Por: Walter Aldana Político social alternativo
Nuevamente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) expide el rutinario informe de presencia de cultivos de uso ilícito en Colombia. Se hace necesario recapitular cifras y fechas para comprender la variedad de fuentes y de datos. Por ejemplo: en lo que se refiere al departamento del Cauca, de las variedades caucanas pajarita, guayaba y chipará se logra un número de cosechas al año que oscila entre cuatro y cinco. El valor promedio pagado por arroba es de 60 mil pesos, y una hectárea sembrada produce de 500 a 800 arrobas. Se calcula la existencia de 20 mil hectáreas plantadas en nuestro departamento; de ellas, el 48% se encuentra en parque naturales y áreas de protección ambiental.
Rueda por YouTube un video (producido por el medio de comunicación DW) en el que pequeños y pequeñas productoras de hoja de coca expresan, entre otros aspectos, los siguientes (que a mi modo de ver son los más importantes): dicen que “según Naciones Unidas, un millón de personas trabajan en su producción en el campo”, que la “coca ha nacido como respuesta al abandono institucional” y “ha permitido a estas comunidades alcanzar un mínimo de dignidad”.
Estas comunidades resaltan, además (tal y como lo dijimos al Estado antes de la reincorporación de los hombres y mujeres de la guerrilla), que, si no se ocupaban estos territorios desde el Gobierno con inversión social y oportunidades de ingresos lícitos, veríamos cómo “las zonas productoras posterior a la salida de las FARC de estos territorios, nuevamente estarían ‘cogidas’ por nuevos grupos al margen de la ley”.
Llama la atención la participación de la mujer raspando hoja de coca, ya que de por sí no existen condiciones estructurales para que el Gobierno les garantice, entre otras cosas, oportunidades para su acceso a la educación y para la generación de ingresos. El vídeo finaliza con la respuesta de un cultivador organizado, quien dice que “para enfrentar las fumigaciones, los campesinos están organizándose en resistencia: movilizaciones, protestas y paros”.
Recuerdo muy bien que cuando laboré en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), las organizaciones sociales de productores tenían la voluntad de encontrar alternativas lícitas; las recién reincorporadas FARC acompañaban y ello daba garantías de los compromisos. Se quería salir de la espiral de lo ilícito, pero nuevamente el Gobierno falló, dejó colgando de la brocha a las y los firmantes de los acuerdos de sustitución, y el programa se diluyó en la neblina de la burocracia institucional… Forma efectiva para matar una ilusión, una concertación. Demasiados intereses para ser real su aplicación concertada.
Las cifras en el 2017 y 2018 eran muy diferentes: una hectárea sembrada producía solo dos cosechas, y de 300 a 350 arrobas era lo máximo de producción; el valor de arroba de hoja de coca pasó de 25 mil a 35 mil pesos. A la tecnificación y la creación de variedades de semilla propia se puede atribuir este aumento, y el resultado fue menos área sembrada y más producción.
De acuerdo a pesquisas que he realizado con pequeños productores, el departamento del Cauca produce, de 22 mil hectáreas, unos 4 kilogramos por hectárea, es decir, alrededor de 90 mil kilogramos; esto sería, por cuatro cosechas, 360 mil kilos al año. Al pasar a clorhidrato pierde el 25% (270 mil kilos); y, finalmente, cada uno vendido en 37 mil dólares, da como resultado aproximadamente 9.990 millones de dólares al año.
Razón tiene el estudioso del tema de narcotráfico Ricardo Vargas cuando asevera que: “En 40 años se ha sedimentado una cultura mafiosa que no es exclusiva del crimen organizado del narco, sino que abarca una élite emergente asociada o relacionada estrechamente con narco e ilegalidad. Esa élite es más peligrosa y desafiante que el mismo narcotráfico”.
Este no es tema de una o de un pequeño productor de media hectárea.