• Esteban Salazar Giraldo

Leticia y la frontera: entre la pandemia y el abandono

Por: Esteban Salazar Giraldo. Investigador Nacional PARES


Leticia se encuentra al borde de la crisis humanitaria. De acuerdo con una carta del 20 de abril, se conoció la renuncia masiva del personal de salud del E.S.E. Hospital San Rafael, el único ente de salud que estaba prestando los servicios de atención por el Covid-19.


Las razones de la renuncia del personal de salud están condensadas en la falta de garantías y elementos de protección para atender a pacientes que lleguen infectados. De acuerdo con las cifras oficiales, en Amazonas existen cuatro (4) personas que se encuentran contagiados y, según fuentes de Pares, uno de estos casos se habría dado dentro del personal médico del municipio de Leticia. Sin embargo, esto podría ser un subregistro, pues los resultados de las pruebas se están demorando de 5 a 10 días.

La misiva es un solo una parte del abandono histórico en el que ha vivido el Amazonas por parte del Estado colombiano. Con una población de 47.978 personas, este departamento se configura como el más grande a nivel de extensión territorial -109.665km2-, y solo cuenta con dos municipios: Puerto Nariño y Leticia, lo que dificulta la gobernabilidad. Más territorio que Estado.


Crisis hospitalaria


Aunque su mayor riqueza es la biodiversidad y demografía pluricultural, de lo cual todo colombiano se enorgullece, la realidad de este departamento es más compleja. De acuerdo con datos oficiales, entre Leticia y Puerto Nariño se cuentan apenas 10 centros de atención de salud, de los cuales, solo hay un hospital -E.S.E. San Rafael- y una clínica -Leticia-.


El hospital que es de tercer nivel, es decir, puede atender casos complejos de salud pero no cuenta con los elementos y garantías para que el personal atienda a posibles enfermos por Covid-19. Tampoco cuenta siquiera con una Unidad de Cuidados Intensivos -UCI-.


Sin duda alguna, este departamento se encuentra tan desconectado del país que, por ejemplo, según la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, además de contar con unas Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI- por encima del 77%, todo el departamento hace parte de las Zonas No Interconectadas (ZNI) de energía del país.


Aunado a lo anterior, este departamento comparte la mayor proporción fronteriza con Brasil. Leticia y Tabatinga son municipios o entes territoriales siameses, lo que agrava la situación, pues, como bien se ha conocido, el país vecino no le ha dado un manejo coordinado a la crisis del Covid-19. En Tabatinga, según cifras oficiales, hay 11 casos confirmados y uno de estos falleció.


De hecho, el municipio fronterizo no cuenta con mayores garantías que Leticia. Al otro lado de la frontera, con 62.346 habitantes, Tabatinga cuenta con apenas dos centros de salud: la Unidad de Primeros Auxilios -UPA- y el Hospital militar. Insuficientes para toda la población que deben atender.


Por otro lado, cabe recordar que esta frontera es una conurbación, es decir, un mismo casco urbano dividido por un semicaudal -quebrada contaminada-, que tiene como control para pasar de un territorio a otro un policía acostado.


Hasta el momento, ni el prefeito -alcalde- de Tabatinga ni el alcalde de Leticia se han puesto de acuerdo para manejar la crisis de manera coordinada. Dicho de otra manera, además del abandono del propio Estado, Leticia hace parte de una frontera altamente porosa y permeada.


¿Contratos ‘fantasmas’ en Leticia?


Otro factor grave, se encuentra relacionado con las recientes denuncias que están saliendo a la luz pública debido a presuntos “contratos fantasmas” y órdenes de compra en el municipio de Leticia, así como por parte de la gobernación, en donde los gobernantes se estarían aprovechando del estado de emergencia y la reducción de vigilancia por parte de los órganos de control para apropiarse de recursos públicos.


De acuerdo con entrevistas realizadas por Pares en Leticia, la situación se torna grave por la crisis humanitaria que se empieza a materializar ante una propagación del virus descontrolada y una desatención médica. Mientras tanto, los entes territoriales estarían más preocupados por la contratación, que por establecer políticas coordinadas con Tabatinga y por exigirle al gobierno nacional ayudas inmediatas.