Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
La vicepresidenta de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), Luz Perly Córdoba, denunció el martes la precariedad que cuenta su esquema de seguridad brindado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), y el cual pone en riesgo su vida, debido a las amenazas recibidas por su labor en las comunidades en el oriente colombiano.
“Soy líder social desde hace 34 años y he pasado por todas las agresiones y vicisitudes que sufrimos los que dedicamos la vida a la causa de las comunidades en este país, en razón a ellos fui cobijada por medidas cautelares de la CIDH en el año 2002”, señaló Córdoba en la carta, dirigida a Pablo Elías González Monguí, presidente de la UNP.
Debido al trabajo con las poblaciones la lideresa viaja periódicamente a lo largo y ancho de los departamentos del Meta, Guaviare y principalmente Arauca. Este último, es de los más convulsionados del país debido a la presencia de diversos actores armados legales e ilegales, que han sembrado miedo a los pobladores y a quienes defienden el territorio.
De ahí que se registren amenazas contra los líderes y lideresas. “En noviembre de 2018 la ACA fue objeto de amenaza de muerte de las autodenominadas ‘autodefensas unidas del Casanare’, donde se menciona mi nombre, mis rutinas y mi dirección de residencia, así como la de otros directivos”, indicó la lideresa.
Falta de garantías en seguridad
De acuerdo con la carta, en marzo del presente año fue asesinado Alfonso Correa, uno de los miembros directivos de la ACA; y el 11 de mayo la asociación fue de nuevo objeto de amenaza de muerte por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), brazo armado del denominado Clan del Golfo, principal banda narcotraficante del país.
“Es tan difícil la situación de seguridad en el departamento de Arauca que los actores armados han disparado contra esquemas de defensores de Derechos Humanos, han retenido carros de la UNP e incluso según informes de las mismas autoridades hay un plan pistola contra los escoltas de la institución”, agregó en el texto.
El panorama para los y las defensoras de derechos humanos en el país es cada vez más preocupante. La Fundación Paz y Reconciliación-Pares ha registrado 262 líderes y lideresas asesinadas desde el 26 de noviembre de 2016 cuando se firmó el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc, y expertos aseguran que este fenómeno va en aumento.
A comienzos de este mes, la lideresa y ‘nobel de medio ambiente’, Francia Márquez fue víctima de un ataque armado. En su cuenta de Twitter informó que “como pueblo negro del Norte del Cauca estábamos preparando una reunión para los diálogos con el Gobierno en el marco de los acuerdos con La Minga y fuimos atacados con armas y granadas por hombres armados, tenemos dos hombres de la UNP heridos”.
Asimismo, el pasado domingo la lideresa de la subregión de los Montes de María, Mayerlis Angarita fue atacada por hombres armados mientras se movilizaba en la ciudad de Barranquilla.
Afortunadamente contaba con sus esquema de seguridad, dentro de él, una camioneta blindada.
Sin embargo, el caso de la lideresa en Arauca es aún más problemático, puesto que manifestó que “ante el panorama descrito, hemos insistido en la solicitud de refuerzo de mi esquema de protección que actualmente comprende dos (2) hombres de protección con armas cortas y una camioneta convencional”, es decir, que no es blindada, indicó.
Según contó, a la fecha no le han dado ninguna respuesta, y cada día se agrava más su situación porque les han acortado los viáticos a los escoltas y por lo tanto no ha podido cumplir a cabalidad su labor en todos los territorios.
“Además, a partir del jueves 23 de mayo quedo sin esquema de protección en Arauca porque los hombres de protección regresan a Bogotá ya que no tienen aprobado más tiempo”, agregó.
Precariedad de la UNP
Otro tema que preocupa es la condición laboral de los hombres de protección. Según la denuncia, los empleados de la UNP están siendo trasladados entre empresas privadas de seguridad debido a la tercerización de la institución y eso ha perjudicado la situación en la que trabajan.
“Los viáticos de los hombres de protección demoran meses en pagarlos, colocando un fuerte grado de precariedad a estos trabajadores, pues protegen a líderes sociales en escasos recursos”, puntualizó.
Asimismo, esta tercerización ha generado desconfianza en los protegidos, puesto que, les han exigido un registro de los lugares a los que se van a desplazar durante el día y de las actividades a realizar para validar supuestamente el oficio desempeñado. De todas maneras, inquieta porque los reportes han sido utilizados contra los protegidos.
En ese sentido, Córdoba le solicitó a la UNP tomar medidas “urgentes” para hacer efectiva la protección de su integridad física. Y responsabilizó a la UNP de cualquier hecho que ponga en riesgo su vida.