Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Las amenazas y los hostigamientos no cesan. En las regiones del país el panorama incluye otros actores de riesgo diferentes al virus, los cuales parecieran tomar más poder con el actual Estado de Emergencia; olvido estatal, grupos armados ilegales, ausencia de entes que garanticen la seguridad, fallas en el sistema de salud y en toda la estructura que está haciendo que hoy en los territorios la situación esté mediada por más de una complejidad social.
Como radiografía de esta situación está el Cauca, uno de los departamentos más golpeados por la violencia, y que en este tiempo de medidas especiales para prevenir el crecimiento de la curva de contagio de Covid-19, ha presenciado una constante masacre contra sus habitantes y líderes, la cual le ha cobrado la vida a Marlly Fernanda Quina (27 de marzo), Hamilton Gasca Ortega (04 de abril), Teodomiro Sotelo Anacona (16 de abril), Naya Mario Chilhueso (19 de abril), Jesús Giraldo López (22 de abril), Floro Samboní Gómez (24 de abril), Álvaro Narváez (29 de abril), Uben Guerrero (01 de mayo) y Julio Moreno Arce (03 de junio).
Esta crítica situación no está aislada de lo que están viviendo las comunidades indígenas que habitan en el departamento. Pues durante el mismo tiempo en el que los pueblos exigen medidas para salvaguardar su salud, también han tenido que asumir las problemáticas sociales que los han puesto como foco para los asesinatos selectivos que continúan en medio de una pandemia mundial y que han tenido como respuesta la ausencia del Estado.
Los indígenas del Cauca, foco de los hechos victimizantes
El pasado 02 de junio a través de la ONIC y el CRIC se denunció la incursión de 05 hombres fuertemente armados con prendas militares, quienes encañonaron a personas del resguardo Indígena Pikwe Tha Fiw ubicado en zona rural del municipio de Páez.
Según lo informado a través de los comunicados de ambas organizaciones se afirmó que siendo aproximadamente las 5:30 p.m. los sujetos forzaron a la comunidad a dar información sobre el paradero de la Consejera Aida Quilcue Vivas, y de la Autoridad Tradicional Omaira Quilcue y del profesor Emirson Huetia.
“Desde la guardia y autoridades indígenas estaremos en asamblea. Además, como siempre ha sido, implementamos los mecanismos de protección y autoprotección territorial, atendiendo la sistematicidad de las amenazas que hay en las regiones del país, y que en mi caso se vienen dando desde el 2008 por las distintas labores de defensa de los Derechos Humanos que hago”, afirmó Aída Quilcué.
Por otro lado, la ONIC aseveró que hacen un llamado urgente a las instituciones del Estado Colombiano y a Organizaciones Garantes y Defensoras de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional para proteger y salvaguardar la vida e integridad de la comunidad indígena, así mismo de las personas mencionadas. Del mismo modo solicitamos de manera inmediata la activación de protocolos de protocolos de protección individual y colectiva en el marco del enfoque diferencial en el resguardo Pikwe Tha Fiw.
A estas solicitudes también se agregó la del procurador Fernando Carrillo, quien a través de su cuenta de Twitter hizo “un llamado urgente a las instituciones del Estado para que de manera urgente activen los protocolos de protección a favor de la Consejera Aída Marina Quilcué Vivas de la ONIC, su hermana que es autoridad indígena y otros líderes del Pueblo Nasa”.
Cabe señalar que la situación de incursión de hombres armados en este resguardo durante este año ha sido alertada por lo menos desde el 10 de febrero, denunciando los intentos de ingreso de estos al resguardo Pikwe Tha Fiw, los cuales han sido detenidos y controlados por parte de la Guardia Indígena y la comunidad. No obstante, la presencia de éstos es constante a los alrededores de la zona.
