Por: Guillermo Segovia Mora
Abogado y politólogo
Bien hizo el presidente electo Gustavo Petro en su primera entrevista de fondo con W radio en advertir, como prólogo a la catarata de preguntas que esa oportunidad de primicia desató en los periodistas, que sus votantes habían preferido y escogido un programa de cambios, expuesto por él con amplitud en la campaña. Es decir, que recibió un mandato para ejecutar las propuestas que respaldaron sus electores.
Esto frente a la absurda pretensión de sus adversarios y opositores derrotados en las urnas de ponerle límites y talanqueras a las propuestas que expuso y ganaron el favor ciudadano, a partir de la arrogante visión de que las instituciones vigentes, en parte responsables del desmadre nacional, son intocables y a partir de ahí lanzar advertencias y directrices. Frente a lo que cabe decir que, ánimo dialogante y reconciliatorio del presidente de por medio, eso fue derrotado.
Por ello, no dejan de ser testarudas y provocadoras las voces que en los medios hacen eco a poderosos intereses en juego para advertir catástrofes y exigir garantías de inmodificabilidad en ciertos temas: no se puede tocar la política petrolera, no se puede suspender el fracking ni el glifosato, no se puede reformar las Fuerzas Armadas, la Policía ni el Esmad, no se pueden modificar los sistemas de salud y pensiones. ¿Entonces para qué nos hicimos elegir?, se preguntaría Petro, si no lo supiera.
Conocedor de las triquiñuelas del establecimiento, el nuevo Presidente, ni corto ni perezoso, apenas bajado de la tribuna de la victoria, dio el paso a la consolidación de mayorías en el Congreso y a ganar amplio apoyo, incluidos partidos y gremios, para viabilizar su agenda de propuestas de reformas y congregar alrededor de un “Gran Acuerdo Nacional” a todos los sectores dispuestos a participar en una época de transformaciones que nos lleve a la modernidad, a la paz en grande y a la justicia social y ambiental, respetando la democracia pluralista. Y no le ha ido mal.
El nuevo gobierno enfrenta enormes retos pero no como lo sugieren los opinadores y periodistas fletados o adversarios, y lo exige la oposición —reducida, al menos la más belicosa, a un sector del Centro Democrático—, para “cambiar algo para que todo siga igual”, sino, por el contrario, para hacer efectivas las reformas y alivios ofrecidos ante una situación de malestar generalizado, provocado por los efectos desastrosos de las políticas neoliberales, la guerra como doctrina para apaciguar el conflicto y cuatro años de un mal gobierno ostensiblemente comprometido con los intereses de los poderosos.
La designación de sus primeros ministros y ministras no deja duda sobre la claridad de criterio y objetivos con que Gustavo Petro encara esta nueva etapa del país. El primer nombramiento, por demás simbólico de sus intenciones, fue el de Álvaro Leyva Durán, conservador de origen, experimentado político partidario de la solución pacífica y negociada de los conflictos, como Ministro de Relaciones Exteriores. No cabe duda que la paz, junto con la lucha por la mitigación del cambio climático, la transformación de la matriz energética, la descarbonización de las economías y la integración latinoamericana, como lo advirtió el presidente en el discurso de triunfo, serán ejes fundamentales de la política exterior de este cuatrienio.
Con el reputado economista liberal, José Antonio Ocampo, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, asegura una apuesta por la reducción del déficit fiscal y la deuda externa irresponsablemente acrecentados por el gobierno saliente, medidas audaces y eficaces frente a la destorcida económica mundial, la gestión de una reforma tributaria progresiva y justiciera que tase grandes utilidades y riquezas, elimine abusivos privilegios y exenciones, exonere los bajos ingresos y garantice los recursos para una política social de impacto que reduzca la inequidad y contribuya a superar situaciones de vulnerabilidad y hambre; así mismo el impulso de la economía productiva mediante ampliación del crédito público. Importante será su visión en el rescate del carácter técnico estratégico de Planeación Nacional, sugerido por el presidente.
