Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad.
En su último informe, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) alertó sobre algunos factores de riesgo que podrían enfrentar las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz -Citrep- y que se hacen latentes estando a pocos días de elecciones: la presencia e influencia de grupos armados en los 167 municipios priorizados, las economías ilegales y la cooptación de las candidaturas por parte de los clanes políticos regionales.
Pares y fuentes territoriales identificaron, al menos, tres candidaturas con presuntas relaciones entre candidatos y políticos tradicionales en la región del Catatumbo, delimitada en la Citrep 4, que incluye los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
Para la subregión del Catatumbo se presentaron 14 candidatos en siete listas paritarias: 7 hombres y 7 mujeres. Se candidatizaron dos organizaciones de víctimas, una organización campesina, dos organizaciones sociales, un Consejo Comunitario y un resguardo indígena.
Mapa 1. Municipios que conforman la Circunscripción 4. Catatumbo
La financiación
El Acto Legislativo 02 de 2021 estableció que la financiación de las campañas a Citrep sería predominantemente estatal y que los recursos se asignarían a través de un proceso de reposición de votos y acceso a anticipos. Sin embargo, las y los candidatos se enfrentan a serias dificultades para el acceso a estos recursos, reflejo de las malas decisiones de las instituciones encargadas, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral.
Estos obstáculos van desde el requerimiento a los candidatos de contar con cuentas bancarias en zonas rurales con muy bajas cifras de bancarización, hasta el desconocimiento de la ausencia de recursos para hacer el pago de la ‘póliza de seriedad’, requisito establecido para el desembolso de los recursos con fines de campaña.
A pesar de estos obstáculos, el Consejo Nacional Electoral expidió el 2 de febrero de 2022 la Resolución 1094 de 2022que establece y regula los valores y el desembolso de los recursos para las campañas electorales de las Citrep. Para el caso de la Citrep 4 de Catatumbo, el valor asignado para cada lista presentada es de $44.400.97.
Fuente: Consejo Nacional Electoral. Resolución 1094 de 2022
A partir de la fecha de la resolución, se supone que los recursos empezaron a ser asignados a las listas de la circunscripción. Sin embargo, Pares recibió denuncias y quejas considerando que los anticipos no han llegado aún y siguen siendo muchas las trabas que enfrentan las y los candidatos para acceder a la financiación mencionada.
Ahora bien, más allá de esta falta de recursos y de la efectividad estatal para el cumplimiento de lo pactado, resulta sospechoso que hay candidaturas que, a diferencia de las demás, sí pudieron iniciar sus campañas desde hace algunos meses, mucho antes de la asignación de recursos.
En medio de las investigaciones, se encontró que dichas candidaturas estarían vinculadas a figuras de la política tradicional del departamento, quienes a su vez están estrechamente ligados a clanes políticos.
Los candidatos cuestionados
Fuentes territoriales, en conjunto con Pares, identificaron tres candidatos que podrían incurrir en presuntas inhabilidades y, sobre todo, podrían estar recibiendo apoyos políticos que atentan contra el equitativo desarrollo de la contienda electoral: Tatiana Gaona y Mayra Gaona, hermanas y sobrinas del investigado exdirector del Hospital de Ocaña, Jairo Pinzón; y Diógenes Quintero Amaya, expersonero municipal de Ocaña.
Los cuestionamientos se concentran en sus sospechosos métodos de financiación; el apoyo político de parte de algunos funcionarios públicos; la ausencia de trabajo comunitario que permita reconocerlos como líderes sociales y el desconocimiento de los hechos victimizantes por los que fueron declarados ‘víctimas’ configuran las condiciones que resultan inquietantes en medio de estas campañas, que se suponen deben ser para las víctimas del conflicto armado y los liderazgos sociales.
Tatiana Judith Gaona Pinzón y Mayra Alejandra Gaona Pinzón
Tatiana es candidata por la organización campesina Asociación de productores de Mesallana APROMESALLANA y su hermana, Mayra Alejandra, hace parte de la lista de la organización de víctimas ‘Asociación de Víctimas Camino de Esperanza Las Mercedes’. Según las denuncias hechas por fuentes territoriales de Pares, las hermanas candidatas por esta circunscripción estarían contando con apoyo electoral de políticos tradicionales de la región.
Aunque se desconoce la carrera política de Tatiana, por su parte, Mayra Alejandra fue candidata a la alcaldía de San Calixto en 2015, candidatura que no configura inhabilidad para ser candidata Citrep en esta ocasión, teniendo en cuenta los más de cinco años de dicha actividad, siguiendo las directrices del Acto Legislativo 02 de 2021.
Su principal apoyo político sería su tío Jairo Pinzón López, exdirector del hospital de Ocaña Emiro Quintero Cañizares, uno de los 14 hospitales intervenidos por la Superintendencia de Salud por irregularidades en la contratación durante la pandemia por COVID-19. Mientras se adelantaban las investigaciones, Pinzón fue apartado de su cargo en mayo de 2020, apenas unos meses después de que el gobernador Silvano Serrano lo nombrara director del hospital.
