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Lo que perdemos cuando vendemos el voto

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia



La compra y venta de votos es una práctica recurrente en el sistema electoral colombiano –o si se quiere, de todas las democracias en desarrollo–. Una actuación que, por ser considerada fraudulenta, es castigada por la ley. El artículo 387 de la Ley 1864 de 2017 presenta esta transacción económica-política como un delito de “Constreñimiento al sufragante”, el cual tiene un castigo de entre cuatro a nueve años de prisión y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A pesar de este duro castigo, la sociedad colombiana ha normalizado la venta de votos en el país. Es común ver a un candidato o candidata a un cargo de elección popular –concejos, alcaldías, gobernaciones o asambleas departamentales– que le ofrezca a un ciudadano dinero o bienes y servicios en contraprestación por su apoyo en las urnas. Le entrega al votante o a un grupo de ellos: mercados, electrodomésticos o un montón de camisetas para un equipo deportivo en época de elecciones.

Tradicionalmente, la mirada en esta actuación ilícita se ha centrado en el candidato. A este es el que se le mira inquisitivamente. Se le persigue por la entrada de capitales sin ningún control de fiscalización a la campaña. Se le cuestiona por tener cuadros políticos corruptos y por hacer acuerdos de entrega de contratos a empresarios que le entregan votos a cambio. Se le concibe como un político deshonesto; como una persona poco ética y que daña el sistema político; en definitiva, como un criminal, al que hay que castigar y no volver a elegir.

En cambio, al elector comprado o que vende su voto se le estudia poco y se le tiene menos rabia. Se le concibe como una especie de víctima del rico y deshonesto político. Como un pobre ciudadano que no tiene más que vender que su miserable voto y que sucumbe, debido a su crítica situación, al ofrecimiento que le hacen. En definitiva, vende su voto porque se ve obligado, ya sea porque lo entrega por la buenas –a cambio de un jugoso regalo– o se lo arrebatan por las malas –usando la amenaza o la coerción–.

Pero la realidad es otra. La mayoría de ciudadanos –hombres y mujeres– que venden su voto lo hacen conscientemente. Incluso de manera premeditada: hacen cálculos en sus cabezas y esperan pacientemente a que cada dos o cuatro años –o cada que hay elecciones– un político o su padrino le ofrezcan una teja, un bulto de cemento, un almuerzo o un mueble para su casa a cambio de su valioso voto. Se vuelven comerciantes.

Lo que ignora la mayoría de los votantes es que su búsqueda de una compensación económica –libre o coartada de sufragar– tiene graves repercusiones para él como ciudadano y para todo el sistema político. Con la venta del voto asume, por lo menos, seis pérdidas: renuncia al derecho a escuchar propuestas, a elegir y votar por una de ellas, a movilizarse con libertad en la jornada de elecciones, a exigir la rendición de cuentas al funcionario público y a tener un sistema político de calidad.

La democracia se caracteriza por la libertad que tiene una persona a elegir. Se concibe como un mercado en el que un grupo de candidatos o de partidos ofrecen programas sociales que benefician a los electores. Lo que hace el sufragante es escuchar las propuestas, participar en el debate y realizar acuerdos basado en sus deseos, necesidades e intereses. Considera muchos aspectos y finalmente elige y entrega su voto. Está situación desaparece para toda aquella persona que decide vender el voto, pues al recibir el dinero se suprime la posibilidad de pensar, discutir y elegir la mejor propuesta.

Una supresión que tiene la desventaja de afectar negativamente la decisión social. La venta del voto significa la privatización de las elecciones. Pasa de ser un acción política colectiva y comunitaria a ser una mera transacción económica privada. Rompe con la idea de que las elecciones a cargos públicos y a programas sociales la hacemos todos, y construye un escenario de decisiones egoístas y personales –incluso cuando el voto se da a cambio de una promesa de pavimentar un tramo de vía o una atención médica–.

