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  • Línea paz, posconflicto y derechos humanos

Los ataques de las disidencias a la Fuerza Pública y los retos discursivos de la Paz Total

Por: Mauricio Valencia Osorno, Investigador Nacional

Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos


El pasado 06 de diciembre el país se levantó con la noticia del asesinato de seis miembros de la fuerza pública como resultado de una emboscada por parte de la Columna Móvil Jaime Martínez, grupo armado pos-FARC (GAFP o disidencia) que hace parte del denominado Comando Coordinador de Occidente (CCO). El hecho tuvo lugar en la vereda Munchique del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. En esta emboscada, además, resultaron heridos ocho soldados. El enfrentamiento se dio en horas de la madrugada mientras que los uniformados se encontraban haciendo labores de patrullaje en la zona.


Una vez conocidos los hechos, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro ordenó el desplazamiento de una comitiva hacia Buenos Aires para liderar un consejo de seguridad en la zona. No obstante, luego de la emboscada fue muy difícil realizar acciones humanitarias en este territorio, pues el helicóptero que iba a recoger los cuerpos de los seis uniformados muertos fue objeto de ataques incesantes por parte de las mismas disidencias de la Columna Móvil Jaime Martínez.


Si bien este es un hecho que enluta a la comunidad de Buenos Aires, no es la primera vez que sucede. Rememora lo sucedido en el año 2015, cuando las antiguas FARC-EP perpetraron un ataque en la vereda La Esperanza de este mismo municipio, en el que resultaron muertos 11 uniformados del ejército.


Es claro que Buenos Aires no escapa de la realidad de violencia que aqueja a toda la zona del norte del Cauca, en gran medida por la persistencia e incremento de cultivos ilícitos. Según datos del Ministerio de Justicia, los cultivos ilícitos en este municipio han tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. De 125 hectáreas de cultivos de coca en 2018, pasó a tener 930 hectáreas en 2021, derivado de la presencia de grupos disidentes, como la misma Jaime Martínez, que se financian de estas actividades ilegales. Asimismo, esta región se ha constituido como punto estratégico para el tránsito de droga hacia otros países.


Aunque en este municipio persiste una presencia hegemónica de la Columna Móvil Jaime Martínez, también convive con otras estructuras; como la Columna Móvil Dagoberto Ramos, la cual tiene presencia predominante en la zona nororiental del Cauca, en municipios como Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez, Totoró y Villarrica; y el ELN, que si bien tienen presencia más dominante en el sur del Cauca en municipios como Bolívar, Mercaderes, San Sebastián, Almaguer, La Vega, La Sierra, Paisambra y Puracé, también se encuentra presente en municipios como Santander de Quilichao más al norte del Cauca (ver Mapa No. 1).


Esto ejemplifica en gran medida las difíciles condiciones que vive la sociedad civil en este departamento, la cual se encuentra inmersa en un contexto territorial en el que abundan los grupos armados, con presencia predominante de las disidencias de las FARC, pero también del ELN y del Clan de Golfo.

Mapa No. 1


Los retos del sometimiento a la justicia


Con ocasión de esta acción perpetrada por la Columna Móvil Jaime Martínez, es menester encuadrar las contradicciones de las disidencias de las FARC entre sus discursos y acciones, frente a la política de Paz Total y propuesta de sometimiento a la justicia por la que ha apostado el Gobierno.


Para efectos de esta nueva política de Paz Total, el Gobierno ha dispuesto de mecanismos como la Ley 418 de orden público que fue aprobada en el Congreso, en conjunto con la ley de sometimiento a la justicia que se encuentra en trámite. Es importante mencionar que dicha ley de sometimiento no aplica para el ELN, en este caso puntual solo aplica para grupos como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, entre otros, dado que carecen de reconocimiento político por parte del Gobierno y busca precisamente crear un marco jurídico para que estos grupos desescalen su accionar criminal en los territorios donde hacen presencia, y se acojan a la justicia.