Pinzón fue suspendido de su cargo mientras la Procuraduría Segunda delegada para la Contratación Estatal adelantaba investigaciones por presuntas irregularidades que rodean la aprobación de 22 contratos por más de $ 4 mil millones.
Luego de la intervención por parte de la Superintendencia de Salud, el delegado interventor Yamil Roberto Blel identificó 87 hallazgos de tipo administrativo, contractual, financiero, asistencial y jurídico como concentración de los contratos en poco proveedores, presuntas nóminas paralelas, ausencia de recursos para cubrir los contratos hechos, inconsistencias en el manejo de información del hospital, cancelación de citas médicas y prestación de servicios de salud no autorizados por la Secretaria de Salud departamental.
Tras las investigaciones, la Superintendencia decidió apartar del cargo a Pinzón, decisión que el gerente entuteló, alegando una violación a su derecho al trabajo, acción que el juez falló a su favor. De manera simultánea, un juzgado en Cúcuta revisó los recursos de la SuperSalud y ordenó el reintegro de Pinzón a la gerencia del Hospital. Jairo Pinzón regresó al Hospital junto con el personero del municipio de Ocaña, Saúl Pinzón, su hermano. [1]
Pinzón nuevamente fue apartado del cargo en octubre de 2020 y se le formularon cargos por tres delitos, relacionadas con faltas graves en la celebración de contratos. Luego de los señalamientos, Pinzón renunció definitivamente al cargo en febrero de 2021, en medio de serios señalamientos por su presunta vinculación al asesinato del líder social y denunciante Jorge Solano Vega.
El denunciante Jorge Luis Solano Vega fue asesinado el 3 de noviembre de 2020, era miembro de la Mesa Municipal de Víctimas del municipio de Ocaña y presidía la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada Asvida. Por su asesinato fueron judicializadas y condenadas dos personas, que señalan haber recibido $40 millones de pesos para ejecutar el homicidio. En medio de las investigaciones, la Fiscalía señaló como autores intelectuales del homicidio a Luis López Delgado y Carlos Pinzón, primo de Jairo Pinzón, exgerente del hospital.
Las relaciones de las hermanas Gaona en la política nortesantandereana más allá de Jairo Pinzón
Según las fuentes territoriales de Pares, Jairo Pinzón y el congresista Ciro Rodríguez guardan una estrecha relación. A su vez, Rodríguez conserva estrechas relaciones con el gobernador actual Silvano Serrano y el exgobernador William Villamizar.
Aunque los nortesantandereanos, funcionarios públicos y activistas políticos de la región ya reconocían la relación entre Rodríguez y Pinzón, el primero no disimuló su apoyo a Pinzón mientras cursaban las investigaciones adelantadas por la Supersalud. Ese apoyo se hizo evidente cuando el senador Rodríguez señaló en redes sociales como “cuestionable” la intervención de la Superintendencia de Salud y las investigaciones que desarrollaba en el Hospital.
Pero, ¿quién es Ciro Rodríguez Pinzón? Es representante a la cámara por el Partido Conservador desde el 2014, elecciones a las que llegó con 49.066 votos. Desde su llegada al Congreso, Rodríguez ocupó la Comisión Sexta de Comunicaciones. Para las elecciones de 2018, consiguió 54.910 votos, obteniendo las votaciones más altas para esta corporación. Para los comicios de 2022 Rodríguez se juega su tercer periodo consecutivo como congresista.
Cuestionamientos y alianzas de Ciro Rodríguez. El puente entre las hermanas Gaona y el Clan Villamizar- García
En 2017 la Procuraduría abrió una investigación contra Ciro Rodríguez por presuntamente haber recibido dineros de Odebrecht para amañar la adjudicación de contratos en la concesión de la Ruta del Sol II. Luego, en 2019, el exsenador Ñoño Elías confesó la estrecha relación que existía entre el representante Rodríguez y el entonces representante legal de la firma brasilera, Éder Paolo Ferracuti (Pares).
El hoy representante a la Cámara y candidato hace parte del clan político nortesantandereano de los Villamizar- García, conformado por el exgobernador William Villamizar y el excongresista y hoy candidato, Juan Carlos García. Otros miembros del clan político son el también representante a la Cámara Wilmer Carrillo, investigado por la Corte Suprema de Justicia desde el 2021 por presunto peculado por apropiación y contrato sin cumplimientos legales por un contrato de mantenimiento de malla vial en Arboledas, Norte de Santander. El actual gobernador Silvano Serrano también es miembro del Clan.
El senador Edgar Díaz Contreras también es miembro del clan y, al parecer, sería el padrino político de Mayra Alejandra, candidata a las Citrep y quien fue su secretaria privada durante su gobernación. Díaz Contreras es actualmente senador por el partido Cambio Radical. Díaz Contreras fue gobernador del departamento entre 2012-2015 y terminó su mandato con serios cuestionamientos por contratación y gastos de alto monto durante su administración.
