Por un lado, cada cual ve lo que quiere ver. El fiscal vio escobas y traperos y otros vieron las más de 240.000 hectáreas de tierra, más de 20.000 cabezas de ganado y cerca de 44.000 millones en oro. Por ejemplo, los paramilitares en su desmovilización entregaron 143.000 millones, es decir, el 15 por ciento de lo que entregaron las Farc. Entre las cosas que entregaron los paras había 70 pares de zapatos y cerca de 100 instrumentos quirúrgicos. Los bienes listados por las Farc se acercan al billón de pesos.
En segundo lugar, es normal que existan dudas sobre el listado de bienes, lo que debe tener en cuenta la ciudadanía es que las instituciones como la Fiscalía, la Policía o la UIAF no han perdido sus funciones de investigación o seguimiento a bienes adquiridos por grupos armados ilegales. Es decir, todas estas instituciones van a seguir haciendo su trabajo y si encuentran algún bien no enlistado va a entrar a extinción de dominio y la persona que lo hubiera ocultado perderá los beneficios de la justicia transicional. Por tanto, puede haber desconfianza, pero no se debe pensar que no habrá persecución a los bienes adquiridos ilícitamente.
En tercer lugar, se debe tener en cuenta que el objetivo del listado era declarar todos los bienes, no se debe olvidar que el enriquecimiento ilícito puede ser de 7 o 50 millones y no solo de miles de millones. Esto significa que los bultos de sal, los utensilios quirúrgicos, de no ser informados podían ser considerados como enriquecimiento ilícito y por tanto bienes no declarados. Es decir, había la necesidad de enlistar todo.
En cuarto lugar, el gran debate surgió con aquella carta del fiscal enviada al Gobierno. En donde la redacción de la misma fue hecha para causar un malentendido. Por ejemplo, sobre el tema de las cabezas de ganado. En la carta de la Fiscalía aduce que solo 134 tienen registro de hierro. En la vida real las Farc habían entregado más de 20.000 cabezas de ganado, pero con la redacción del documento varios medios titularon “Las Farc entregan 134 vacas”. En el transcurso del documento se puede ver la mala leche con la que se escribió. El problema adicional es que para cuando fue publicada la carta el listado de bienes no se conocía públicamente y por ello toda la confusión.
Por último, el Estado lo que debe hacer es corroborar el listado de bienes y escudriñar todo lo que pueda para estar seguros de que las Farc entregaron todo. Por ello la iniciativa del ministro del Interior es importante y fue la correcta: crear una comisión para la verificación y el estado de los bienes. Pero la desconfianza con el listado de bienes de las Farc no puede significar acabar con el proceso de paz solo por suposiciones. La alternativa no puede ser devolverle las armas a las Farc y comenzar una guerra de nuevo, mientras investigamos el listado. Algunos críticos del listado francamente daban tristeza, era como si anhelaran que las Farc se rearmaran.
La pregunta en medio de este debate es por qué el fiscal armó esta cortina de humo. La respuesta es sencilla. Todo parece indicar que la idea del fiscal, en conjunto con Cambio Radical y el Centro Democrático, era darle un golpe a los trámites legislativos en el Congreso. Estos dos partidos han construido su capital político a punta de infundir miedo al empresariado colombiano y quedar como los salvadores de los mismos. Por ejemplo, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, ha demorado por tres semanas la discusión de la ley estatutaria de la JEP, hasta hace algunas horas no había asignado ponente. La idea de estos dos partidos es excluir a los terceros, es decir, políticos y empresarios que cometieron crímenes, del modelo de justicia transicional para lograr impunidad. Para evitar un escándalo público ante esta intención se arman cortinas de humo, coincidencialmente, por parte de uno de los funcionarios públicos más cercanos a ambos partidos.
Columna de opinión publicada en Semana.com
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