Por: Dennis Arley Huffington
Investigador Territorial
Oficina Pacífico - Pares
Desde hace seis meses las comunidades de Bajo Calima en Buenaventura son víctimas de la expansión criminal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también denominadas Clan del Golfo. Su accionar en esta parte del distrito ya ha dejado miles de personas desplazadas en ocho desplazamientos masivos ocurridos en lo corrido de 2022, dejando como resultado veredas enteras completamente vacías. Quienes han optado por resistir en su territorio deben enfrentar las restricciones impuestas por este grupo delincuencial que a sangre y fuego se disputa con el ELN el control de la zona y del vecino departamento del Chocó.
Tal es la capacidad bélica de las AGC y su presencia en el territorio nacional, que desde el pasado 5 de mayo paralizaron por completo cinco departamentos y afectaron la cotidianidad de otros tres. Esto deja en evidencia, una vez más, el fracaso de la política de seguridad del gobierno Duque y el alto riesgo que afrontan las comunidades rurales y periféricas del país con la realización del paro armado.
Padeciendo otro paro armado
Mientras el país no sale del asombro por la declaratoria de paro armado de las AGC, debemos recordar que es el segundo paro que se realiza en menos de tres meses, el primero lo ejecutó el ELN a finales de febrero. El que inició la semana pasada por parte de las AGC se presenta como retaliación a la polémica extradición hacia los Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, quien hasta hace unos meses fue su principal comandante y el narcotraficante más buscado de Colombia.
Mediante un comunicado, las AGC amenazaron a los habitantes de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Magdalena y Chocó, en donde tienen mayor presencia, y ordenaron acatar las restricciones que impedían la movilidad y todo tipo de actividades como el comercio, las jornadas educativas y deportivas. En los cinco departamentos el comercio se paralizó, en las vías fueron incinerados buses, camiones y vehículos particulares, además, en Riosucio y Ancandí (Chocó) fueron hostigadas con ráfagas y explosivos las estaciones de policía.
De acuerdo a los comunicados de este grupo armado, el paro culmina el diez de mayo a las 12 de la noche. Sin embargo, en Buenaventura parece no ser así, pues según han advertido a comunidades de la parte norte de la ciudad —zona que se ha convertido en el nuevo epicentro de la disputa armada entre las AGC y el ELN— las restricciones continuarán por cinco días más hasta el 15 de mayo.
Una de las pocas imágenes que circulan en La Colonia, Bajo Calima, un pequeño centro poblado de la zona. Foto compartida por población civil de la zona
La crisis humanitaria entre Buenaventura y Chocó se agudiza
Actualmente hay una arremetida de las AGC desde el sur del Chocó, principalmente en la cuenca baja del río San Juan, que conecta con el Bajo Calima. Según la ONU, los ataques iniciaron desde noviembre del año pasado, cuando por lo menos 940 personas se quedaron confinadas en medio de combates entre las AGC y el ELN.
En lo que va corrido del año, según denuncia pública del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), se han registrado ocho desplazamientos masivos en diferentes comunidades: 150 familias en Dipurdú, 53 familias en Negría, cuatro familias en Paimadó, 17 familias en Barranconcito, 51 familias en San Agustín, cinco familias en Las Brisas del Litoral y 17 familias en Tordó.
Además, 39 de las 72 comunidades del San Juan están en situación de confinamiento, 21 de ellas en el municipio de Litoral del San Juan: Cabecera, Cuéllar, Malaguita, Palestina, El Coco, El Quícharo, Taparal, Los Perea, Las Delicias, Munguidó, Pangalita, Barrios Unidos, Bella Victoria, Las Peñitas, Las Brisas, Tordó, Copomá, Puerto Murillo, Guachal, Corriente Palo y Cucurrupí. Otras 6 se encuentran confinadas en Medio San Juan: Dipurdú, La Unión, Bebedó, Calle Fuerte, Paimadó y Fugiadó.
