciales como ‘El Tren de Aragua’ desarrollan distintas actividades ilícitas, incluso con la complicidad de agentes de la Policía Nacional (El Espectador, 2023).


Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Policía Nacional, 2021.


Consideraciones finales


Se puede evidenciar que la figura de los frentes de seguridad en la ciudad de Bogotá no sólo ha sido acogida por las comunidades que buscan soluciones a las problemáticas de seguridad, sino que también son una apuesta por parte de instancias institucionales y de la fuerza pública para intentar disminuir los índices de criminalidad en los barrios, buscando fortalecer la comunicación, la articulación y la coordinación entre la Policía y la ciudadanía. A este respecto, se hace necesario identificar y evaluar los impactos que han podido llegar a tener estos frentes en cuanto a la mejora, o no, de la seguridad y la convivencia en puntos críticos de la ciudad.


Así mismo, sería importante analizar las formas en la que los frentes de seguridad crean relaciones entre la ciudadanía y la policía, y si estos poseen verdaderamente un carácter civil y comunitario, o si por el contrario su funcionamiento radica en últimas en las determinaciones de la Policía que, si bien es una institución de carácter civil, tiene un funcionamiento distinto al de las comunidades organizadas. También habría que preguntarse por los alcances y límites que tienen los frentes de seguridad en cuanto a las acciones que pueden o no realizar, a partir de la regulación existente, y hacer transversal la mirada desde la convivencia y la construcción del tejido social en los territorios, y no exclusivamente desde una mirada punitiva del mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Referencias

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