La apuesta de “Colombia, potencia mundial de la Vida” no podría estar mejor representada en el Ministerio de la Cultura que con la dramaturga y activista social, Patricia Ariza, fundadora del emblemático grupo de Teatro La Candelaria, víctima por su militancia en la Unión Patriótica, experiencia de participación en un intento de apertura política, aminorada a balazos. Concretar e implantar los componentes para una “Cultura de Paz” en un país polarizado y frente a un bando negacionista que no se conmueve ni acoge hechos y conclusiones tan contundentes como los expuestos en el informe de la Comisión de la Verdad o las comparecencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz, es una tarea magna para una guerrera por la vida.
Al frente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para garantizar el cumplimiento del punto uno de los Acuerdos de la Habana sobre Reforma Rural Integral, la lucha contra la pobreza en el campo, el impulso de la agricultura y la agroindustria, y la seguridad alimentaria, estará la economista liberal Cecilia López Montaño que desde el liberalismo y el desempeño de la dirección de Planeación Nacional y el Ministerio de Agricultura en el gobierno Samper, ha avanzado a posiciones más progresistas en estos y otros temas, pensamiento expuesto en la academia y en columnas de opinión, pero a la vez de carácter y espíritu crítico, como lo demostró en sus cuestionamientos frente a algunas ofertas de campaña.
Susana Muhamad, con acreditación académica en temas medioambientales, ocupó la Secretaría General y la Secretaría del Medio Ambiente durante la alcaldía de Bogotá del nuevo presidente Gustavo Petro, y hace unos días perdió su curul en el Concejo de la ciudad por el petrismo, debido a cómputos electorales. Se destacó por su trabajo en la protección de los recursos hídricos y los espacios verdes de la ciudad en contraposición a los intereses de urbanistas indolentes, como en el caso de la preservación de la Reserva Van Der Hammen, e impulsó la movilidad alternativa y la descontaminación del aire. Con esos antecedentes desempeñará el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se pondrán a prueba grandes apuestas de Petro como la sustitución de petróleo y gas (No al fracking y disminución del licenciamiento), cuidado de la naturaleza y la vida (No al glifosato para acabar cultivos de uso ilícito, Acuerdo de Escazú, protección de ambientalistas, parques y reservas, flora y fauna) y una relación amigable con el agua.
Uno de los inamovibles que le pretenden imponer al nuevo gobierno los defensores oficiosos, los gremios empresariales y las empresas promotoras de salud, es la reforma al sistema de intermediación en la prestación del servicio a la salud. Aspecto central en la propuesta de Petro para garantizar el derecho mediante medicina preventiva y atención directa al usuario y que se dignifiquen las condiciones laborales del personal médico. Esa tarea le corresponderá como ministra de Salud y Protección Social a Carolina Corcho, reconocida médica y representante gremial, experta a profundidad en los vericuetos de la legislación que privatizó el servicio y en alternativas que hagan viable una atención preventiva y humanizada de la salud de los colombianos y colombianas.
Otros grandes retos esperan la designación de responsables para encarar las reformas correspondientes, como son los casos del Ministerio de Defensa, con el urgente replanteamiento de la doctrina vigente (de enemigo interno derivada a dispersión molecular disipada) incompatible con la política de paz y el respeto a los derechos ciudadanos; las políticas de formación, ascenso y remuneración; el servicio voluntario; la redefinición de la fuerza antidisturbios y el traslado y reforma de la Policía Nacional, desmilitarizándola y acentuando su carácter de protección al ciudadano.
El convencimiento y compromiso del presidente de la necesidad de asumir cuanto antes el tránsito hacia energías limpias, cesar la explotación de hidrocarburos, proteger la naturaleza y regular la minería en favor de los pequeños mineros, aspectos en los que ha postulado a Colombia como líder en el continente y aliado mundial, son grandes tareas para quien ocupe el Ministerio de Minas y Energía. La cartera de Comercio, Industria y Turismo, debe recoger los ejes del nuevo modelo de desarrollo propuesto por Petro como son el impulso de las mipymes, el fortalecimiento y modernización de la industria y los ingresos turísticos como sustitutos parciales de los hidrocarburos.
