Por: Redacción Pares
En el próximo informe de la línea de Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación se dará un ajuste de cuentas sobre el papel que están cumpliendo las 32 contralorías regionales dispersas en el país. Uno de los grandes males del país, al menos para la gente, lo que causa más indignación es la corrupción. Según el índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, el país se rajó en el 2023, obtuvo una puntuación de 50 sobre 100.
Los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 73, 66 y 55 puntos, respectivamente, los únicos tres por encima de los 50 puntos, según este índice.
A la cola como los más corruptos se sitúan Venezuela, con 13 puntos y Nicaragua (17) -con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de la independencia del poder judicial- y Honduras y Guatemala (23).
El ente que debería seguir el rastro a la corrupción son las contralorías. En el 2019 el presupuesto de la nación para las contralorías era de 250 mil millones por año. Para el 2024 ese presupuesto se había disparado a 1.4 billones.
Y está claro que no funciona. En el 2019 la Fundación Pares identificó cuánto se gastó el Estado en salarios para contralores regionales. La cifra fue de $328.009.443. En ese mismo año, las corporaciones en cuestión en su conjunto recuperaron aproximadamente $10.111.003.915 por procesos de responsabilidad fiscal. Es decir, que alrededor del 3,24% de lo recaudado durante dicha vigencia, fue el mismo monto asignado para cubrir los honorarios de los contralores. Está claro que este modelo no es viable.
Políticos tan disímiles como Germán Vargas Lleras, o Roy Barreras han coincidido en que hay que eliminarlas o reemplazarlas por un tribunal de cuentas. El órgano que iba a salvarnos de la corrupción se ha transformado en un hueco por donde se están desangrando nuestros recursos. Sin embargo hay personajes como Carlos Felipe Córdoba quien en el año 2021 lanzó un proyecto de ley para elevar el presupuesto.
En el informe que estará en línea desde el próximo martes 30 de septiembre se mostrará como se han despilfarrado recursos en este monstruo. el Estado ha gastado en contralorías departamentales $858.067.060.965. Sin embargo, en ese mismo periodo, el dinero recuperado por responsabilidad fiscal por los entes de control en cuestión, no supera los $53.635.908.535. Es decir, que el valor recuperado es igual al 6,25% del monto destinado al presupuesto de las Contralorías departamentales.
Hay contralorías como la de Guainía que en un quinquenio han arrojado cero en el número de fallos fiscales. Se podría colegir que el contralor de ese departamento no hizo absolutamente nada, a parte de cobrar, en ese periodo.
Hay algunas excepciones de eficiencia. Como en Caquetá que, con apenas 20 empleados pudieron recuperar cerca de 1.500 millones de pesos en un año. En Atlántico, con una planta de noventa funcionarios, apenas pudo recuperar 143 millones de pesos.
En la actualidad hay 3.000 puestos que dependen directamente del contralor. Está claro que esto es un fortín burocrático.
Lo que veremos en este informe no dejará dudas, las contralorías no están funcionando, se están transformando en mamuts gigantes, pesados y costosos con resultados casi que nulos. Las cifras hablarán por sí mismas.
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