Por: Francisco Daza, investigador nacional y Zabier Hernández, investigador regional
Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto
La violencia entre grupos armados en la costa pacífica nariñense no da tregua. La disputa por el control social y territorial por parte de actores armados aumenta la crisis humanitaria de la población civil de los municipios de esta subregión de Nariño. En este contexto, organizaciones como la ORIPAP-Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo AWÁ del Pacífico, han expresado su inconformismo frente a la falta de efectividad de las medidas tomadas por las fuerzas militares en materia de protección de la población civil de esta subregión del departamento de Nariño.
En el marco de la inoperancia de la fuerza pública ORIPAP y otras organizaciones afro e indígenas del pacífico nariñense decidieran movilizarse pacíficamente en la Vía Panamericana que conecta a Tumaco con otras zonas del país para visibilizar las afectaciones contra la población civil que solo en los primeros cuatro meses del año ya había dejado más 3.000 personas desplazadas en Nariño.
Las afectaciones contra la población civil en el marco de las disputas entre actores armados por el territorio de municipios como Tumaco, Roberto Payán, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Maguí Payán y Barbacoas obedece a un reacomodamiento de las fichas de la criminalidad en esta zona del país. Es conocida la diversidad de actores armados que existe en este departamento; estando activos por lo menos 7 grupos armados postfarc solamente en la costa pacífica nariñense, además de diversas estructuras del ELN y el Clan del Golfo.
Entre esta larga lista de estructuras armadas ilegales se encuentra la Columna Móvil Franco Benavides, Bloque Suroccidental Alfonso Cano o Frente 30, el Frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, Los Contadores, entre otros, que están empezando a tomar partido en el marco de la fuerte avanzada que están teniendo las grandes líneas de los GAPF (Segunda Marquetalia y Gentil Duarte) hacia esta región del país.
Así las cosas, la Segunda Marquetalia tiene una fuerte presencia en municipios como Barbacoas, Roberto Payán y Magüi Payán a través de posibles pactos que habrían establecido con el Bloque Occidental Alfonso Cano, mientras que el Comando Coordinador de Occidente, CCO, de la línea de Gentil Duarte, estaría consolidando su presencia en las subregiones del Sanquianga y Cordillera, las cuales conectan a Nariño con los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. En este proceso de ampliación territorial de las grandes líneas de los GAPF, otros actores armados como el Clan del Golfo y el ELN, estarían jugando un papel secundario buscando mantener su presencia en un menor espacio territorial evitando así un confrontación con los GAPF.
Se encuentra, por ejemplo, que la fuerte presencia del CCO en la cordillera nariñense, hace que el Clan del Golfo establezca acuerdos que lo llevan, por un lado, a ceder el control militar territorial de la región, y por otro, a concentrase en puntos específicos de la subregión alrededor del control de la minería ilegal y la producción de pasta base de coca. De manera similar ocurre en Tumaco, pues el avance de la Segunda Marquetalia desde Barbacoas y Ricaurte hizo que el Clan del Golfo se replegara en ese municipio, cediendo su papel como grupo dominante.
A esto se suma que el ELN está pasando por la misma situación del Clan del Golfo en Nariño, este actor armado estaría buscando establecer pactos con los GAPF antes que enfrentarlos y así mantener su hegemonía en municipios como Ancuyá, Linares, Samaniego, Guachavez, Túquerres y Ricaurte.
Este panorama expone que actualmente existe una actividad muy dinámica de pactos, acuerdos y articulaciones de coordinación de estructuras armadas ilegales en el departamento de Nariño, en la que los GAPF han asumido la direccionalidad de la guerra supeditando al resto de las estructuras a sus estrategias, incluso, llevando a su órbita de incidencia a grupos tan fuertes como el Clan del Golfo y el ELN.
Esta reconfiguración de actores armados en Nariño ha traído consigo la reactivación de dinámicas de conflictividades y de confrontaciones que se expresan una disputa territorial muy fuerte, dejando a la población civil en el medio del tablero de la guerra por el control del pacífico nariñense, que ha dejó entre enero y agosto de este año 7 masacres y un total de 37 víctimas.
Bajo este contexto, es imperante que la fuerza pública proteja a las comunidades de Nariño, encontrando estrategias para la prevención de escenarios de riesgo ante las confrontaciones entre actores armados que agravan cada vez más la crisis humanitaria del departamento. Desde PARES nos unimos al llamado de ORIPAP y las demás organizaciones que harán parte de las movilizaciones en Tumaco que buscan llamar la atención del Gobierno Nacional ante el desolador escenario de violencia que afecta permanentemente a las comunidades de la costa pacífica nariñense.