Por: Katerin Erazo, periodista
Foto tomada de: uniminutoradio
En una carta conjunta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, las tres principales entidades promotoras de Salud (EPS) en Colombia: Sura, Sanitas y Compensar, prendieron alarmas sobre la viabilidad financiera de sus operaciones, desencadenando un debate público sobre el sistema de salud en el país. La carta, que fue enviada hace unos meses y se hizo pública en agosto, detallaba los desafíos financieros que enfrentaban estas EPS y sus preocupaciones sobre el acceso a servicios de salud y la sostenibilidad del sistema.
En su comunicado, las EPS resaltaron tres aspectos críticos que debían ser abordados para garantizar la atención oportuna a los servicios de salud y proteger el bienestar de la población. Estos aspectos incluían:
Insuficiencia en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC): según estas EPS, el presupuesto asignado en el Presupuesto General de la Nación no cubre adecuadamente las necesidades del sistema de salud. Un estudio de suficiencia de la UPC de la Universidad EAFIT estimó que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8% en comparación con el aumento de los servicios cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
Falta de redistribución equitativa de recursos: estas tres EPS argumentaron que la falta de ajuste de la UPC por las condiciones de salud (perfil epidemiológico) había llevado a una concentración desigual de las cargas de enfermedad entre las EPS. Esto afectó negativamente la solvencia de algunas EPS y generó mejores resultados financieros para aquellas con menor carga de siniestralidad.
Deudas acumuladas: Sura, Compensar y Sanitas también señalaron la necesidad de abordar las deudas pendientes, incluyendo presupuestos máximos, recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades, y procesos de compensaciones pendientes.
Estas EPS advirtieron que, si no se tomaban medidas apropiadas, tendrían dificultades para prestar servicios de salud más allá de septiembre de 2023, lo que podría llevar al colapso del sistema. Destacaron que, en los últimos dos años, habían agotado considerables sumas de capital construido a lo largo de décadas de operaciones.
La exministra de Salud, Carolina Corcho, respondió a la carta de estas EPS cuestionando su postura y sugiriendo que, si realmente estaban en déficit, deberían apoyar la reforma de la salud propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. Corcho consideró que la carta era un intento de chantaje para extraer ganancias y señaló la necesidad de un cambio en el sistema de salud colombiano.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que las EPS tienen la obligación de prestar servicios de salud y que no había una crisis real en el sistema. Aseguró que el Gobierno estaba cumpliendo con sus pagos y que existían recursos adecuados para las EPS. Sin embargo, reconoció compromisos pendientes de la administración anterior relacionados con el covid-19.
ACEMI, la asociación que reúne a 11 EPS del régimen contributivo, emitió un comunicado en el que aclaraba que, aunque estaban al tanto de la carta de las EPS, esta no reflejaba una posición gremial, sino la crisis estructural de financiamiento que enfrentaba el sector de las EPS. ACEMI abogó por un diálogo continuo entre el Gobierno y las EPS para resolver los problemas de financiamiento y proteger la salud de los colombianos.
En una reunión que tuvo lugar el pasado 28 de agosto entre la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y representantes de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, se anunciaron varios puntos clave destinados a abordar los desafíos financieros y de atención médica en el sistema de salud del país. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó estos acuerdos en un esfuerzo por garantizar la continuidad de la atención médica y el bienestar de los colombianos.
Uno de los aspectos más significativos de esta reunión fue la decisión de llevar a cabo una evaluación exhaustiva de un nuevo método de cálculo anual para determinar los fondos que se transfieren a las EPS. Este cambio en la metodología de financiamiento es una medida que busca abordar los desafíos financieros y garantizar una asignación más eficiente de los recursos destinados al sistema de salud.
Otro acuerdo fundamental consistió en asegurar la continuidad de los servicios médicos sin interrupciones. Esta medida es crucial para garantizar que los ciudadanos colombianos tengan acceso constante a la atención médica que necesitan. Además, se estableció el compromiso de mantener un diálogo constante en mesas técnicas para abordar los problemas y desafíos que puedan surgir en el sistema de salud.
Uno de los puntos que generó discusión fue el anuncio del ministro de Salud sobre el giro de $10 billones en lo que resta del año para las EPS, específicamente para Sura, Compensar y Sanitas. La presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina (ACEMI), Ana María Vesga, aclaró que estos $10 billones no son recursos adicionales, sino que corresponden al giro ordinario de la Unidad de Pago Por Capitación (UPC) para estas entidades. La UPC es el valor anual que el Estado reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud.