Gráfica 1. Mapa de relaciones
Las desigualdades en la campaña política
Según fuentes territoriales de Pares, sumada a la ausencia de financiación estatal, el retraso en los desembolsos y las dificultades generalizadas para que líderes sociales y comunitarios víctimas puedan desarrollar sus campañas políticas está la desigualdad en los apoyos y en las condiciones de juego político que tienen frente a otros candidatos.
El mejor ejemplo de esta inequidad fue documentada mediante registros fotográficos rescatados por fuentes territoriales en donde se evidencia la instalación de grandes vallas en las vías del departamento, publicidad en redes sociales, pendones y pasacalles, herramientas de campaña a la que otros candidatos no han podido acceder debido a las dificultades económicas, evidenciando lo que serían los presuntos apoyos políticos y económicos que estas candidatas han recibido de parte de sus padrinazgos políticos de la región.
El caso de Diógenes Quintero Amaya. El otro caso de espaldarazo político en la CITREP de Catatumbo
Diógenes Quintero Amaya es candidato por la organización de víctimas ‘Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí- ASOFADHACA. Según fuentes territoriales, Diógenes sería aliado político del representante a la Cámara Wilmer Carrillo, investigado por la Corte Suprema de Justicia desde el 2021 por presunto peculado por apropiación y contrato sin cumplimientos legales por un contrato de mantenimiento de malla vial en Arboledas, Norte de Santander.
El apoyo de Wilmer Carrillo
Como lo cuentan fuentes territoriales de Pares, existe cercanía entre Carrillo y Quintero. Actualmente, Carrillo es candidato a la Cámara de representantes por el Partido de la U. Es miembro del Clan Villamizar- García. Fue secretario de Infraestructura en Norte de Santander (2008-2011), mientras William Villamizar era gobernador. Adicional a la investigación que cursa en su contra en la Corte Suprema de justicia, Carrillo ha enfrentado otras investigaciones, considerando que, en 2018, la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia que abriera investigación en su contra por el presunto pago de coimas que el congresista tranzaba con contratistas del Hospital de Ábrego. Según las investigaciones, el congresista habría pedido $100 millones de pesos al gerente entrante en ese momento.
Al igual que con las hermanas Gaona, los registros fotográficos de sus vallas publicitarias revelan que efectivamente son candidatos que cuentan con un apoyo financiero diferente al brindado por el Estado, situación que genera importantes desigualdades para con el resto de los candidatos que no cuentan con tales apoyos, y que, al contrario, han tenido que acudir a créditos bancarios personales para costear los gastos de sus campañas electorales.
De igual forma, Pares conoció de algunos números de WhatsApp asociados a funcionarios públicos y el alcalde del municipio de Hacarí desde los cuales se han hecho publicaciones promoviendo votar por el candidato Diógenes, aún cuando se prohíbe a funcionarios públicos el activismo político electoral.
La alcaldía de Hacarí también está haciendo campaña
Las denuncias recibidas también indican que funcionarios públicos de la alcaldía, incluido el alcalde del municipio de Hacarí, Deyvy Bayona Guerrero, estarían haciendo campaña por el candidato Diógenes, publicando, desde sus cuentas de WhatsApp, campaña publicitaria a favor del candidato.
Pares se contactó con el alcalde del municipio, quien confirma haber compartido la imagen desde su número de WhatsApp con el objetivo hacer pedagogía electoral e incentivar a la inscripción de cédulas, ignorando que era publicidad del candidato Diógenes Quintero. A pesar de la aclaración, el alcalde Bayona también aseguró que Diógenes era oriundo del municipio y era alguien querido por la población hacaritense, aclarando que todos son libres de votar por el candidato de su preferencia.
Entre las alianzas y la financiación. Las evidentes desventajas electorales para los candidatos de la Citrep de Catatumbo
Según el Acuerdo de Paz pactado entre el Estado colombiano y las FARC-EP en 2016, el espíritu de estas Citrep está en la búsqueda por la apertura democrática y participativa para los liderazgos y víctimas de las zonas más golpeadas por el conflicto armado.
Sin embargo, las trabas institucionales que tiene un proceso como la adjudicación de anticipos para los candidatos víctimas, y la falta de voluntad política de entidades como la Registraduría Nacional y el Gobierno, crearon el escenario ideal para que los clanes políticos y las figuras tradicionales de la política regional cooptaran estos espacios, buscando que los candidatos de sus intereses se hagan con las curules destinadas a las víctimas. Este aprovechamiento va en contra de la transparencia y la salud democrática en un país que pretende superar las condiciones de violencia que han sido vigentes históricamente.
[1] De hecho, este nombramiento fue señalado por el Departamento Administrativo de la Función Pública como una inhabilidad. Ver: Concepto 566881 de 2020. Se desconoce algún pronunciamiento adicional.