Legalización de la censura

Por: Ariel Ávila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares


Lo que les voy a narrar a continuación, lo hago porque sencillamente no aguanto, o mejor, no aguantamos más. Es un ciclo de hechos que causan desazón, tristeza y preocupación. Todo comenzó en 2017, en ese momento, por causalidad, el ingeniero electrónico de la Fundación Paz y Reconciliación, encontró conectado un computador al servidor de la Fundación. Inmediatamente nos comunicamos con la Policía y la Fiscalía, y si bien la investigación ha avanzado poco, ya se sabe que toda la información de la fundación fue robada, desde las bases de datos, pasando por informes secretos y hasta la lista de investigadores en las regiones. Muchos de ellos trabajan con la fundación hace varios años, pero casi nadie lo sabe, pues serían objeto de atentados. A toda la información le sacaron copias, se la llevaron.

Luego vinieron una serie de amenazas. A nuestro investigador en el Magdalena lo han extorsionando y hasta le robaron el computador. La investigadora en Antioquia igualmente está amenazada, e incluso la han llamado para decirle que es mejor que se vaya de la ciudad de Medellín. Recientemente, en marzo, luego de una publicación sobre la casa política de los Suárez Mira, llegó una  amenaza de la Oficina de Envigado, decían que si Ariel Ávila seguía hablando “lo iban a encontrar picado en una bolsa y con la jeta llena de moscas”. Por si fuera poco, el equipo en Nariño también ha recibido intimidaciones.

El cierre de este ciclo de censura se dio desde hace algunas semanas. La historia es increíble, parece de locos. Es la siguiente: Luego de las elecciones de marzo de 2018, la Fundación Paz y Reconciliación sacó un informe sobre los políticos cuestionados que fueron electos como senadores y representantes a la Cámara. El texto se tituló ‘Los 42 congresistas de la ilegalidad’. Allí están los vinculados al escándalo de Odebrecht, los del escándalo del cartel de la hemofilia, los herederos de los políticos vinculados con organizaciones criminales y, claro, los políticos que abiertamente fueron financiados por alcaldías y gobernaciones en su campaña, es decir, que fueron financiados con recursos públicos.

Entre los nombrados está José Ritter