En medio de todo esto, dos menores de edad han perdido la vida: una menor de diez años, Valeria Murillo Murillo, producto de una bala perdida en medio de una incursión de las AGC en la comunidad de Dipurdú del Guacimo (Medio San Juan). En esta misma incursión se llevaron al joven Juan de Jesús Lerma Murillo, que tres días después apareció muerto en una playa sobre el río.
Recientemente, en medio del paro armado, la Juntanza Inter - Étnica Popular Y Social, denunció que el día 8 de mayo “hacia las 8:30 a.m. la comunidad de Colonia fue convocada a una reunión por las AGC, en la que informan que el paro armado lo aumentan por 15 días más, y señalan y amenazan con picar a los pobladores de esta comunidad y que acabarán con todos los colaboradores del ELN, y dan 2 horas para comprar en las tiendas. Es de anotar que hay un desabastecimiento por el control en los territorios. La reunión se hace a cien metros de donde se encontraba la fuerza pública”. Por tal razón, las comunidades insisten en el llamado a las autoridades y al Gobierno Nacional para que tomen medidas que les garantice el derecho a vivir sabroso en su territorio
Recomendaciones adaptadas al contexto
Buenaventura limita al norte con el departamento del Chocó, en esta zona se entrecruzan los ríos Calima y San Juan y convergen en hermandad las comunidades del Litoral del San Juan (Chocó) y Bajo Calima (Buenaventura). Bajo Calima es la entrada fluvial, rivereña y terrestre hacia el casco urbano del distrito de Buenaventura, un lugar estratégico, que además de colindar con el puerto de Aguadulce, permite la salida desde los corregimientos carreteables hacia el océano pacífico sin tener que cruzar los controles urbanos, por lo que fácilmente puede ser usada para la movilidad de droga, armas, oro y dinero.
Por ello, es menester que se diseñen e implementen medidas de prevención, atención y respuestas adecuadas para salvaguardar la vida de todas las comunidades que se han visto obligadas a soportar la presencia de los grupos armados ilegales en sus territorios. Las medidas deben ser de carácter nacional debido a que las AGC son una estructura armada que sobrepasa la capacidad de los operadores de seguridad local, según el más reciente informe de PARES titulado “Plomo es lo que hay”, este grupo se consolidó como uno de los actores armados con mayor presencia en el territorio colombiano, ubicándose en los primeros meses de 2022 en 241 municipios del país (31 más que los registrados el año pasado) a través de cuatro estructuras, 22 subestructuras y 2 comisiones conformadas por aproximadamente 3.260 integrantes (1.461 armados y 1.799 en el componente criminal focalizado).
Además, se deben tomar las medidas necesarias para contener su expansión hacia otras zonas de Buenaventura, porque ya tienen presencia en Juanchaco, Ladrillero y la Barra - Bahía Málaga, donde el fin de semana no permitieron movilizar transporte normalmente por las restricciones del paro armado. El riesgo inminente es que, sin la intervención estatal, es cuestión de tiempo para que ingresen al casco urbano, ya sea subcontratando a alguna de las agrupaciones locales o directamente disputándole el control territorial a las que están posicionadas.
En cualquiera de los casos, el resultado sería reavivar la guerra entre el narcotráfico que se vive desde finales del 2020, seguramente con una violencia más degradada y degradante, militarmente más intensa y socialmente más angustiante.
Por esta razón, las organizaciones sociales y étnico territoriales, en cabeza de la Juntanza Inter - Étnica Popular y Social, son enfáticas en sus exigencias:
Exigen, en el marco del Acuerdo de Paz, que se dé cumplimiento al punto 3.4, con el efectivo desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo en Buenaventura.
Exigen que se retomen los diálogos con el ELN y habiliten los diálogos humanitarios que garanticen los retornos y la protección de la población civil.
Exigen la atención inmediata en salud, educación y protección en los albergues.