Los caminos de la coca de Nariño: entre la producción y la sustitución
- Línea de Paz, Seguridad y Derechos Humanos
- 3 jul
- 5 Min. de lectura
Por: Línea de Paz, Seguridad y Derechos Humanos

El avance de la política de paz total en Colombia, que busca la negociación con diversos actores armados ilegales y la transformación integral de los territorios, contrasta de manera contundente con el repunte histórico de los cultivos de coca y la producción de cocaína en el país. Mientras el Gobierno intenta avanzar en la sustitución de cultivos ilícitos, el informe más reciente de la ONU revela un aumento del 53 % en la producción de cocaína, consolidando a Colombia como el principal productor mundial. Este crecimiento refleja una paradoja estructural: la economía cocalera sigue siendo el sustento financiero para los grupos armados organizados ilegales y la configuración de los territorios alrededor de las economías ilegales son factores que inciden en la posibilidad de superar el actual ciclo de la guerra en Colombia.
Así, aunque las negociaciones buscan transitar hacia escenarios de reconciliación y justicia territorial, la persistencia —e incluso expansión— del narcotráfico socava los avances, alimenta nuevas disputas por el control de rutas y territorios, y pone en evidencia la necesidad de que la paz total esté acompañada de transformaciones económicas profundas en las regiones rurales históricamente abandonadas. El Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la UNODC reveló que en 2023 Colombia alcanzó récords alarmantes: concentra el 67 % de los cultivos globales de hoja de coca (cerca de 253.000 hectáreas) y aumentó su producción de cocaína en un 53 % respecto al año anterior, alcanzando aproximadamente 3.708 toneladas.
Ante las cifras de la ONU, las autoridades colombianas respondieron con cifras récord de incautaciones: 960 toneladas en 2024, un crecimiento del 14 % versus 2023, además, el presidente Gustavo Petro, atribuyó la responsabilidad final a los consumidores externos, especialmente en países del Norte, y calificó la situación de “calvario” histórico para Colombia. Criticó el enfoque punitivo exclusivo y demandó mayor compromiso de los países consumidores, proponiendo incluso la creación de un comité científico internacional para estudiar usos alternativos de la coca.
La paz total en el Pacífico nariñense
En paralelo, el Gobierno avanza en la política de paz total. En Nariño, y durante el quinto ciclo de diálogos, el 25 de mayo de 2025, el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) firmaron un acuerdo que representa un paso clave dentro de la política de paz total, específicamente en lo relacionado con los cultivos ilícitos. En términos concretos, el acuerdo establece el compromiso de sustituir voluntariamente 7.500 hectáreas de cultivos de hoja de coca en este departamento, uno de los más afectados por esta economía ilegal. Esta sustitución no será forzada ni erradicada de manera unilateral, sino que se implementará con el consentimiento y participación activa de las comunidades campesinas, quienes recibirán apoyo técnico, inversiones productivas y garantías económicas para transitar hacia alternativas legales como el cultivo de cacao, palma o proyectos agroindustriales.
El enfoque del acuerdo es integral y gradual, reconociendo que la coca ha sido durante décadas el principal sustento económico en estas regiones excluidas del desarrollo estatal. Por ello, el Gobierno se comprometió a acompañar el proceso con inversiones en infraestructura básica (salud, educación, vías, electrificación), además de ofrecer seguridad jurídica a los campesinos y excombatientes que se acojan al proceso. La participación de líderes comunitarios será esencial para legitimar y supervisar la implementación.
El acuerdo busca romper el vínculo entre economía cocalera y grupos armados ilegales, reemplazando paulatinamente la coca como motor económico en los territorios mediante un enfoque de desarrollo rural, diálogo territorial y garantías para la población. En una primera fase el Gobierno Nacional destinará 8.000 millones de pesos para la sustitución de 1.000 hectáreas de sembradíos de hoja de coca por cultivos de cacao en Tumaco y Roberto Payán, mientras que la CNEB se comprometió a la sustitución voluntaria de 7.500 hectáreas a partir de la firma del acuerdo y se ha puesto como meta final 15.000 hectáreas sustituidas en el marco del proceso de diálogo con este grupo armado.
