Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares.
De acuerdo con la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa, supuestamente, para 2020; Colombia alcanzó la cifra más alta de erradicación de cultivos ilícitos con más de 130 mil hectáreas. Para la Fundación Paz y Reconciliación las cuentas del Gobierno Nacional no cuadran. Incluso, que las cifras estarían siendo infladas.
Para Pares, si las cifras presentadas por el Gobierno Nacional cuadraran, prácticamente, se habría acabado con las siembras de coca en el territorio nacional. Por el contrario, la reducción es mucho inferior.
Esta advertencia la ha venido haciendo Pares desde 2018, 2019 y, en este caso 2020, hay preocupación por cuenta de una estrategia que está resultando ineficiente con un mayúsculo problema de cifras. Por ejemplo, en 2019 la reducción fue tan solo de 8.000 hectáreas aproximadamente.
Uno de los aspectos a resaltar bajo la lectura de Pares sobre la reducción de coca en Colombia tiene que ver con que ésta obedece más a los impactos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que del despliegue de operativos de erradicación forzada a manos del Ejército Nacional.
Lo anterior, según Pares, es debido a que en los municipios que se erradica, pero no hay PNIS aumentaron en área sembrada, mientras que en los municipios donde más hectáreas se erradicaron vía PNIS ocurrieron las disminuciones más pronunciadas. Los errores o la causa del desfase en los datos hay que buscarlos en las cifras reportadas por erradicación forzada que lucen desproporcionadas, en la metodología para estimar el número de hectáreas por territorio, en la focalización espacial y en la efectividad de la política de erradicación.
Uno de los nefastos efectos que ha traído consigo la insistencia de la erradicación forzada en los territorios por parte del Gobierno Nacional ha sido las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Ejército Nacional. De hecho, para 2020, en las subregiones con más concentración de cultivo de coca —Catatumbo y Pacífico Nariñense— se registraron seis (6) ejecuciones extrajudiciales en 2020. Imagen: Pares.
Con menos hectáreas se está produciendo más coca
Para Ariel Ávila, subdirector de Pares, frente a la situación en la que se estarían inflando las cifras de erradicación forzosa por parte de la fuerza pública colombiana existen cuatro (4) aspectos a resaltar:
I. Si se analiza la cantidad de contingentes militares que hay para la erradicación frente a las hectáreas erradicadas las cuentas no dan. En dicho caso, habría zonas en las que los contingentes militares tendrán que trabajar 24 horas, no dormir, no comer; para poderse acercar a esa cifra.
II. Hay departamentos con erradicación muy alta, además sustitución voluntaria a través del PNIS y, a pesar de ello, a finalizar el periodo las hectáreas de cultivo de hoja de coca aumentan.
Este escenario lleva a que: “O se está mintiendo en las cifras o que es un rotundo fracaso la política, porque la resiembra sería brutal”.
III. Este escenario obedece a que no hay auditorias sobre las cifras. Es muy baja la auditoria que dejan hacer las Fuerzas Militares y la Policía.
IV. Con menos hectáreas se está produciendo más cocaína. En gran parte esto tiene que ver con los precios del mercado internacional. El precio de la droga está muy alto.
“Un fracaso total de la política antidrogas”
De acuerdo con la investigación adelantada por la Oficina de Pares Pacífico y la Línea de Investigación de Conflicto Paz y Postconflicto de Pares; hay un aumento en la producción de toneladas métricas de cocaína.
Lo que está ocurriendo en Colombia es que hay un fortalecimiento en las regiones cocaleras, mientras la coca no se expande a lo largo y ancho del país. Según el Gobierno Nacional, se erradicaron manualmente 94.000 ha. y a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) otras 40.000 ha., para un total de 134.000 ha. aproximadamente.
Un ejemplo que muestra que las cuentas del Gobierno Nacional no cuadran tiene que ver con el municipio de Tumaco, en Nariño. Éste, es el segundo municipio con mayor concentración de Cultivos de Uso Ilícito. Ahora bien, en Tumaco supuestamente se erradicaron 21mil ha, sin embargo, la reducción resultó ser de 5mil ha.
