Por: Katerin Erazo, Periodista
Según Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (PARES), la violencia política es un mecanismo de competencia electoral que aún sigue siendo utilizado por múltiples actores en las regiones con el fin de intimidar y violar los derechos políticos.
Durante este año, la violencia política aumentó especialmente contra personas que apoyaron y coordinaron la campaña del presidente Gustavo Petro y del Pacto Histórico, pues hubo un incremento paulatino de ataques contra estas personas conforme llegaron las fechas de las elecciones a Congreso, en marzo pasado.
Un caso reciente es el asesinato de Juan Gabriel Rueda, ocurrido el pasado 02 de octubre, quien era conocido como el líder de la campaña de Gustavo Petro en el municipio de Salgar en el suroeste antioqueño. Los hechos ocurrieron en zona rural del municipio, donde pistoleros llegaron a quitarle la vida a este líder social.
La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, advirtió que el activista político había denunciado amenazas.
Zuleta le dijo a Pares que la violencia política ha sido históricamente mucho más grave que la misma violencia del conflicto armado y que no se ha denunciado con la suficiente contundencia, “nosotros hemos sufrido la violencia política, cada vez que manifestamos nuestras posturas en defensa de líderes, en defensa a la naturaleza, nuestras posturas de oposición a la política minero energética”.
También relató que Juan Gabriel Rueda acompañó en la oposición en el suroeste antioqueño a la minería, en la defensa de las montañas y de los ecosistemas. La senadora dijo que la violencia política es también clasista. “Este país ha considerado que quienes hacen política son aquellos que tienen acceso a recursos económicos y que tienen una posición dominante en el país”, dijo.
Juan Gabriel Rueda además de las amenazas que recibió también fue discriminado por el hecho de ser un líder social, un líder político y al mismo tiempo un campesino. “Una persona que con sus botas empantanadas iba a la Registraduría a apoyar todo el proceso electoral (…) las personas humildes podemos hacer y debemos hacer política en este país y hacer parte de las decisiones”, expresó Zuleta.
Ante este crimen, el presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, ofrecer una alta recompensa a quien dé información que permita hallar a los involucrados en el asesinato del coordinador político del Pacto Histórico y asimismo informó que a la Fiscalía General de la Nación le corresponde realizar las respectivas investigaciones.
Lo que hizo que la Fiscalía se pronunciara al respecto y anunciara el proceso de investigación que permita identificar a los presuntos responsables del homicidio.
De acuerdo a la información recolectada por la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, luego de que se formara la coalición del Pacto Histórico se registraron 18 amenazas contra miembros de esta colectividad, la mayoría de ellas por medio de panfletos y amenazas, además, durante la campaña se registraron tres hechos contra las sedes, que incluyeron artefactos explosivos falsos o que no detonaron gracias a que fueron hallados antes.
Daniela Garzón de Pares mencionó que los miembros del Pacto Histórico fueron los que más recibieron agresiones, incluyendo a militantes de la Colombia Humana. Isabel Zuleta también le confirmó a Pares esto, mencionó que, durante el periodo de la campaña, expusieron las amenazas en el departamento de Antioquia y las presiones que recibieron, tanto colectivas como individuales, “situaciones muy duras de amenazas a todo el que le hiciera campaña a Gustavo Petro, a todo el que le hiciera campaña al Pacto Histórico. En el bajo cauca recibimos denuncias de cómo fuimos declarados objetivos militares”.
Zuleta también afirmó que han sido reiterativos los ataques en contra de los sindicalistas del país, debido a sus posturas políticas, por ser líderes o lideresas del Pacto Histórico y de la campaña Petro presidente.
Según un informe realizado por la Línea Democracia y Gobernabilidad, se registraron 222 víctimas de violencia electoral en 179 hechos asociados, contando el pasado 13 de marzo de 2021, hasta el 13 de mayo de 2022.
En Colombia la violencia electoral no solo está atada a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas.