Por: Laura Cano. Periodista Pares.
No pasaron muchas horas del primer día del 2021 cuando ya era noticia el asesinato de Yolanda Zabala Mazo, quien había llevado parte de su proceso de reincorporación en el ETCR de La Plancha, en Anorí, Antioquia. Zabala, como quizá la mayoría de personas esa noche del 31 de diciembre, se encontraba junto a su familia, más precisamente con su hermana Reina Zabala Mazo, en las festividades de fin de año.
Yolanda, había llegado meses atrás a Bello, Antioquía, donde terminó el bachillerato, hizo un curso de vigilancia y estaba estudiando una carrera técnica en asistencia administrativa. De allí, y con motivo a las celebraciones decembrinas viajó junto a su hermana hasta el municipio de Briceño, donde residen sus padres.
Allí, en la madrugada del 01 de enero, siendo cerca de las 4:00 a.m., un hombre llegó hasta el lugar en el que se encontraban y les disparó a Yolanda y Reina Zabala con un arma de fuego. Como lo informó El Espectador: “La familia de las víctimas se encuentra consternada, según Zabala, las dos mujeres recibieron cerca de 18 disparos”.
Yolanda, de 22 años, se convirtió en la primera víctima en este 2021 de un genocidio que desde hace cuatro años no ha parado contra las y los firmantes de paz, y que para ese momento ya dejaba 250 personas asesinadas, personas que habían demostrado compromiso con lo pactado en 2016 entre la exguerrilla Farc y el Gobierno Nacional.
Hay que señalar que tras este hecho la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los autores materiales del asesinato de Yolanda Zabala Mazo y su hermana menor de edad. Asimismo, se infirió desde la Séptima División del Ejército, que podría este hecho tener alguna relación con el Frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura que delinque en jurisdicción del municipio de Briceño.
03 de enero de 2021
«Hacia las 22 horas de ayer sábado 2 de enero, un hombre que acababa de salir de un establecimiento público ubicado en el barrio Antioquia del municipio de Cartagena del Chairá fue abordado por un sujeto que lo atacó con arma de fuego», esas fueron las declaraciones conocidas el 03 de enero dadas por Franklin Cruz, comandante de Policía del departamento de Caquetá.
El hombre a quien hacía referencia el uniformado era Duván Arled Galíndez, firmante de paz, quien residía en la ciudad de Cali, pero se encontraba en el barrio Antioquia del municipio de Cartagena del Chairá, zona e la que fue interceptado por un hombre armado mientras salí de un establecimiento público, lugar en el que estaba en compañía de su compañera sentimental. Tras recibir los impactos de arma de fuego, Galíndez fue trasladado a un centro hospitalario del municipio, donde horas después perdió la vida.
07 de enero de 2021
Desde el partido Farc el 07 de enero se comunicó a través de Twitter que: “Hoy en #Cali asesinaron al compañero Cristian Ramírez (Diego María Yule Rivera), con él son 252 firmantes de paz asesinados sistemáticamente. Qué dolor esto, no queremos seguir enterrando compañeros ante la mira cómplice de un gobierno que quiere hacer trizas la paz”.
Cristian Ramírez, de 30 años, pertenecía al ETCR de Miranda, Cauca. Según investigaciones, el crimen se registró en el barrio Alto de los Chorros, en la comuna 18 de la ciudad de Cali. Hay que señalar que el firmante se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacado por un hombre que llevaba consigo un arma de fuego.
“Exigimos se realicen las investigaciones necesarias que permitan establecer los hechos presentados y dar con el paradero de los autores y determinadores de este crimen. Insistimos que la única salida a esta ola de violencia es la implementación efectiva e integral del Acuerdo de Paz, en especial las relacionadas con las garantías de seguridad, la reincorporación y el desmonte de estructuras sucesoras del paramilitarismo”, se expresó desde la dirección del partido Farc del Valle del Cauca.
11 de enero de 2021
Terminando el más reciente fin de semana, la cifra de firmantes asesinados/as desde la firma del Acuerdo ascendió a 254, esto tras conocerse que en la mañana del lunes 11 de enero, en el sector de La Curva, zona rural de Convención, Norte de Santander, fue asesinado Giovani Claro García, conocido también como Gerson Piñeros, quien cumplía su proceso de reincorporación en el ETCR Negro Eliécer Gaitán, en Caño Indio, Tibú.
Siguiendo información presentada por el Espectador hay que indicar que se comunicó que que Claro se encontraba con otros civiles en medio de un fuego cruzado y un proyectil le impactó. El firmante de paz falleció cuando era trasladado a un centro asistencial del municipio de Convención.
Con estos hechos vale la pena señalar que recientemente se presentó el informe de la Misión de Acompañamiento de la ONU correspondiente al último trimestre del 2020, en el cual varias de las solicitudes tienen que ver justamente con lo que ha quedado demostrado que con el cambio de año no cambió: los asesinatos selectivos y las pocas acciones que se han tomado al respecto.