Construimos con nuestro egoísmo un escenario en el que todos perdemos. En especial la población más pobre y excluida política y socialmente. Con la compra del voto condenamos a los votantes honestos a perder la posibilidad de tener un buen programa de inversiones para superar su situación de vulnerabilidad. No elegimos un programa, vendemos el derecho a que sea otro, el que tiene el recurso, a que se auto elija; y con ello estamos profundizando las desigualdades sociales.

Los vendedores de votos también pierden su libertad y control de la seguridad, por lo menos el día de las elecciones o los previos al certamen. Ese domingo es un día lleno de riesgos e incertidumbre. Los candidatos ilegales desean que el intercambio fraudulento se realice, que el ciudadano deposite su voto por él o su partido. De allí que tome ciertas medidas de control, de vigilancia, de monitoreo y de coerción.

Recurren a estrategias como el llamar al ciudadano a votar o ir por él a la casa, quieren asegurarse que vaya a la urna, perdiendo el ciudadano la libertad de desplazamiento. Incluso, le piden pruebas del voto –como tomar foto al tarjetón o mostrar en el conteo final que su voto está en la planilla– para que demuestre el respeto a la transacción.

Luego de las elecciones y cuando el político ha llegado al cargo público, hacer control político es tal vez una de las mayores pérdidas que se tiene cuando se intercambia el voto. Los ciudadanos que venden su voto pierden la oportunidad de juzgar a los candidatos y partidos por su gestión al frente del gobierno. Al perder la posibilidad previa del diálogo frente a las propuestas de campaña, también se pierde la posibilidad de hacer seguimiento a las actuaciones. El pago monetario suprime la posibilidad de realizar demandas y exigir cumplimiento de programas. Pues se le dice al votante que ya se le pagó por su voto.

Está pérdida de control vertical –accountability– a la gestión del administrativo se convierte también en una mala señal para el político. Este funcionario deshonesto comienza a pensar que con plata puede hacer lo que quiera, incluso, quitarle al ciudadano el derecho a informarse sobre la gestión. Este pensamiento negativo arrastra al político a la práctica de no pensar propuestas, de no formular programas, de no ejecutar políticas y de no rendir cuentas a la ciudadanía. Destruye la lógica de la democracia y su promesa de ser un proceso propositivo.

En este último sentido, con la venta de votos se pierde todo el sistema político. La idea con la defensa de la democracia es que la ciudadanía valore y ame el sistema que usan y defienden. El constreñimiento al sufragante es un símbolo de pudrición, genera en nosotros mismos una sensación de olor a podrido, de que algo no funciona bien. Pero como siempre pasa, pensamos que la responsabilidad es del otro, que el mal olor proviene del político mañoso y que el otro es el culpable de la mala situación. Olvidan que el mal olor lo desprende uno mismo, con su falta de honestidad al votar.

En conclusión, con la venta del voto estamos construyendo una cultura política del fraude, de la compra y venta ilegal de votos. Lo cual representa un daño en la calidad del sistema político. Destruye los valores y vínculos duraderos del político con el elector. Quebranta las prácticas, procesos y reglas de la toma de decisiones colectivas. Vender el voto es un acto que, aunque puede ser racional, es egoísta y privatiza la política. Nos genera un daño colectivo al que, por lo general, responsabilizamos al candidato o el partido al que pertenece, pero como vemos es el elector quien también debe asumir esta responsabilidad.

La misma Ley 1864 de 2017 –con la que se busca proteger los mecanismos de participación democrática– establece que es responsabilidad del sufragante denunciar estos actos de compra-venta del voto. Que es su deber denunciar a los proponentes y que en caso de no hacerlo y votar, aunque no reciba la compensación monetaria, la ley debe castigar a ambos. Es delito tanto la promesa como la entrega del pago. De allí que cuando sienta el olor a podrido, es muy conveniente que primero se mire usted.

*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.



 

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