Las vidas que ha cobrado la falta de protección
Según el sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación Sipares, desde el 01 de enero hasta 27 de marzo se han registrado 07 asesinatos a líderes indígenas en todo el territorio nacional, situación que ha venido siendo alertada desde distintas organizaciones y que ha cobrado la vida de Virginia Silva, Virginia Silva, médica tradicional de Páez, Cauca; Anuar Rojas Isarama, integrante de la Guardia Indígena y defensor de DD.HH de Nuqui, Chocó; Amparo Guegia, lideresa indígena fundadora del Movimiento Nietos del Quintin Lame de Caloto, Cauca; los taitas Ismael Angucho Yunda y Felipe Angucho Yunda de Belen De Los Andaquies, Caquetá; Omar y Ernesto Guasiruma Nacabera, líderes de Bolívar, Cauca; y Marlly Fernanda Quina Campo, lideresa en Totoró, Cauca.
“Constantemente tenemos que alertar sobre la ejecución permanente de actos violatorios e indiscriminados que atentan contra la armonía y el equilibrio de nuestros territorios ancestrales, como consecuencia de la presencia de grupos armados, y el señalamiento perverso de los detentadores del poder contra nuestros procesos y dirigencia.
Se ataca la estigmatización, señalamientos, criminalización y la persecución a nuestros líderes, Autoridades y sabedores tradicionales, al cuerpo colectivo de la guardia indígena, y en general a las instancias comunitarias que, con fundamento y claridad política, organizativa y cultural, realizamos el ejercicio de control territorial, reza el documento presentado por el CRIC.
En este contexto de constante violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, resultado, entre otras cosas, del abandono estatal y la inoperancia por implementar el Acuerdo de Paz, se suma el rápido copamiento de grupos armados legales e ilegales en los territorios, situación que ha venido atentado contra la vida, los saberes y los procesos organizativos que se han generado históricamente desde las y los indígenas.
En este sentido es necesario nombrar que tan solo en las últimas semanas se denunció el homicidio de Cristian Conda, un joven indígena de 21 años, integrante del resguardo López Adentro de Caloto, Cauca, quien luego de que diez hombres armados ingresaran a la zona donde él habitaba fue asesinado debido a los disparos que realizaron contra la comunidad.
Asimismo, el pasado 30 de mayo se informó sobre la muerte de María Nelly Cuetia de 55 años y Pedro Tróchez de 58, después de que personas armadas llegaran a la vivienda de estos dos médicos tradicionales ubicada en Corinto, Cauca para asesinar estos sabedores de la comunidad Nasa.
Un día después de este hecho fue asesinado Joel Villamizar dirigente de la Asociación U’wa – Río Colorado, municipio de Chitaga, Norte de Santander, por parte del Ejército Nacional. Este asesinato, como lo denunció la comunidad y la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, quiso ser legitimado por la Institución al acusar a Joel de ser parte del esquema de seguridad del ELN, afirmación que han desmentido y rechazado las organizaciones, responsabilizando al Gobierno de este crimen y de la intencionalidad que tenían con el mismo.
Entierro de Joel Aguablanca Villamizar, dirigente U'wa asesinado por el Ejercito Colombiano. Grito de la Guardia U'wa: "Por cada indígena muerto, otros miles nacerán!" #JusticiaParaJoel @ONIC_Colombia @Ccajar @CODHESColombia @C_Pueblos pic.twitter.com/VSQJ3fFbUp — Andrew E. Miller (@AmazonMiller) June 4, 2020
Hoy a este crítico panorama se suman los hostigamientos, persecución y amenaza a Aida Quilcue Vivas, Omaira Quilcue y Emirson Huetia, situación por la que el CRIC concluye que: “El Estado colombiano tiene la obligación constitucional y el compromiso internacional de darle las garantías a ella como persona, a la autoridad tradicional y al profesor del resguardo, hoy amenazados, así como a todos los integrantes de las comunidades indígenas del Cauca. El Estado colombiano tiene la obligación constitucional de parar la guerra y generar condiciones para parar la violencia y garantizar la vida, la justicia y la paz, para todos los colombianos y colombianas. Los organismos internacionales deben velar para que esto no se siga incumpliendo”.