La suspensión de la ley de garantías no favorece a Duque

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda  


El presidente Iván Duque ha expresado su apoyo a la propuesta que busca suspender la Ley de Garantías, al menos en su prohibición de celebrar contratos cuatro meses antes de las elecciones. Esto ha suscitado perplejidad y asombro, por cuanto la ley de garantías existe como un poderoso instrumento de la democracia, precisamente, para impedir que los presidentes y/o gobernantes se atornillen en el poder más allá del periodo que les corresponde. Es una garantía a la oposición política cuyo fin es la licitud e igualdad de condiciones en la competencia de acceso al poder político y a la administración pública.


Para tal efecto, en época de elecciones, la ley de garantías limita las contrataciones del Estado, sobre todo los llamados convenios interadministrativos, impidiendo que las entidades de Gobierno financien autónomamente proyectos que implican la creación de empleos, lo que en una cultura politizada –mal vista apenas ahora en el siglo XXI– significa el amarre de los empleados a unas campañas políticas o a unos nombres o partidos políticos específicos.


Con todo, el presidente Duque ha dado a entender que atornillarse en el poder no es su caso, por cuanto en Colombia está prohibida la reelección presidencial; y lo dice sin sonrojarse, partiendo de que las personas de la ciudanía somos ingenuas y que desconocemos que, aparte de las dictaduras encarnadas en un solo individuo (como lo fue la dictadura del general Somoza en Nicaragua o la de Pinochet en Chile), también existen y han existido las encarnadas en partidos, como lo fue la dictadura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México o, en Colombia, la del Frente Nacional.


Y esto es así porque el presidencialismo soporta la figura del gobernante sobre la base de sus mayorías en el Congreso. De modo que basta ser el líder político de la mayoría de los congresistas para mantenerse en el poder, si no directamente –pues eso hoy no es posible en Colombia–, al menos en cuerpo ajeno a través de otros representantes del partido de gobierno –el Centro Democrático tratándose de Duque–, o a través de su líder supremo: el expresidente Álvaro Uribe Vélez.


Esta decisión política de Duque ha llamado especialmente la atención porque, además de atentar contra la democracia, lo hace de la manera más burda, tomando el camino del lobo: en vez de tramitar la modificación directa a la Ley de Garantías, que es una ley estatutaria y, como tal, requiere para su aprobación la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, lo ha hecho aprovechando el marco legal del proyecto de Presupuesto General de la Nación, que siendo una ley ordinaria puede ser aprobada por una mayoría simple, como le corresponde constitucionalmente a las leyes de tipo fiscal.


Lo anterior, más que una jugadita escolar es una traición a la democracia, y no se esperaría semejante conducta de unos gobernantes civilizados, máxime cuando hay sectores –yo me referiría exclusivamente al que conozco, al de la cultura y del arte– que, al estar integrados por personas no asalariadas ni beneficiarias de la empresa privada, hibernan con estoicismo durante esos cuatro meses de “no-contratación”. Los artistas y todos aquellos que se sostienen contratando directamente con el Estado han aprendido a sacrificarse en ese lapso inane con una suerte de talante cívico leal.


Al respecto de la necesidad de la ley de garantías, el escritor León Valencia –director de esta Fundación para la que gratamente escribo– explicaba que “generalmente en elecciones todo el mundo se desata a invertir enormes cantidades de dinero y a saquear el Estado para poder financiar las campañas. Se endeudan en las campañas y después pagan con los recursos del Estado todo lo que invirtieron en ellas. Y eso lo que hace es acelerar la corrupción en una campaña que va a ser durísima, muy competitiva y donde todo el mundo va a poner la carne en el asador. De manera que al Gobierno –en la decadencia que está el partido de gobierno– le interesa girar todo el dinero hacia donde su partido tiene posibilidades de generar un triunfo electoral”.


En efecto, y de ahí la trampa de este Gobierno, la ley de garantías tiene como naturaleza evitar el uso de recursos públicos en época de elecciones con fines proselitistas o para el beneficio de ciertos sectores políticos. De hecho, esta suspensión de la ley de garantías, incluida subrepticiamente en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2022, permitirá que el Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal pueda, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar convenios y/o contratos interadministrativos con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y con los planes seccionales de Desarrollo.


Por tales razones, resulta necio pensar que detrás de tal suspensión de la ley de garantías, precisamente en tiempos electorales, no haya interés por favorecer –así traten de esconderlo bajo mil excusas pandémicas– a su clase política en procura de asegurarse el poder para el próximo cuatrenio. Igual queda claro –y en eso el presidente Iván Duque tiene razón– que con la suspensión de la ley de garantías no pretenden favorecer a ningún alcalde, ni a ningún gobernador, ni a representantes, ni a senadores, y ni siquiera al presidente Duque. Tampoco al partido Centro Democrático, y mucho menos a los departamentos y los municipios; sino, única y exclusivamente, al expresidente Uribe y al uribismo, que todavía tiene fuerte regencia sobre los alcaldes y gobernadores de los partidos políticos y corrientes políticas de derecha.


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