Por: León Valencia, director – Pares
El domingo 10 de marzo el presidente Iván Duque, en una alocución en horario prime time anunció seis objeciones a la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz (JEP) y abrió un debate que regresa el país a la polarización entre quienes defienden el Acuerdo de Paz con las Farc, y quienes lo controvierten.
Los objeciones se refieren a la reparación de las víctimas; se señala que la principal obligación recae sobre la guerrilla con sus bienes y activos con el claro propósito de eludir obligaciones del Estado; a la verificación de los listados de excombatientes por parte del Alto Comisionado para la Paz, creando la posibilidad de exclusión unilateral de los miembros de las Farc del proceso de paz; a mantener facultades de justicia ordinaria en investigaciones de vinculados a la JEP y retirar beneficios de justicia transicional a personas acusadas de delitos de lesa humanidad, con la expresa intención de reducir el ámbito de la justicia especial; a no recaudar y verificar pruebas para definir la extradición de los comparecientes ante la JEP, una objeción con nombre propio: Santrich; y a limitar los tiempos para el ofrecimiento de verdad con la intención de impedir que los llamados “terceros” concurran a la JEP a lo largo de la existencia de este organismo.
Esa misma noche comenzó a circular una carta, dirigida a las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional, rechazando tajantemente las objeciones y firmada por los negociadores de paz del gobierno anterior y de las Farc, así como por cientos de dirigentes políticos, líderes sociales, miembros de las iglesia, intelectuales y periodistas, de todas las vertientes ideológicas del país. En ella se pide la protección de los acuerdos de paz por parte de la comunidad internacional.
El Presidente se vio en la obligación de enviar al canciller Carlos Holmes a Nueva York y a La Haya, para tratar de aclarar ante los organismos internacionales la desafortunada decisión de objetar artículos claves de la ley que reglamenta la JEP. Quienes dirigen estos organismos le reiteraron al gobierno colombiano la obligación de respetar la autonomía y la independencia de la justicia transicional y cumplir los acuerdos de paz.
El martes 12 de marzo el Consejo Nacional Electoral le reconoce el derecho de réplica a la oposición, y la Representante a la Cámara, Juanita Goebertus, hace una alocución en las mismas condiciones del presidente Duque señalando que las objeciones a la ley que reglamenta la JEP sí son un desacato a la Corte Constitucional, porque sobre todos esos aspectos ya se había pronunciado el alto tribunal; sí dañan el proceso de paz porque siembran la incertidumbre jurídica que afecta la credibilidad de los excombatientes en el cumplimiento del acuerdo, y mina la confianza de las comunidades y las regiones donde se desenvuelve el posconflicto; sí distrae al país de problemas fundamentales que tienen que ver con su calidad de vida.
El 13 de marzo la Corte Constitucional falla sobre la demanda presentada por Dejusticia y la Comisión Colombiana de Juristas sobre algunos artículos incluidos por el uribismo en el trámite de la ley de reglamentación de la JEP. La Corte aclara que la JEP sí está en la obligación de recaudar pruebas al momento de definir sobre una petición de extradición de los comparecientes a la Jurisdicción; niega la posibilidad de la formación de una sala especial en la JEP con nuevos magistrados y nuevas reglas para juzgar a los militares; y le reitera a la Corte Suprema de Justicia el carácter extraordinario de la justicia transicional y la obligación de poner, por encima de la extradición, el derecho a la verdad de las víctimas y la importancia de la permanencia de los excombatientes en el país para responder por los delitos ligados al conflicto armado.
Estos episodios vividos en apenas una semana: la alocución de Duque; la carta a la ONU y a la Corte Penal Internacional; la formación de un gran movimiento político y social para defender los acuerdos de paz; la réplica de la oposición a la alocución de Duque y la decisión de la Corte Constitucional de sacar artículos que habían sido incluidos por el uribismo en la ley que reglamenta la JEP, nos retrotraen a los debates que empezaron en 2012 y tuvieron sus momentos más álgidos en las elecciones del 2014 y en el plebiscito de 2016.
Pero muestran que hay un país y una comunidad internacional distintas y con esto no contaba el uribismo. La reacción crítica de todas las fuerzas políticas distintas al gobierno y la actitud de la comunidad internacional, son señales claras de que no le quedará nada fácil a Duque sacar adelante las objeciones en el Congreso y echar para atrás el Acuerdo de Paz.