La Misión Electoral Especial conformada por siete miembros expertos en el tema electoral y participación ciudadana, con la idea que el Gobierno Nacional tramite ajustes normativos e institucionales necesarios, con ocasión de la implementación de los Acuerdos de Paz, presenta a consideración de la opinión pública, sus recomendaciones en esta materia.
La propuesta será estudiada por el Gobierno Nacional en cabeza del ministerio del Interior con los partidos políticos, con el ánimo de estructurar un texto de Reforma Política que sería discutido a través del mecanismo de Fast Track por el Congreso de la República.
Los planteamientos de la Misión Electoral Especial se resumen en los siguientes tres puntos:
Modificación a la estructura electoral colombiana:
Se propone la creación del Concejo Electoral Colombiano y de una Corte Electoral, con funciones administrativas y jurisdiccionales separadas, respectivamente, pero que trabajarán de manera coordinada.
Su composición estará dada por una junta directiva de cinco miembros de origen no partidista, lo que le diferenciaría del Consejo Nacional Electoral, órgano compuesto por representantes de los partidos políticos mayoritarios en el Congreso de la República. Tendrá funciones técnicas, logísticas y administrativas; de planificación, organización y ejecución de un proceso electoral; administrará el Registro Civil, el padrón electoral y el padrón de militantes; realizará educación ciudadana, cómputo y difusión de resultados y controlará el financiamiento de la política.
Se propone también la creación de una Corte Electoral que estaría integrada a la Rama del Poder Judicial, pero actuaría con autonomía. Sus funciones serían, resolver procesos contenciosos electorales y fijar sanciones como separación del cargo y pérdidas de investidura. Su composición estaría dada por seis tribunales regionales con tres magistrados de carrera y cinco magistrados a nivel nacional.
Cambios en el sistema de elección a cargos de elección popular:
La propuesta radica en la posibilidad de utilizar listas cerradas. Con esto, se busca reducir los costos de las campañas, que sería estatal y de las elecciones.
El Senado mantendría el número actual de curules y en la Cámara de Representantes aumentaría a 200.
También plantea la creación de un sistema mixto para la elección de candidatos, que esté conformado por circunscripciones departamentales y distritos uninominales, “diseñados por la autoridad electoral, con parámetros establecidos por la ley”.
Cada departamento tendría dos representantes y uno más por cada 365 mil habitantes o fracción superior a 182.500 en exceso de los primeros 365 mil. Con esto se lograría que cada departamento tenga por lo menos cuatro legisladores en la Cámara. Se propone además, que las curules se repartan de la siguiente manera: “La mitad de los representantes elegidos por listas plurinominales cerradas y bloqueadas y la otra mitad de los representantes elegidos en distritos uninominales.
Financiación de la política:
En cuanto a la financiación de las campañas políticas, la misión propone:
Un incremento del aporte estatal a los partidos, “distribuido a partir de nuevos criterios que incluyen la equidad (25%), una mejor consideración de la presencia en los distintos niveles (Congreso; poder local), de la presencia de actores tradicionalmente relegados (jóvenes, mujeres) y de la democracia interna”. Este será distribuido en dos etapas: 50 por ciento antes del proceso electoral como anticipo (40 por ciento con base en los resultados precedentes, 10 por ciento de manera equitativa) y 50 por ciento después de la elección (sobre los resultados). También fija mecanismos indirectos de financiamiento público, a través de pauta en medios de comunicación y transporte público en la jornada electoral.
En lo que tiene que ver con la financiación privada, se propone como requisitos que las donaciones en especie se tasen y se contabilicen con su valor comercial, y que los donantes justifiquen su capacidad económica, lo mismo que el origen de sus recursos;
El documento presentado por la Misión propone límites a las donaciones privadas a campañas presidenciales, lo mismo que a los topes en valor absoluto a aportes personales y a donaciones; y fija como prohibiciones los créditos que no sean bancarios, la contratación de publicidad por terceros y las donaciones de organizaciones sin fines de lucro.
Conserva los topes de financiación y promueve un “control más efectivo por parte de la autoridad electoral de las rendiciones de cuenta, de la pauta en medios de comunicación y delos principales rubros de gasto”
La Misión Electoral Especial está integrada por Alejandra Barrios directora de la Misión de Observación Electoral (MOE); Elizabeth Ungar, exdirectora de Transparencia por Colombia y Congreso Visible; Alberto Yepes, exconsejero de Estado; Jorge Enrique Guzmán, consultor del PNUD; Juan Carlos Rodríguez, Profesor Asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y Co-director del Observatorio de la Democracia de esta universidad y Salvador Romero, consultor de Instituciones públicas y privadas en asuntos de reforma constitucional y electoral.