Por: Julián Martínez Vallejo. Columnista Pares.
El gobierno nacional pretende quitarle el esquema de protección al ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, ordenándole al Estado colombiano garantizar el ejercicio de su profesión de abogado y defensor de derechos humanos.
El pasado 13 de enero, la Unidad Nacional de Protección (UNP) -organismo gubernamental encargado de implementar las medidas de seguridad- le notificó una resolución del 21 de noviembre del año pasado, firmada por el director de la entidad Alfonso Campo, en la que dispone retirar el esquema de seguridad asignado. Este hecho fue revelado por el jurista en su cuenta de Twitter.
Al parecer se trata de una venganza del gobierno de Iván Duque para cobrarle al magistrado los aciertos que tuvo en las investigaciones que desarrolló en la Corte Suprema de Justicia acerca de los nexos de legisladores colombianos con grupos al margen de la ley, cuando el presidente era Álvaro Uribe Vélez.
Velásquez Gómez es célebre por haber dirigido la investigación judicial de la parapolítica que comprobó los nexos de al menos el 30% de los miembros del Congreso elegido para los años 2006 y 2010. La mayoría de estos políticos eran gobiernistas y llegaron a esos cargos con el apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Incluso, el trabajo de Velásquez logró probar las actividades ilícitas del ex presidente del Congreso Mario de Jesús Uribe Escobar, primo de Álvaro y Santiago Uribe Vélez, que fue condenado en 2011 a nueve años de prisión.
Este expediente le costó una persecución por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, entre los años 2007 y 2010. Al ex magistrado no solo se le interceptaron ilegalmente sus comunicaciones, sino que fue víctima de seguimientos, espionaje, infiltración de su esquema de seguridad, elaboración de montajes judiciales con la participación de agentes estatales y de una campaña de desprestigio y de estigmatización que ha sido alimentada por el propio ex presidente Uribe. Estos operativos ilegales llegaron al punto de violar la intimidad de su círculo familiar.
Memorando secreto del DAS de la Subdirección de Fuentes Humanas con datos de las EPS de Iván Velásquez, su esposa e hija Catalina, producto del trabajo de inteligencia ilegal descubierto y comprobado por la justicia.
En una operación coordinada entre la Presidencia de la República, la Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF), la organización criminal Oficina de Envigado, en ese entonces al mando de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, y el DAS se trazó la estrategia de vincular al ex magistrado Velásquez con un presunto plan de fabricar pruebas y testigos para vincular al ex presidente Uribe con el paramilitarismo.
Por estos ilícitos fueron condenados la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, recordada por haberse fugado a Panamá en noviembre de 2010, y el secretario general de la Presidencia, y mano derecha de Uribe, Bernardo Moreno Villegas, entre otros directivos de la política secreta que revelaron el trabajo sucio que desde la Presidencia se orquestó contra la Corte Suprema.
Iván Velásquez fue magistrado auxiliar entre los años 2000 y 2012 hasta cuando renunció al alto tribunal con una carta dirigida al entonces presidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos, hoy prófugo de la justicia por el escándalo del Cartel de la Toga y señalado de dirigir una red de corrupción en la justicia, en la que le explicó que “ante la actitud mezquina y solapada de algunos compañeros que medraban en la oscuridad y que encontraron eco en algunos magistrados, se unió la desconfianza expresada ese día por mis superiores”.
El pasado 8 de octubre, el mismo gobierno que hoy pretende quitarle el esquema de seguridad a Velásquez, tuvo que pedirle perdón a él y a su familia por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que condenó a la Presidencia y al DAS por el escándalo e las ‘chuzadas’ al encontrar que se vulneraron los derechos a la intimidad del excoordinador de la investigaciones por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia y su familia, durante la persecución que se tejió contra el alto tribunal mientras Álvaro Uribe era jefe de Estado.
La orden del Tribunal se produjo en junio del año pasado cuando determinó que el DAS y la Presidencia adelantaron una actividad de inteligencia por fuera del marco legal y con fines de desprestigio. Las disculpas a Velásquez fueron ofrecidas por Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, y Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado.
A pesar de que es verdad judicial toda la persecución que ha padecido Velásquez Gómez y de comprobarse que no confabuló contra Uribe fabricando testigos, el ex presidente lo estigmatiza en redes sociales de forma sistemática, circunstancia que poner en riesgo su vida y por ende el gobierno nacional debe continuar garantizando su protección.
Trinos del ex presidente Uribe sobre Iván Velásquez.
Uribe ha señalado al ex magistrado de poner la justicia al servicio del terrorismo.
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