En el mes de agosto, las disidencias de las FARC, más precisamente la Columna Móvil Jaime Martínez, a nombre del autodenominado Estado Mayor Central, anunció su disposición de diálogo con el Gobierno Nacional; no obstante, los hechos ocurridos en el municipio de Buenos Aires el pasado 06 de diciembre ponen en entredicho esto. Adicionalmente, el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC ha efectuado en las últimas semanas varios ataques contra la fuerza pública en el departamento del Cauca, evidencia de ello es el hostigamiento a las estaciones de policía de los municipios de Balboa y el Patía, el pasado 29 y 30 de noviembre respectivamente, con lo cual se cuestiona la voluntad de estos grupos disidentes de hacer parte de la Paz Total.


En relación con otros hechos violentos protagonizados por las disidencias de las FARC, como el ocurrido el pasado 19 de noviembre en el que murieron 23 personas en enfrentamientos entre las disidencias del Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, expresó su rechazo, poniendo en entredicho la tolerancia del Gobierno con estas acciones, textualmente señalo: “paren el tormento al pueblo de Putumayo, escuchen la voz de la ciudadanía, no quiere más guerra, no quiere más atrocidad, quiere libertad, quiere vivir en sus territorios sin el temor de ser asesinados, torturados o desaparecidos. El diálogo es la apuesta por proteger la vida, pero el diálogo también tiene un límite”.


En este mismo sentido el presidente Gustavo Petro declaró la importancia de que haya una voluntad expresa de paz por parte de estas disidencias, haciendo referencia a los recientes hechos y ataques. El mandatario expresó: “en lo que resta, la posición es que la acción militar no cesa mientras no haya una voluntad real de negociación. La Fuerza Pública no va a salir de la región caucana, que desemboca en el Naya”. También manifestó que la disposición de diálogo no se circunscribe de manera tácita a la omisión de operaciones contra estas estructuras.


De esta manera empiezan a trazarse líneas rojas por parte del Gobierno frente a las condiciones de diálogo con estos grupos armados, dejando en claro que las negociaciones no se llevarán a cabo a cualquier costo, yendo en detrimento del bienestar de las poblaciones afectadas, puesto que crearía incentivos perversos que a la postre generarían una reproducción de estas prácticas violentas.


Es claro que cuando estos escenarios de diálogo se abren para estas estructuras armadas ilegales, implícitamente se proporciona un reconocimiento a su impacto en los territorios. En ocasiones, dichas estructuras suelen ejercer presión mediante ataques tanto de manera selectiva como indiscriminada en los territorios para denotar su poder y de esta manera tener margen de acción para negociar y exigir peticiones.


Esta situación supone un gran escoyo a superar para el Gobierno, puesto que lo deja en una disyuntiva: por un lado, debe encontrar una salida negociada con estos grupos de la manera más pacifica posible, evitando confrontaciones que puedan derivar además en afectaciones contra la población civil; pero, por otro lado, debe fijar márgenes y límites para que precisamente esta disposición de diálogo no fomente el accionar criminal de estas estructuras sin ningún tipo de consecuencia. De ahí la necesidad de configurar un marco de negociación que establezca normativas precisas respecto de un cese de hostilidades multilateral. Allí se hace relevante el nuevo papel que tendrán las Fuerzas Militares, luego de la llegada del nuevo gobierno que apuesta a una reorientación de la doctrina militar bajo el concepto de seguridad humana, que pretende medir los éxitos operacionales del ejército en vidas y no en bajas.


Con este panorama se pone de manifiesto la urgencia del Gobierno de encontrar salidas lo más pronto posible, pues al tiempo que persisten estas dinámicas de violencia se desgasta el capital político del Gobierno, se erosiona el tejido de las comunidades que se encuentran en estos territorios afectados por la violencia y se dinamita la confianza de la población civil en los diálogos con estos grupos armados. Más si se tiene en cuenta la importancia del papel que juega la sociedad civil en estos procesos. Con los anuncios referentes a la Paz Total se han alimentado unas expectativas en la sociedad civil y en las organizaciones que, de ser defraudadas, supondrá un gran obstáculo para la legitimidad del proceso de sometimiento de estas estructuras armadas e incluso podrá repercutir en la legitimidad de los diálogos del gobierno con el ELN, banderas que hasta hoy se han convertido en el principal capital político de este Gobierno.


¿Hasta dónde cederá el gobierno de Petro para conseguir la tan anhelada Paz Total?

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