Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
La construcción de la paz en Colombia ha tenido, hasta el momento, un enfoque territorial concentrado en lo rural. Tanto en los acuerdos de paz firmados en la década de 1990, como en el pactado en La Habana, quedó evidenciado el interés que han tenido, tanto las guerrillas como el Estado, de enfocar los programas de posconflicto en las territorialidades rurales.
Durante décadas, los gobiernos han venido trabajando en diagnosticar las problemáticas del sector rural —como la falta de tierras, de vías o de escuelas— y señalar políticas, programas y acciones consideradas necesarias para saldar las cuentas con los factores que dieron origen a las conflictividades armadas, como la Reforma Rural Integral (RRI) y en ella los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Una perspectiva de trabajo que considero es muy justa y apropiada para Colombia. Pues son estos territorios los que, con mayor intensidad, han padecido la guerra y las violencias; además, es allí donde se encuentra la mayoría de la población en situación de pobreza y marginalidad —en el país las tasas de pobreza se duplican, en términos porcentuales, en lo rural frente a lo urbano—.
Sin embargo, en el contexto actual de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a punto de comenzar acercamientos y negociaciones con otros grupos armados organizados (GAO), es conveniente que se tengan en cuenta también los espacios urbanos. Nos encontramos en un país donde más del 70% de la población habita en las urbes —es decir, tres de cada cuatro personas habitan en las ciudades—.
Territorios urbanos que históricamente se han visto abocados a servir de casa a millones de desplazados procedentes del campo —ya sea como hogar de paso o como lugar para el resto de sus vidas—. Las ciudades colombianas han tenido que ver cómo sus paisajes se transforman constantemente con la presencia de una población que ocupa sus periferias y peligrosas laderas; y que encuentran en las urbes una relativa seguridad humana, al ofrecerles refugio y oportunidades de empleo.
Pero hay que reconocer que las ciudades son también territorios en disputa y generadoras de violencia. Desde la década de 1980, los espacios urbanos fueron igualmente productores de víctimas del conflicto armado. Los GAO, que cada vez son más numerosos —en Medellín son más de 400 los grupos armados que hacen presencia—, se han encargado de agrandar las variables de asesinatos, amenazas, extorsiones y desplazamientos intraurbanos.
Estas organizaciones del crimen luchan por el control territorial y se disputan las rentas ilegales, causando una ola de violencia aún mayor en las ciudades. Y con ello vienen peleándose con el sector rural el primer puesto en Colombia como los territorios más bárbaros e inhumanos. Ponen a la sociedad civil y a las comunidades urbanas en el centro de la guerra.
De allí que ante la propuesta de Paz Total que hace el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, se deba impulsar el diagnóstico de las problemáticas de los territorios urbanos en el país. Que este elemento olvidado, o no desarrollado en los anteriores acuerdos de paz o en las políticas de construcción de paz, tome mayor protagonismo en esta nueva política pública.
En especial es necesario trabajar en la introducción del componente urbano en la implementación del Acuerdo Final firmado con las reincorporadas FARC, en los acuerdos que se harán con el ELN —cuyo frente urbano hace presencia en Bogotá y Medellín— y en el sometimiento a la justicia y de las bandas criminales, cuyo principal centro de operaciones son las ciudades, como lo es para La Oficina o el Clan del Golfo.
El llamado es a que temas como el mejoramiento en los servicios públicos domiciliarios, la entrega de viviendas dignas o el acceso de la ciudadanía al sistema de seguridad social, se incluya en los debates sobre la paz. Igualmente, es necesario que la población urbana aporte en las negociaciones y reciba las reparaciones colectivas a que tiene derecho debido a los daños que los GAO han causado con sus negocios ilícitos.
De esta manera se estaría logrando complementar y potenciar los pocos pero importantes esfuerzos que desde las administraciones locales se vienen realizando en torno a la implementación del Acuerdo Final y al seguimiento del mismo. Como pasa actualmente en Bogotá y Medellín, donde sus alcaldías están impulsando en sus planes de desarrollo y en sus programas de gobierno la atención de las víctimas que habitan en sus territorios.
En conclusión, en la coyuntura actual se hace muy pertinente la inclusión de lo urbano en la construcción de la paz con un enfoque territorial. Sobre todo en un momento como este, en el que se habla de una Paz Total que buscará incluir a todos los actores y todos los territorios de la geografía nacional. Logrando completar, en el mapa colombiano, los puntos donde llegarán las políticas estatales para reducir la violencia y construir la paz.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.