El Ministerio de Trabajo tendrá a su cargo los esfuerzos por formalización laboral, balancear las relaciones obrero-patronales, dignificar el empleo, modular la oferta de empleo estatal de emergencia y potenciar la economía solidaria. Además de afrontar un gran diálogo nacional hacia la prometida reforma del régimen pensional que garantice la pensión de jubilación a los colombianos y colombianas, los recursos necesarios, media pensión a adultos mayores y madres de familia vulnerables y corrija las desigualdades e inequidades del sistema actual.
Asuntos centrales en la propuesta gubernamental son la cobertura nacional de Internet, hacer de la radio y televisión públicas (RTVC) instrumentos eficaces de respaldo a las políticas educativas y de cultura de paz, y respaldar medios de comunicación independientes, alternativos y comunitarios para desconcentrar y balancear la oferta comunicativa e informativa en el país, a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Masificar el deporte recreativo y respaldar el competitivo fortaleciendo el Ministerio del Deporte y aumentar el presupuesto y asumir políticas audaces y ambiciosas de respaldo a investigadores, científicos e innovadores en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el Ministerio de Educación, la promesa de universidad pública universal, gratuita y de calidad, es de por sí un enorme objetivo; también tendrá que poner en marcha en la educación básica de nuevo la materia de historia, a la par con los replanteamientos que implica para toda la educación la experiencia de las medidas asumidas a raíz de la pandemia.
Un ambicioso plan vial terrestre, el rescate del transporte férreo y fluvial, la política de financiación de carreteas y fletes en el transporte terrestre, el replanteamiento del modelo de movilidad en las grandes ciudades y la concreción del Metro de Bogotá son algunas de las metas del Ministerio de Transporte, mientras que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio debe enfocarse en ampliar coberturas de vivienda, apoyo a la planificación y el ordenamiento territorial urbano y abogar por la descentralización efectiva.
El Ministerio de Justicia y Derecho debe respaldar junto con los entes correspondientes la llegada por ley de la virtualidad a todo el territorio nacional a la vez que equipar desde el punto tecnológico y humano las dependencias judiciales. Así mismo es la cabeza de la nueva política criminal y carcelaria del gobierno. Junto con el Ministerio del Interior debe plantear los mecanismos y adelantar la gestión legislativa para concretar la propuesta del Presidente Petro de suprimir la Procuraduría General de la Nación, politizada y burocrática, para adscribirla con funciones de investigación, a la Fiscalía General. Así mismo, debe hacer posible la Comisión Internacional de Investigación de la Corrupción, otra de las iniciativas presidenciales en esta materia, en la búsqueda de desactivar esa práctica que carcome el presupuesto y la credibilidad institucional del país. De otra parte, es puntal en la política de solución negociada de conflictos y sometimiento de los actores criminales, planteada por el Presidente Gustavo Petro.
Finalmente, gracias al haber logrado mayorías en el Congreso y en la medida en que gran parte de las posibilidades de éxito del nuevo gobierno dependen de un favorable tránsito legislativo de las propuestas de reforma de diverso tipo orientadas a modernizar las instituciones (creación de los ministerios de la Igualdad y la Paz y la Convivencia), garantizar la paz y los derechos de los ciudadanos (reforma electoral) y generar justica social y ambiental, el Ministerio del Interior será un cargo fundamental. Es determinante para el diálogo democrático con los movimientos sociales, organizaciones populares, instituciones religiosas, poblaciones minoritarias y fuerzas vivas del país, como también para los requerimientos políticos que implica la solución de los diversos conflictos que afectan al país. Es decir, en sus manos está la gestión del “Gran Acuerdo Nacional por la Paz, la Justicia y la Democracia”.
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