Por: Línea Conflicto, Paz y Posconflicto
Tras el fin de la guerra con las Farc-EP a finales del 2016, nuevas y viejas estructuras armadas han configurado su poder y disputan actualmente el control del territorio y, por supuesto, los réditos de las economías ilegales siguen dejando en medio del fuego cruzado a la población civil. Aunque idealmente el Estado colombiano debía construir bases institucionales de confianza y garantía de derechos para las poblaciones que habitan el departamento, según lo pactado en el Acuerdo de Paz y su deber constitucional, lo cierto es que nada de esto ha sucedido, al contrario, el Cauca ha sido epicentro de enfrentamientos, desplazamientos, homicidios y amenazas a líderes y lideresas sociales, masacres, confinamientos, entre otras violencias.
El Norte del Cauca bajo fuego
El Norte del Cauca ha experimentado una fuerte reconfiguración de grupos armados postfarc, o disidencias, debido a múltiples factores, uno de los más importantes, los incentivos para la reincidencia en actividades ilegales propiciados por el gobierno actual a través de la omisión de sus compromisos en materia de reincorporación (seguridad jurídica, protección de la vida de excombatientes y garantías socioeconómicas para el desarrollo de proyectos productivos) y su ineficacia en la disminución de las economías ilegales y el desmonte de las estructuras armadas ilegales; dos asuntos relacionados con la incapacidad de construir garantías reales de acceso a servicios y garantía de derechos para las comunidades.
De este modo, el “Nuevo Sexto” o “Frente Sexto” emergió como uno de los primeros grupos armados postfarc compuesto en su mayoría por excombatientes de la antigua estructura intentando mantener el legado guerrillero a través del discurso. Posteriormente, el Frente Sexto configuró las Columnas Móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, estructuras que emprendieron una disputa frontal con el Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN y también con Los Pelusos o EPL con el propósito de hacerse al control territorial producto del vacío de poder dejado por las Farc. Sumado a estas disputas, en la subregión han aparecido amenazas de Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia e incluso del Cartel de Sinaloa, asuntos denunciados de manera reiterativa por las comunidades y la Defensoría del Pueblo, pero no esclarecido por la institucionalidad.
Desde el año 2019, se sumaron acciones de La Segunda Marquetalia de Iván Márquez, Santrich y Romaña, lo cual pareció influir en la unificación de la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez bajo el paraguas del Comando Coordinador de Occidente-CCO, proyecto de unificación de expresiones de disidencia dispersas en el suroccidente del país al mando de Gentil Duarte. Para el año 2020, la situación de violencia en el Cauca se agudizó por cuenta de los múltiples enfrentamientos entre estos grupos armados, dejando como saldo alrededor de 246 violaciones a derechos humanos entre las que se cuentan 117 asesinatos selectivos.
Durante el 2021, las estructuras del Comando Coordinador de Occidente-CCO se fortalecieron y extendieron su presencia a 7 municipios del Norte del departamento y 4 del Oriente. Durante el mes de marzo las acciones de estos grupos se intensificaron en el marco de la conmemoración del aniversario número trece de la muerte de Tirofijo.
El 18 de marzo la Dagoberto Ramos hostigó el casco urbano de Toribío dejando como resultado un civil herido. Según habitantes del municipio, los controles armados de esta estructura se han hecho más frecuentes en zonas cercanas al corregimiento de El Palo. Dos días después, el 20 de marzo, fue lanzado un explosivo en un control de la Policía Nacional en la vía que conduce de Santander de Quilichao a Caloto. En este hecho resultaron heridos cuatro adultos y un menor de edad. Posteriormente, el 23 de marzo circuló un panfleto con amenazas por parte de las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos hacia la guardia indígena de Caldono, el representante de la asociación de cabildos de nororiente, el coordinador del programa de derechos humanos de COTAINDOC, y líderes indígenas de los municipios de Caldono, Morales, Corinto, Silvia y Jambaló, a quienes se le daba 42 horas para irse del territorio.
El 26 de marzo, día de la conmemoración, regresaron las acciones de la Columna Móvil Dagoberto Ramos. En la mañana iniciaron hostigamientos en Caloto, los cuales desencadenaron en combates con el Ejército Nacional y generaron desplazamientos de más de 500 personas. Durante esa tarde, la Columna Dagoberto Ramos secuestró a un funcionario del CTI en El Palo, quien fue encontrado muerto dos días después en el resguardo de Tóez. Esa misma tarde del 26 de marzo, detonaron un carrobomba en la alcaldía de Corinto, dejando alrededor de 43 personas heridas.