Acercamiento a Tumaco
Para Ivonne Quiñónez, lideresa social y enlace territorial de Pares para el Pacífico Nariñense, “en Tumaco, como en otros municipios de la Costa Pacífica Nariñense, los erradicadores por simples razones de sobrevivencia han tenido que limitar sus tareas ya sea de manera regular o irregular.»
Esto, debido a que la gran mayoría de cultivos de uso ilícito, están custodiados por minas antipersonales y otros artefactos explosivos colocados estratégicamente por las estructuras armadas organizadas dedicas al narcotráfico y en términos generales a las precarias medidas de protección para el desarrollo de esta labor. Además de lo anterior, las comunidades cocaleras, viven en permanente resiembra.
Por otro lado, de acuerdo con Quiñónez, “el Pacífico Nariñense es un indicador que las cifras del gobierno Duque en torno a la erradicación forzada, están infladas; en sólo dos años, el número de estructuras armadas organizadas dedicas al narcotráfico, se ha triplicado en este territorio. Estas, unidas o solas, se disputan a sangre y fuego el control territorial debido a la alta presencia de cultivos de uso ilícito y acceso a corredores estratégicos para el narcotráfico”.
Un ejemplo que muestra que las cuentas del Gobierno Nacional no cuadran tiene que ver con el municipio de Tumaco, en Nariño. Éste, es el segundo municipio con mayor concentración de Cultivos de Uso Ilícito. Ahora bien, en Tumaco supuestamente se erradicaron 21mil ha, sin embargo, la reducción resultó ser de 5mil ha. Foto: Pares.
Municipios más cocaleros
De acuerdo con las proyecciones expuestas por Pares, hay un grave problema de cifras, no cuadran para estos 20 municipios, pues en los últimos 2018 y 2019 se erradicaron 109.981 Ha, sea mediante PNIS (13.123 Ha.) o erradicación manual (96.858 Ha.), pero en total apenas disminuyeron 1.487 Ha. Un fracaso total de la política antidrogas.
Ahora bien, detrás de las declaraciones del Gobierno Nacional Pares hace hincapié en que “la mayoría de los municipios cocaleros aumentaron los cultivos de coca, dentro de los diez primeros en ocho hubo variaciones positivas significativas.”
Asimismo, según lo expuesto por Pares, los veinte municipios con más coca de Colombia concentran “el 67,1% de toda el área sembrada en 2019 pero apenas representan el 36,5% de las hectáreas erradicadas por PNIS. Esto quiere decir que hubo una focalización desbalanceada y que donde no hay PNIS o es insignificante el número de hectáreas entonces aumentó en área sembrada.”
Errores y desfases
De acuerdo con esta tabla, Pares advierte que “las cifras de reducción de hectáreas sembradas por coca entre 2017 a 2019 (17.019 Ha) no se corresponde con la cantidad de hectáreas que se reportan como erradicadas vía PNIS hasta el 31 de diciembre de 2019 (35.997) o de manera forzada entre 2018 y 2019 (154.584). O, dicho de otra manera: las 190.000 Ha erradicadas en los últimos dos años apenas se reflejan en una disminución de 17.019 Ha de área sembrada por cultivos de coca en el periodo analizado.”
Mentiras y presiones
Esta situación se suma al reportaje realizado por Noticias Caracol en la que se conocieron declaraciones como las de un erradicador contratista de la Policía Nacional, que lleva trabajando más de 10 años. Según el informe, durante sus años como erradicador señala haber realizado informes falsos en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Antioquia.
La fuente entrevistada por el medio señaló: “Si el reporte es de cuatro hectáreas por cada grupo, y hay veinte grupos, son 80 hectáreas que tiene que reportar todos esos grupos. De esas 80 hectáreas que se haya erradicado supuestamente 40, 30, de resto es pura falsedad”.
