Por: Laura Cano Periodista – Pares
La violencia y las victimizaciones sistemáticas en zonas del país donde la guerra se agudiza cada vez más no dan tregua. El pasado 2 de octubre, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hizo pública una denuncia en la que se exponía que en el foco de los grupos armados ilegales estarían varias lideresas indígenas y la gobernadora del resguardo Nunalbí Alto Ulbí, del municipio de Barbacoas, Nariño, quienes habrían recibido amenazas telefónicas para desalojar a sus comunidades.
Más exactamente, y como lo comunicó la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá – UNIPA, las amenazas las recibieron Aura Melba López García, quien se desempeña como Consejera de Economía y Producción de la organización UNIPA; Yurani López Moreano, Gobernadora del Resguardo Indígena Awá Nunalbí Alto Ulbí; y una de las mujeres integrantes de la Asociación Productiva Granja el Maíz. Además, junto a estas lideresas también fueron amenazadas las familias de la comunidad Alto Guelmambí del resguardo en mención.
La amenaza se habría dado por medio de una llamada telefónica, en la que se les exigió el desalojo de sus comunidades y el cese de sus actividades de liderazgo, advirtiéndoles que, de no cumplir con lo ordenado, toda la comunidad del Alto Guelmambí sería declarada objetivo militar. Adicionalmente, tal como se aseveró desde UNIPA, se ha evidenciado que “estas amenazas recurrentes se han materializado en hechos como masacres y desplazamientos masivos”.
Tras lo sucedido, la comunidad se declaró en asamblea permanente y, además, hizo un llamado al Gobierno nacional, a la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Barbacoas “para que cumplan con sus funciones constitucionales, garantizando el derecho a la vida, atendiendo los problemas estructurales, reduciendo la inequidad y brechas en los territorios más afectados por el conflicto armado a través de acciones concretas, así como la activación de las rutas necesarias de acompañamiento a la población para evitar una masacre y un desplazamiento en este territorio”, según se lee en el comunicado de la UNIPA.
De acuerdo al Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), en lo que va del año, se han registrado 20 asesinatos de personas líderes indígenas, siendo Chocó y Nariño los departamentos con más hechos reportados, con cinco en cada uno. Además, según un reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Nariño (más exactamente los municipios de Roberto Payán y Magüí) ha sido una de las zonas con niveles de desplazamiento más críticos (Te podría interesar: «Al día, 235 personas son víctimas de desplazamiento forzado en Colombia»).
La situación en Barbacoas
Hace tan solo algunos días, el pasado 30 de septiembre, la UNIPA denunció que en el Resguardo Indígena Awá El Gran Sábalo (situado entre los municipios de Tumaco y Barbacoas), Jhon Alberto Pascal, coordinador de la Guardía Indígena, cayó en una mina antipersonal que le causó la muerte. Ese mismo día, en cercanías al municipio, más exactamente en la comunidad El Mero, perteneciente a Tumaco, un grupo de hombres fuertemente armados ingresó a la vivienda de una familia y retuvo a sus integrantes, entre los que se encontraba un menor de edad. Además, cerca a esta zona, Marta Lucía Ortíz, lideresa y directora del Centro Educativo Indígena Awá El Verde, también fue amenazada de muerte, impidiéndole continuar con sus labores pedagógicas en el establecimiento educativo en donde se les busca garantizar su derecho a la educación a cerca de 430 niños y niñas. “Estos hechos profundizan los impactos psicológicos negativos a nivel individual y colectivo. Por otra parte, desarmoniza el territorio impidiendo las prácticas ancestrales fundamentadas en la cosmovisión Awá, lo que pone en riesgo la autonomía, soberanía alimentaria y desarrollo de la libre personalidad y la libre movilidad por el territorio. Vemos con profunda preocupación cómo se vienen las violencias en nuestro pueblo Awá, por cuenta de la presencia de los grupos armados. (…) A los actores del conflicto armado les exigimos respeto por nuestro territorio y nuestra vida. Insistimos que dejen de involucrarnos en su guerra”, se aseveró desde la UNIPA.
Por otra parte, hay que señalar que desde la Defensoría del Pueblo se han emitido las alertas 018-20, 035-19 y 045 -19, en las que se llama la atención sobre la situación de riesgo que se vive en algunas zonas del país, entre ellas Barbacoas. Por ejemplo, en la 045 del 2019 se puntualiza que “la población indígena Awá del departamento de Nariño, es una de las etnias más afectadas por hechos derivados del conflicto armado, en sus territorios, caracterizados por la presencia de minería ilegal, cultivos de uso ilícito, narcotráfico, despojo y abandono de tierras, atentados al oleoducto transandino, falta de infraestructura vial, se evidencian las condiciones de vulnerabilidad social y el riesgo de las comunidades indígenas en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, quienes están propensos a la vulneración de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por el accionar de grupos armados en sus territorios”.
La entidad menciona que en los municipios de Barbacoas, Ricaurte y San Andrés de Tumaco, como consecuencia de la salida del otrora guerrilla FARC-EP, se ha reconfigurado el escenario de guerra en donde se han fortalecido unas estructuras armadas ilegales y otras han llegado a la zona. En este sentido, en la Alerta Temprana 045-19, se indica que hay presencia de las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC, el ELN, grupos armados post desmovilizados de las AUC y la estructura armada ilegal conocida como ‘Los Contadores’.
Desde la Defensoría se ha identificado que este escenario de actores armados ha motivado la ocurrencia de los siguientes tipos de victimizaciones:
La vinculación de jóvenes indígenas a la economía del narcotráfico, desde el cultivo, transporte de insumos y procesamiento de la hoja de coca, ante la falta de oportunidades.
La utilización y reclutamiento forzado de menores de edad por los grupos armados ilegales para el desarrollo de actividades ilícitas.
Enfrentamientos armados con interposición de la población civil que ocasionan desplazamientos forzados, restricción a la movilidad y confinamiento de los miembros de estas comunidades.
Amenazas a líderes y autoridades indígenas a través de panfletos, llamadas, mensajes de textos de diferentes grupos armados ilegales para generar temor y zozobra en las comunidades.
Amenazas y homicidios del pueblo indígena, militantes del nuevo partido político de las FARC, y a los miembros de su familia por parte de actores armados ilegales.
La instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos representa un alto riesgo de accidentes y restricción a la movilidad de los habitantes, que no pueden realizar sus actividades agrícolas en el territorio por la presencia de los cultivos de uso ilícito y la incursión de los miembros de la fuerza pública al territorio.
Homicidios a autoridades indígenas del pueblo Awá por oponerse a la presencia de actores armados ilegales en sus territorios y a la ejecución de actividades ilícitas.
Presión e intimidación de las estructuras y organizaciones comunitarias para la utilización de miembros indígenas en “gestiones” de interés de los grupos armados, rechazo, protesta o adelantar movilizaciones ante la incursión militar a sus territorios o en el desarrollo de operaciones militares, so pena de retaliaciones.
Las acciones recientes dan cuenta que cada una de las alertas hechas por las instituciones, por las comunidades y por las organizaciones sociales siguen siendo necesarias para visibilizar el contexto de violencia que se vive en la región de la costa pacífica nariñense.