Todas estas acciones han dejado claro el fortalecimiento del Comando Coordinador de Occidente-CCO y su expansión territorial. Asimismo, pone en entredicho la capacidad de inteligencia y estrategia de las Fuerzas Armadas para contener su expansión, de hecho, según versiones en terreno, el accionar de las fuerzas se ha centrado más en la persecución de campesinos cocaleros y la represión de la movilización social derivada de los cientos de pactos incumplidos por parte del Estado y la crisis humanitaria que atraviesan nuevamente las poblaciones en su mayoría indígenas, afrodescendientes y campesinas.
La disputa se expande al sur del departamento
El sur del Cauca ha sufrido los impactos de la expansión del CCO. Desde el año 2018 el recién creado Frente Carlos Patiño “Patiños” incursionó en el sur del departamento enfrentándose con el ELN. Hacia el año 2020 “Los Patiños” recibieron el respaldo de la Columna Móvil Jaime Martínez para atacar al grupo guerrillero debilitado desde el año anterior por la muerte de Jorge Peñafiel, jefe financiero y militar del Frente José María Becerra, que derivó en contradicciones internas y grandes desmovilizaciones lo cual impactó en el debilitamiento del ELN como actor hegemónico, pero no de la misma manera en su capacidad bélica.
Las disputas entre estos actores armados han generado, especialmente en el municipio de Argelia, confinamientos por cuenta de los constantes paros armados, aumento en la tasa de homicidios (289 por cada 100.000 habitantes mientras que el promedio nacional es de alrededor de 24), restricciones a la movilidad, desplazamientos masivos de personas de la región y expulsión mediante amenazas e intimidaciones por parte de los dos grupos armados de alrededor de 1500 personas migrantes venezolanas.
Se suman a estos hechos las constantes amenazas por parte de los Patiños al alcalde de Argelia y a varios concejales del municipio, entre ellas a la representante del Corregimiento de El Plateado, Nancy Toro, quien tuvo que salir desplazada junto con su familia sin ninguna protección, no obstante, su esposo, líder social de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA) fue asesinado en la ciudad de Popayán tras estas amenazas.
El punto más álgido de la violencia se vivió el mes pasado en el corregimiento El Plateado, pues desde el viernes 26 de marzo el ELN emprendió acciones en contra de los Patiños, quienes aparentemente estaban dominando el municipio. Ese día y por más de treinta horas la comunidad quedó en medio de ráfagas de fusil y explosiones que llevaron a que esta se confinara hasta que se llegó a una especie de “tregua”, lo que permitió que miles de personas pudieran salir, pero que se vieran obligadas a desplazarse hacia otras veredas y hacia el Coliseo ubicado en la cabecera municipal.
Hasta el momento se confirman 3 personas muertas, no obstante, defensores de derechos humanos denuncian que el centro del pueblo está destruido por las balas y explosiones, además también alertan que hay muchos cuerpos tirados en las calles de integrantes tanto del ELN como del Frente Carlos Patiño que no dejaban recoger. La cifra de personas fallecidas puede llegar a 10 o más. Incluso un soldado resultó asesinado cuando el Ejército intentó ingresar al pueblo.
Masacres: otro repertorio de la violencia en el Cauca
Durante el año 2020 se presentaron, según cifras de OCHA, 88 masacres en el país, de las cuales 13 se concentraron el departamento del Cauca. En el 2021, según cifras de PARES, se han presentado 24 masacres, de las cuales 4 se han presentado en el departamento. La masacre más reciente se presentó el 08 de abril en el corregimiento de Mondomo, ubicado en el municipio de Santander de Quilichao, dejando un saldo de 4 víctimas: Mario Gómez, los hermanos Alirio Henríquez y Duver Enríquez oriundos del municipio de Patía (sur del Cauca), y Wilmar Pardo, arquitecto que se encontraba en la zona por motivos laborales. La información preliminar que se tiene es que las personas se encontraban en la zona realizando labores de construcción de una obra.
El fenómeno de las masacres, que además se ha venido concentrando en el Cauca, es un grave indicador de la degradación de la violencia por parte de los grupos armados ilegales y así mismo una evidencia de la aguda crisis humanitaria derivada de los enfrentamientos.
En ese sentido y en relación con todo lo dicho, hay que señalar que el escenario para el departamento es complejo; disputas territoriales violentas con consecuencias directas para la población civil, fortalecimiento del Comando Coordinador de Occidente disputando el control territorial con el ELN y con otros grupos armados postfarc y una institucionalidad que no responde de manera efectiva ante las necesidades acuciantes de las comunidades. De seguir así las cosas, el escenario preelectoral que se avecina sumirá al Cauca de manera más profunda en la violencia ante la mirada impávida del gobierno nacional ¿Por qué el gobierno no actúa ante esta grave situación?, ¿por qué los grupos armados postfarc crecen en los lugares más militarizados del país?, ¿Existe algún interés de revivir la guerra en Colombia?