Por otra parte, en el reportaje de Caracol Noticias alertan sobre una denominada “cascada de presión” sobre resultados de erradicación forzada. De acuerdo con una denuncia que reposa en la Procuraduría General de la Nación y que fue interpuesta por un sargento del Ejército contra un coronel del Batallón de Operaciones Terrestres No 10 del departamento de Norte de Santander; existieron presiones para la “realización de erradicaciones falsas de cultivos de mata de hoja coca”.
Incluso, en el documento el sargento precisó que “mandaron a dos soldados para presionarme y que me incitaran a realizar esta actividad ilícita”. Precisamente, los municipios que conforman la región del Catatumbo, en donde opera este batallón, `son de los que más aumentaron se áreas sembradas de coca para 2020.
Esta situación no se supedita al Ejército, según las denuncias en la Policía también está sucediendo este fenómeno. Tal como lo dio a conocer un erradicador contratista de la Policía a Noticias Caracol; “Un mayor tuvo problemas con un grupo de erradicadores porque él dijo: el grupo que me reporte las 300 hectáreas en los 75 lo saco y lo mando a descansar (…) un grupo por allá imagínese que en 35 días le reportó más de 300 hectáreas. 300 no se sacan ni en los 75 días. En 35 días por mucho, mucho, 100 hectáreas.”
Una política sin rumbo
Pares habló con Juan Carlos Quintero, directivo de ASCAMCAT y coordinador del eje de paz, implementación y DD.HH., sobre cuál puede ser el rumbo al que está dirigiendo Duque a Colombia con la insistencia en esta política antidrogas.
Para Quintero “esa política es un gran falso positivo que tiene varios propósitos. Por un lado, pretende brindarle resultados a Washington frente a la amenaza que tenía el expresidente Donald Trump de descertificación hacia Colombia y Duque, en su desespero y la incompetencia de este gobierno, presenta resultados que no son ciertos.”
Por otro lado, según Quintero, tiene que ver con una intención de legitimar las medidas de fuerza. Con el objeto de presentarlas como “la única salida al problema estructural de los cultivos de coca.” El tercero, según el directivo de ASCAMCAT, también pretende desconocer la política pública del Acuerdo de Paz.
Cuarto y último, para Quintero, “mantener el statu quo del narcotráfico”. Habría que averiguar hasta qué nivel están comprometidas ciertas unidades militares en relación al tráfico de drogas en los territorios más afectados por los cultivos de coca y de marihuana en Colombia.”
Algunos casos de ejecuciones extrajudiciales en erradicación forzada
Uno de los nefastos efectos que ha traído consigo la insistencia de la erradicación forzada en los territorios por parte del Gobierno Nacional ha sido las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Ejército Nacional. De hecho, para 2020, en las subregiones con más concentración de cultivo de coca —Catatumbo y Pacífico Nariñense— se registraron seis (6) ejecuciones extrajudiciales en 2020.
De acuerdo con investigaciones Pares, en 2020 —en el marco de los operativos de erradicación forzada adelantadas por el Ejército Nacional— se han presentado cuatro (4) ejecuciones extrajudiciales, en el Pacífico Nariñense. Por otra parte, se ha registrado la muerte de siete (7) personas por minas antipersonas y cuatro (4) miembros de la Fuerza Pública.
Asimismo, el pasado 18 de mayo de 2020, Pares dio a conocer la denuncia ASCAMCAT sobre el asesinato Emérito Digno Buendía Martínez— miembro de la Guardia Campesina del Catatumbo de ASCAMCAT— a manos de uniformados del Ejército colombiano, batallón Hermógenes Maza. El hecho ocurrió en el asentamiento campesino ubicado en la vereda Tutumito, zona rural de Cúcuta. El pasado 26 de marzo, también fue asesinado Alejandro Carvajal, en la vereda Guayacanes en zona rural de Sardinata.
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Así las cosas, las comunidades continúan exigiéndole al Gobierno Nacional la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Todo ello mientras el Gobierno Nacional camina por la cornisa de unas cifras que no cuadran y le continúa apostando a una política que cada vez más se advierte obsoleta.