Así, hay que resaltar que se insiste en que hasta diciembre de 2020 y desde la firma del Acuerdo de los/as firmantes asesinados/as, 25 de ellos (todos ellos hombres) perdieron la vida mientras esperaban respuesta a su solicitud de protección de la Unidad Nacional de Protección.
“Es preocupante que siga habiendo más de 1.000 solicitudes de protección pendientes de evaluación e implementación. Lograr el acceso equitativo de las excombatientes a esquemas de seguridad y protección sigue siendo un desafío pese a la circular interna distribuida por la Subdirección Especializada en abril, en la que solicitó a su personal que asegure el acceso equitativo de hombres y mujeres a los esquemas de protección”, se advirtió desde el informe.
Lo anterior preocupa, pues también se señaló que “El Gobierno señaló que en septiembre había asignado aproximadamente 13.500 millones de pesos (3,8 millones de dólares) a la Unidad en cumplimiento de la orden de la Jurisdicción Especial para la Paz de que se diseñara un plan para llenar más de 680 vacantes de escolta y más de 50 vacantes de analista de riesgos para la seguridad en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad, entidad a la que el Acuerdo Final encomendó la protección de los excombatientes y las excombatientes. Hasta el momento no se ha contratado a ningún escolta y solo a 27 analistas”.
Siendo así, la Misión resalta la importancia de ´potencializar las acciones de seguridad y mejorar los resultados en la protección de la vida y la integridad de los excombatientes que le cumplieron a la paz, asimismo se exige la consolidación de la presencia integral del Estado en todas las regiones, especialmente en aquellas más golpeadas por el conflicto.
Además, se hizo especial énfasis en que:
“Más de 9.500 excombatientes viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Los desafíos que siguen enfrentando, como la inseguridad, la falta de oportunidades productivas y un apoyo institucional desigual, fueron una de las principales reivindicaciones de los excombatientes y las excombatientes durante la Peregrinación, y continúan siendo una de las cuestiones clave que hay que priorizar en el proceso de reincorporación. (…) Los excombatientes que llevan a cabo su proceso de reincorporación colectiva en nuevas áreas de reincorporación requieren una mayor atención institucional. Si bien el 44 % de los proyectos productivos colectivos aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación se encuentran fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, estos proyectos abarcan solo al 11% de los excombatientes que viven fuera de estos espacios”.
Asesinatos a líderes y lideresas, otra realidad que no cambia
En los 12 días que van del año, al menos, 06 líderes y lideresas sociales han sido asesinados/as; reportándose 03 casos por semana, en las solo dos semanas que han trascuerdo del 2021. Los dos primero hechos ocurrieron el 01 de enero, uno en Puerto Gaitán, Meta, en el que la víctima Gerardo León, líder sindical de Fecode, y el otro en Yopal, Casanare, siendo la víctima Diego Betancourt, quien era un profesor en la escuela ‘El Triunfo’ de Yopal, Casanare.
Por otro lado, el 04 de enero se conoció que en la localidad de Bosa, en Bogotá, en un establecimiento público fue interceptado Ricardo Cortés Rozo, exalcalde de Sesquilé, Cundinamarca, y quien antes de su muerte trabajaba como empleado de la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca.
Por su parte, la Fundación Sumapaz denunció la incursión armada de paramilitares quienes secuestraron al líder social Edwin Antonio Indaburo y al campesino Jhon Jairo Estrada Herrera en la Isla Buenos Aires, municipio Cáceres, Antioquia. Hay que señalar que de este último se informó que el cuerpo fue hallado en el río cauca, mientras que el todavía no se tiene información del paradero de Edwin Antonio Indaburo.
Asimismo, durante el más reciente fin de semana la Red de organizaciones sociales y campesinas del Norte de Antioquia informó que hombres armados asesinaron al líder campesino Alfredo García, miembro de la Asociación de Campesinos de Ituango (ASCIT), quien había sido amenazado y señalado por grupos paramilitares.
Adicional, la Fundación Proaves que había denunciado la desaparición de Gonzalo Cardona Molina desde el 08 de enero, informó el asesinato de este líder ambiental, que a pesar de desconocer lo ocurrido se tiene la información que fue visto por última vez en la vereda La Unión, en el departamento del Valle del Cauca, en el camino que conduce de Barragán hacia Roncesvalles.
Proaves, organización donde Cardona desempeñaba el cargo de coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos y guardián del Loro Orejiamarillo y donde llevaba cerca de 23 años de trabajo, comunicó a través de su portal que:
“En sus últimos días, durante el pasado mes de diciembre, Gonzalo alcanzó a realizar el último censo nacional del Loro orejiamarillo y la Cotorra Coroniazul, su libreta arrojaba un número aún impresionante para él mismo: 2.895 loros en Roncesvalles. La alegría desbordó su corazón con el orgullo del deber cumplido. Hoy Colombia no solo perdió otra vida preciosa, Roncesvalles perdió a un líder ambiental y al mejor de sus hijos, su familia a un ser muy amado y nuestro Loro orejiamarillo a su padre y salvador. ProAves y todo su equipo expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos y toda la comunidad de Roncesvalles, Tolima, en donde su huella permanecerá para siempre”.