Por: Luis Eduardo Celis
En los años 70, la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc), la organización campesina más formidable y extendida en el territorio nacional que hemos tenido en nuestra historia, iniciativa del presidente Carlos Lleras Restrepo, acuñó la consigna: "la tierra para quien la trabaja". Ahora agregamos: la tierra para quien la necesita.
El orden rural colombiano es profundamente antidemocrático, lo sabemos desde siempre y se ha tratado de transformar. Lo intentaron de manera consistente los expresidentes López Pumarejo en los años treinta y Lleras Restrepo en los años sesenta. Ambos fracasaron. Los opositores a esas transformaciones se opusieron a sangre y fuego y hubo una violencia dura entre el 46 y el 56. Repitieron la fórmula con un poco más de sofisticación y, de un apretón de manos entre el presidente Misael Pastrana y los poderosos de la tierra, se echó para atrás el proyecto reformista bien intencionado de Lleras Restrepo.
Y aunque la lucha por la tierra ha seguido, porque es una necesidad vital para millones de familias campesinas, a ese ánimo de cambio siempre se han opuesto de mil formas los que firme, y sin miramientos, defienden ese orden de exclusión. Lo han hecho con fuerte presencia en el Congreso de la República, teniendo presidentes que poco y nada hacen y aliándose o siendo permisivos con quienes hacen uso sistemático de la fuerza y la violencia.
No tuvimos reforma agraria en los años 50 o 60, como la tuvieron todos los países vecinos, pero sí tuvimos una contrarreforma entre 1985 y 2005, dos décadas donde se expulsó del mundo rural entre 6 y 8 millones de campesinas y campesinos, al tiempo que entre 3 y 6 millones de hectáreas pasaron a manos de los despojadores. Una completa aberración hecha a punta de barbarie.
El orden rural a transformar tiene las siguientes variables: menos del 3% de los propietarios son dueños de un tercio del territorio productivo y tenemos un millón de familias campesinas con poca tierra, otros dos millones sin tierra y tres millones que fueron despojados y que en su inmensa mayoría ya se han instalado en la pobreza de grandes y medianas ciudades. Ese es el orden de exclusión a transformar.
Los diagnósticos ya están hechos. Se cuenta con los informes de la “Misión Rural”, promovida por el expresidente Juan Manuel Santos, en el que participaron la hoy ministra de agricultura Cecilia López y el ministro de hacienda José Antonio Ocampo; se cuenta con el informe de desarrollo humano “Razones para la esperanza”, promovido por el PNUD y coordinado por el maestro Absalon Machado; contamos con los informes del Observatorio de Tierras, coordinado por el maestro Francisco Gutiérrez Sanín y contamos también con la extendida obra del maestro Darío Fajardo, uno de los decanos de un importante grupo de académicos e investigadores que nos han dicho con claridad que hay que transformar ese inequitativo y poco democrático mundo rural.
La tarea es enorme y hay que hacerla. Poco y nada se ha hecho por cumplir el punto de reforma rural integral pactada en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP en 2016. Han pasado seis años y nada, y si se hiciera el 100% de lo allí planteado, pertinente y necesario, nos quedaría mucha tarea aún para contar con un orden rural democrático.
El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han recibido el mandato de transformar el mundo rural. En 4 años no se podrá hacer esa enorme tarea, pero sí se puede marcar un rumbo de acción y ya se ven señales: el estatuto de derechos del campesinado que deberá ser aprobado en esta legislatura y un plan de desarrollo que le dé fuerza a la economía campesina y empiece a dar tierras a quienes la necesitan.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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