Las cifras son reveladoras: según el Observatorio de Drogas de Colombia, en Nariño había 30.751 hectáreas de coca sembradas en 2020, cifra que aumentó a 64.989 en 2023. Solamente en Tumaco[1], se registraron 22.999 para ese año, por lo que la expectativa de 15.000 hectáreas sustituidas representa aproximadamente el 24% de las hectáreas registradas en el departamento según las últimas cifras oficiales.
El reciente acuerdo entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) demuestra que es posible avanzar en soluciones negociadas, que prioricen la participación de las comunidades y el abandono voluntario de los cultivos ilícitos, en lugar de recurrir a medidas punitivas o represivas. El acuerdo ofrece motivos para la esperanza, aunque, evidentemente, está rodeado de desafíos. Se plantea una sustitución de cultivos que no solo busca erradicar la coca, sino garantizar que las comunidades campesinas cuenten con alternativas productivas reales, acompañadas por inversiones en salud, educación, infraestructura vial, electrificación y seguridad jurídica. Este enfoque reconoce que la coca no es simplemente una planta, sino el reflejo de décadas de exclusión estatal, desigualdad económica y abandono institucional. Además, la activa participación de líderes comunitarios y campesinos en la supervisión del proceso permite que este sea no solo más legítimo, sino más viable y duradero.
Por otra parte, el cambio de narrativa propuesto por el Gobierno colombiano —al señalar la responsabilidad global del fenómeno de las drogas— abre la posibilidad de pensar en políticas menos punitivas y más integrales, que reconozcan la complejidad del problema y la necesidad de corresponsabilidad entre países productores y consumidores. La no estigmatización de los campesinos cocaleros es fundamental para avanzar en la sustitución de las economías ilícitas, la reconciliación y la comprensión de la profunda problemática que es la violencia en Colombia y los diálogos de paz, hechos a partir de acuerdos colectivos, con enfoque territorial, son una posibilidad de transformación de la realidad de miles de familias en los territorios más golpeados por la guerra.
REFERENCIAS
El Espectador. (2025, 27 de junio). Gobierno Petro y disidencia Farc de “Mendoza” pactan proceso de sustitución de coca por $8000 millones. Colombia+20. https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/gobierno-petro-y-disidencia-farc-de-mendoza-pactan-proceso-de-sustitucion-de-coca-por-8000-millones-noticias-hoy/
El País. (2025, 26 de junio). La ONU pone el foco en Colombia ante un aumento del 53% en su producción de cocaína. https://elpais.com/america-colombia/2025-06-26/la-onu-pone-el-foco-en-colombia-ante-un-aumento-del-53-en-su-produccion-de-cocaina.html
El País. (2025, junio). Gobierno y Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano firman acta para sustituir 7.500 hectáreas de cultivos de coca en Nariño. https://www.elpais.com.co/colombia/gobierno-y-coordinadora-nacional-ejercito-bolivariano-firman-acta-para-sustituir-7500-hectareas-de-cultivos-de-coca-en-narino-3032.html
Fundación Paz & Reconciliación. (2024, 13 de junio). Así se consolidó la ZUT con Comuneros del Sur. PARES. https://www.pares.com.co/post/as%C3%AD-se-consolido-la-zut-con-comuneros-del-sur
Infobae. (2025, 25 de mayo). Gobierno y la Coordinadora Nacional, disidencias de las Farc, acordaron zona de ubicación temporal en Nariño: así será la implementación. https://www.infobae.com/colombia/2025/05/25/gobierno-y-la-coordinadora-nacional-disidencias-de-las-farc-acordaron-zona-de-ubicacion-temporal-en-narino-asi-sera-la-implementacion/
[1] Este municipio de la costa pacífica nariñense es el segundo con más hectáreas de coca sembradas en Colombia, luego de Tibú en Norte de Santander.
コメント