El ministro Jaramillo enfatizó en la importancia de que las EPS continúen atendiendo a los pacientes y advirtió sobre la posibilidad de que estén siendo utilizadas para crear una crisis en el sistema de salud. Sin embargo, las EPS reiteraron su compromiso de continuar brindando atención médica a todos los colombianos.
La reunión también subrayó la necesidad de abordar la insuficiencia de la UPC para cubrir el gasto en salud, ya que el cálculo de este rubro se basa en valores atrasados de al menos dos años. Esta es una preocupación importante que requiere una revisión detallada para garantizar que los recursos sean adecuados para mantener una atención médica de calidad.
En el transcurso de la reunión, el ministro subrayó que el Gobierno no está generando una crisis en el sistema de salud y mencionó el aumento del presupuesto destinado para 2023 y el incremento en la UPC como evidencia de su compromiso con el sistema de salud.
Alejandra Taborda, directora general de SAPYENS SAS BIC, investigadora y docente en Economía de la Salud, enfatizó en una conversación con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la evaluación de la adecuación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con respecto a los servicios y tecnologías financiados es un factor crítico para garantizar el derecho fundamental a la salud. Esto se evidencia claramente en los datos proporcionados por “Así Vamos en Salud”, que señalan que la siniestralidad (puede entenderse como la relación entre los costos derivados de la prestación de los servicios cubiertos por la UPC y los ingresos recaudados para tal fin) promedio a diciembre de 2022 alcanzó un preocupante 103%.
No obstante, Taborda subrayó que el análisis no debe limitarse únicamente al promedio, sino que es esencial profundizar en las condiciones específicas de cada Entidad Promotora de Salud (EPS), ya que la siniestralidad varía según el perfil y las condiciones de la población asegurada por cada una. De hecho, un estudio publicado este año por investigadores de la Universidad Nacional, Javeriana, Harvard y MIT, revela que aproximadamente la mitad de las EPS en el país enfrenta un costo superior a los ingresos percibidos para brindar los servicios cubiertos por la UPC, lo que pone de manifiesto la insuficiencia de recursos, especialmente en este grupo de EPS.
En respuesta a la afirmación del ministro de Salud de que no se acerca un colapso inminente y de que los recursos se desembolsan puntualmente, Taborda expresó que existe una significativa tensión y desconfianza entre los actores involucrados, lo que dificulta la realización de análisis rigurosos. Esta situación se ha agravado por numerosos actos de corrupción que han minado aún más la confianza en el sistema de salud. Transparencia por Colombia identificó 67 casos de corrupción en el sector salud entre 2016 y 2020, que involucraron irregularidades por un monto cercano a 1,63 billones de pesos colombianos. Los servidores públicos fueron responsables del 46,2% de estos casos, y los privados del 37,3%.
En resumen, Taborda concluyó que el sistema de salud enfrenta un problema complejo, y que el panorama seguirá siendo desafiante hasta que se promueva un mayor diálogo y se fortalezcan las capacidades técnicas para unificar datos y acordar enfoques esenciales para preservar y mejorar la salud de la población colombiana con los recursos disponibles.
Iván Jaramillo Pérez, magíster en administración Pública del CIDE (México) y actual investigador y auditor del sector salud en Colombia, compartió con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que la novedad en esta situación es que el Gobierno se ha comprometido a entregar a las EPS el presupuesto que estaba programado, estimado en 10 billones de pesos, antes de que termine el año.
No obstante, este compromiso no incluye la asignación de nuevos recursos. Las EPS, por su parte, alegaron que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no es suficiente, pero hasta el momento no existen estudios concluyentes que respalden esta afirmación.
Jaramillo explicó que se ha identificado que las EPS operan con un alto grado de independencia del Estado. Cuentan con sus propios sistemas de auditoría interna cuyos resultados no son públicos y solo son válidos para ellas mismas. Esto implica que el Gobierno carece de la información necesaria para tomar decisiones fundamentadas. En su opinión, la incertidumbre persistirá mientras no se establezca un sistema de información y auditoría por parte del Gobierno que supervise a las EPS. Esta carencia de información fiable contribuye a que cada entidad diga lo que más le conviene en lugar de abordar los problemas de manera transparente y colaborativa.
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