Los datos territoriales del postconflicto son los siguientes: las FARC y el ELN operaron hasta el 2016 en 281 municipios de un total de 1.122 que tiene el país, es decir, cerca del 25 % de las municipalidades. La presencia de las guerrillas en los municipios no tiene ni tenía la misma intensidad, existen municipios donde su presencia urbana era muy baja, como Buenaventura, pero a nivel rural lo controlaban casi todo.
En 242 municipios operaban las FARC y el 99 el ELN. Había municipios donde ambos grupos operaban, por ello, al final la cifra es de 281. En 190 de los 281 municipios hay presencia de economías de guerra, ya sean cultivos de coca, laboratorios de clorhidrato de cocaína, minería criminal o contrabando. La mayoría de estos municipios son categoría 6, manejan un bajo presupuesto, no tienen un comercio local desarrollado y la deficiencia institucional es alta. Durante los más de 50 años de confrontación armada, las guerrillas crearon una estructura paralela de administración de seguridad y justicia. Además regulaban la vida social y económica donde se desarrolla la economía ilegal e informal. Ejercían control sobre el precio de la pasta base de coca, las deudas, la venta de licor, en fin, casi toda la vida social.
Lo que sucedió hace algunas semanas con el proceso de concentración es que las FARC pasaron de operar en estos 242 municipios a 26 veredas, o mejor zonas rurales, cuyo tamaño es de alrededor de 11 kilómetros cuadrados. Es decir, las FARC desocuparon más del 98 % del territorio donde operaban.
Lo ideal habría sido que el Estado colombiano copara esas zonas, para que reemplazara a las FARC e instaurara la institucionalidad necesaria para consolidar del Estado Social de Derecho. Se había advertido desde hace más de un año que no había una estrategia clara para copar estas zonas y que el riesgo de que estas fueron retomadas por otros actores criminales era inmenso, sobre todo en municipios con alta presencia de economías ilegales. A pesar de las advertencias, pasó y está pasando lo indeseable. Muchas de las zonas Posfarc han sido retomadas por grupos criminales.
Esta gran categoría de zonas posfarc se puede dividir en cinco tipos de territorios, como se ve a continuación:
Las zonas copadas por el ELN, hasta el momento, se identifican en el departamento de Chocó, la zona pacífica del Valle del Cauca, Arauca y Norte de Santander. Por ejemplo, la zona donde fue entregado Odín Sánchez hasta el año pasado era de control de las FARC con el Bloque Móvil Arturo Ruiz. De hecho, ya todo el sur del departamento de Chocó cuenta con presencia del ELN y estarían entrando a Buenaventura.
Las zonas copadas por bandas criminales es tal vez la situación más preocupante. En el bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba y el norte de Chocó ha sido el Clan del Golfo o antiguos Urabeños los que han copado el territorio que era de las FARC. Tumaco es otro ejemplo, allí el Clan del Golfo controla los límites entre Tumaco y el municipio de Francisco Pizarro. También en este municipio surgió el denominado grupo Nuevo Orden, y la banda criminal de La Empresa está llegando desde el municipio de Olaya Herrera. Las zonas donde el Estado se ha fortalecido cubren el menor porcentaje de territorio de las zonas posfarc. Sólo en el departamento de Huila y el sur de Tolima se ha logrado detectar una acción coordinada de las instituciones nacionales y locales.
El cuarto tipo de territorio es el que tiene las disidencias de las FARC. En total se cuentan poco más de 180 guerrilleros que han desertado, aunque las FARC hablan de 120. Estas, se ubican en cinco zonas. Por un lado, entre Vaupés y Guaviare, donde está el grupo más grande al mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco, con cerca de 60 hombres. En Tumaco se cuenta otra disidencia, la otra en el norte de Caquetá, al mando de alías Mojoso. Una más en los límites del sur de Meta y Guaviare, la cual es pequeña, y otra, la más débil, en Antioquia. Este tipo de zonas es el territorio más pequeño de las zonas posfarc.
El último tipo de territorio se denomina Anarquía Criminal. Son zonas donde el abigeato o hurto de ganado, el atraco en carretera y en general la inseguridad se han disparado, pero no hay una organización criminal con la capacidad de copar el territorio. Es una situación de delincuencia común que ha disparado todos los índices de delitos y criminalidad. Como dijo una campesina del El Retorno, Guaviare: “Aquí la situación está invivible desde cuando se fueron las FARC”.
Aun no hay claridad sobre la estrategia del Estado para mitigar esta situación de seguridad, más allá de anunciar el envío de tropas pareciera que no hay nada coordinado ni planeado, y sobre todo que garantice la sostenibilidad en el tiempo.
Columna de opinión publicada en Semana.com
Comments