La violencia sistemática en frontera contra las mujeres

Por: Nataly Triana Guerrero y Laura Fajardo.

Asistentes de investigación de la Línea de Democracia y Gobernabilidad.


Según el informe “ ¡la calle es nuestra! ¡la calle es libre! del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander en el 2021 se registraron 830 víctimas de Violencias Basadas en Género (VGB) en ese departamento. Los datos revelan que, en su mayoría, son mujeres de nacionalidad colombiana y/o venezolana que habitan el área metropolitana de Cúcuta y la subregión del Catatumbo.


Parte importante de las violencias que identifica este estudio se concentran en Colombia con un 86%; no obstante, se ha podido reconocer que el 8% de los crímenes fueron cometidos en Venezuela y el 4% en las trochas, lo que se traduce en que las mujeres de la región y las mujeres migrantes pueden ser violentadas tanto en su país de origen, como durante su tránsito, como en su estadía en Colombia; situación que representa un continuum de violencia (Kelly, 1988). En Norte de Santander las víctimas se concentran, principalmente, en Cúcuta (68.4%), Tibú (6.3%) y Villa del Rosario (6%).


Las violencias más frecuentes que padecen las mujeres son la violencia psicológica (96%), la violencia sexual (88%) y la violencia física (79%). No obstante, solamente el 22% del total de las víctimas denunciaron ante las autoridades judiciales, considerando que la mayoría de las mujeres han sido revictimizadas por entidades estatales y/o personas cercanas.


Feminicidios en Catatumbo


Las investigaciones llevadas a cabo por el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander han señalado que desde 2018 se ha dado un proceso de reconfiguración de la guerra en Catatumbo, debido, en parte, por la expansión y el fortalecimiento de distintas Estructuras Armadas Ilegales; dicha reconfiguración ha desencadenado en que los cuerpos de las mujeres que allí habitan se conviertan en objetivos militares y territorios de guerra. Esto ha generado unas dinámicas de desplazamiento forzado y feminicidios de mujeres jóvenes, campesinas, migrantes y madres cabeza de hogar.


El Observatorio de Feminicidios en Colombia informó que, para el 2018, el mayor número de feminicidios del país se presentó en los departamentos fronterizos de Norte de Santander con 5 casos y La Guajira con otros 5 casos. En Norte, los delitos se concentraron en Cúcuta y Tibú.


Mientras tanto, en septiembre de 2021 la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz denunciaron que 10 mujeres fueron asesinadas y 46 abandonaron Tibú por amenazas. De acuerdo a los testimonios de estas mujeres, las amenazas y asesinatos se han dado por el rol social que cumplen algunas mujeres en su territorio, al igual que por ser parientes, parejas, esposas o exparejas de algún miembro de un grupo armado que allí tiene presencia. Cabe mencionar que estas cifras varían con respecto a las entregadas por la Defensoría del Pueblo quienes registraron 11 asesinatos de mujeres.


Mientras tanto, el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander junto a la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz al cierre del 2021 identificaron 14 feminicidios, 54 mujeres amenazadas y 36 mujeres desplazadas hacia Cúcuta.


Aunque el centro de interés en este Quinto Boletín son los feminicidios impersonales, es importante señalar que en está subregión también se presentan feminicidios interpersonales, es decir, aquellos en los que el móvil se encuentra determinado por motivaciones de orden personal. Esto último es relevante si se tiene en cuenta que, aunque no todos los casos de feminicidios están directamente relacionados con las Estructuras Armadas Ilegales o el Estado, sí es posible rastrear cómo las parejas sentimentales aprovechan el miedo impuesto por estas instituciones oficiales, para llevar a cabo actos de venganza y violencia contra las mujeres.


En 2021, la Fiscalía registró 883 mujeres víctimas de feminicidio. No obstante, a la fecha, se desconoce la cantidad de feminicidios en el país y en Norte de Santander y zona fronteriza. Además, cabe señalar que la Fiscalía no documenta la totalidad de las mujeres violentas como feminicidios, tal y como señala qué debería hacerse, según la Ley Rosa Elvira Cely[1]; por el contrario, los cataloga como ‘homicidio doloso o culposo’, en el marco de relaciones sentimentales.


Esta clasificación resulta problemática si se considera, además, que la mayoría de los feminicidios registrados recientemente se relacionan con actores desconocidos o agresores que no tienen una relación muy clara con actores armados y que es difícil atribuirle el carácter de ‘homicidio’ cuando podrían tratarse de feminicidios, como lo estipula la ley.


Ante este difícil panorama de seguridad para las mujeres colombianas y venezolanas en la zona fronteriza resulta vital que las entidades estatales conozcan, estudien y busquen resolver la cadena de violencias de las que estas mujeres son víctimas: la violencia física y psicológica, la dificultad y exposición durante los tránsitos, el desplazamiento forzado por violencia física o económica, etc.


Un punto nodal en la búsqueda de soluciones reside, sin duda, en el funcionamiento de los aparatos de justicia que deben propender por la adaptación de mecanismos aptos y acordes para la atención de estos casos; por otra parte, la articulación entre entidades que reconozcan la existencia de los delitos contra las mujeres y su debido tratamiento en las distintas instancias de reparación y justicia también son parte fundamental de las responsabilidades que desde la institucionalidad se deben implementar